“El primer día todos íbamos de corbata y saco en la selva, nos costó mucho desprendernos de estos objetos. Estando secuestrado en la selva me sentía en un inframundo, dormíamos tirados en un pantano, si el Ejército nos perseguía, dormíamos sentados. Éramos un trofeo de guerra”.

La herida abierta que significa el secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle volvió ayer a los titulares de prensa.

‘Presentación de informes orales y escritos de las víctimas de secuestro político’ fue la puerta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP que Sigifredo López ‘aprovechó’ para recordarle al país, pero sobretodo a los excombatientes de las Farc, que el dolor sigue allí, muchas veces alimentado por la rabia y la decepción.

Pero la intervención de Sigifredo marcó diferencia con los conmovedores, pero también airados relatos que en la mañana se le habían escuchado ya al exgobernador del Meta Alan Jara y al general Luis Mendieta.

“¿En qué momento van a leer los 30.000 folios del caso de los diputados del Valle o los 30.000 folios de lo de Alan Jara o Íngrid Betancourt”?, se preguntó.

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Es que para el único sobreviviente de los once asambleístas secuestrados por la guerrilla, y quien en su momento apoyó la negociación en La Habana, la cita de ayer tenía sentido si lograba manifestar sus “preocupaciones” frente a la “debilidad estructural” de la Jurisdicción Especial de Paz.

Según López, la JEP no cuenta con un cuerpo robusto de funcionarios que indaguen los casos relacionados con el conflicto armado colombiano y comparó esa capacidad con la de la Fiscalía, donde, dijo, hay 32 mil funcionarios, de los cuales la mitad son agentes investigadores, “y en ocasiones no son suficientes para tanto expediente”.

Y también aprovechó la ocasión para, en tono enérgico, rechazar la presencia de Martha Lucía Zamora en la Jurisdicción en calidad de directora Administrativa, puesto que, siendo ella funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, acusó a López de fraguar el plagio de sus compañeros de la Asamblea Departamental.

El descrédito por el que pasa la Justicia, en su opinión, no debe llegar a la JEP. “No puede tener a personas cuestionadas, como el caso de Zamora. Existe una figura que se llama separación del cargo, para cuando un servidor público está cuestionado y se quiere evitar que use su cargo como escudo. No sé qué está pasando, porque esta señora sigue aquí”.

Visiblemente conmovido, el exdiputado del Valle manifestó: “A los cinco años de tenernos secuestrados, asesinaron a mis compañeros indefensos, el Secretariado dio la orden. Me salvé porque un guerrillero me había faltado al respeto y yo le dije no sea ‘hijuetantas’ que yo no soy hermano suyo. Me llevaron a un cambuche donde me amarraron a una palma. Días después, escuche ráfagas de disparos, 20 minutos después, llegaron por mí, pálidos”.

Y añadió: “A los ocho días escuché a Fabiola Perdomo (esposa de uno de los políticos asesinados) diciendo que, en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido, asesinaron a todos los diputados, excepto a mí. Me lancé sobre ellos, ¡eso era mentira! Fueron cuatro meses en donde yo estaba perdiendo la cordura”.

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Pero en su afán por saber la verdad, la misma que reclaman las familias de los políticos vallecaucanos asesinados en junio de 2007, López le pidió a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, que se sepa quiénes, aparte de las Farc, apoyaron su secuestro y el de sus compañeros, ese 11 de abril de 2002, cuando fueron sacados con engaños de la sede de la Asamblea Departamental.

Pero el exdiputado no estaba solo, así que Lucas, su hijo también le habló a los magistrados: “Para nosotros, la verdad sería una gran satisfacción. Como mi padre lo dijo, un secuestro de esta magnitud no sucedió porque sí. Aquí hubo cómplices”.

Y en medio de las justas y reiteradas recriminaciones por los abusos de sus captores, López tuvo una coincidencia con Alan Jara y dijo que espera que “la JEP, algún día, le pregunté al expresidente Uribe por qué no cumplío con su obligación ética y moral de salvar vidas humanas. Si se pudo lo más, que era un acuerdo de paz, porque no se puedo lo menos, que era un acuerdo humanitario”.

“Muchos colombianos perdieron a sus seres queridos por no haber hecho eso (el acuerdo). Si en su momento hubo acuerdos entre EE. UU. y Rusia, entre Israel y Palestina, ¿por qué en Colombia no lo hicieron? ¿Acaso no valía más la vida? Hoy pienso en cuántas vidas se hubieran podido salvar”, había resaltado antes el exgobernador.

Este último, en clave de doloroso recuerdo, relató: “Parecíamos una fila de esclavos: 32 personas encadenadas, en pantaloneta y descalzos por la selva. Esa imagen aún me acompaña”.

Como tampoco se ha borrado de su memoria la sentencia del ‘Mono Jojoy’: “El deber de ustedes (a los guerrilleros) es cuidar a los prisioneros, si no lo pueden lograr, el deber es no dejarlos escapar. Mátenlos”.

Un sentimiento parecido ronda todavía los días y las noches del general Mendieta, quien pretendiendo que su voz no se entrecortara, les confesó a los magistrados: “Nos apuntaban con los fusiles y simulaban dispararnos. También nos mostraban granadas y aparentaban lanzarlas adonde estábamos, y lo único que siempre uno pide en cautiverio es la fortaleza”.

Hoy se espera la comparecencia en la Sala de Íngrid Betancourt.