La belleza geográfica de La Guajira contrasta con la crisis que vive el departamento. El acceso a necesidades básicas es tan insuficiente que los menores de edad terminan muriendo por enfermedades y desnutrición. Como solución, desde hace varios años se ha logrado un robusto paquete jurídico de sentencias, autos y resoluciones que deben ser implementados para que un día no existan casos que reportarse. El asunto difícil es justo ese, la implementación.
Entre tanto, avanzan otras iniciativas que tienen como objetivo atender otros frentes. Es el caso de uno de los proyectos de ley que fue aprobado, en segundo debate, por la Plenaria de la Cámara de Representantes.
En detalle, el proyecto de ley 058 de 2022, crea y autoriza la emisión de la estampilla pro-hospitales públicos de la Guajira. La propuesta busca, a través de estas estampillas, recaudar hasta $300.000 millones para la rehabilitación y fortalecimiento de los hospitales del departamento.
“Es nuestro deber buscar mecanismos que logren garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, como es el de la salud, y esto se debe hacer con acciones concretas, brindado servicio esenciales a los centenares de personas que mueren en la Guajira debido a servicios precarios y una infraestructura en decadencia”, expresó la representante de la U y ponente del proyecto, Saray Robayo.
De acuerdo con Robayo, en La Guajira la tasa de mortalidad en menores de edad duplica e incluso hasta triplica los promedios nacionales.
“Mientras que en La Guajira de cada 100.000 niños menores de 5 años mueren 16 por enfermedades respiratorias, en el resto del país la cifra es de menos de la mitad, es decir, 7 de cada 100.000 niños. Esto debido principalmente a la deficiencia en la infraestructura y los servicios hospitalarios”, argumentó la congresista.
Insistió en que con la estampilla pro-hospitales, buscan fortalecer y reforzar la infraestructura de los hospitales del departamento, que en su mayoría no cuentan con la estructura debida, “en parte porque se trata de construcciones que requieren ser reparadas por el alto deterioro ocasionado por el tiempo, o porque necesitan fortalecer la dotación para la prestación del servicio a las comunidades”.
Finalmente, a esta iniciativa le faltan dos debates, el siguiente en Comisión Tercera del Senado y otro, con el que terminaría, en la plenaria del Senado.
“No toleraremos la muerte de ningún niño”: Superintendencia Nacional de Salud inicia verificación en La Guajira
El 16 de mayo de 2023, en un comunicado oficial, el órgano de control anunció que en cabeza del Superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, “40 funcionarios que integran un equipo élite de auditores, tendrán la tarea de desarrollar las acciones de inspección, vigilancia y control, tendientes a verificar el cumplimiento de las responsabilidades de las Secretarías de Salud, EPS y red de prestadores con el fin de disminuir la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años y la mortalidad materna y perinatal, acorde con los lineamientos del Gobierno Nacional”.
Explicaron en detalle que están citados los representantes de las EPS Anaswayuu, Dusakawi, EPS Familiar de Colombia, Cajacopi y AIC. A ellos les presentarán las fallas en la implementación de las acciones que buscan disminuir las deficiencias en la caracterización y atención de su población afiliada.
“Nuestro equipo multidisciplinario está integrado por 40 profesionales que desarrollarán acciones de verificación frente a ejes temáticos relacionados con la gestión del riesgo en salud, prestación de servicios, atención al usuario y gestión financiera para tener un panorama integral de la situación que atraviesa el departamento y focalizar las acciones necesarias para garantizar una atención con oportunidad y calidad. No toleraremos la muerte de ningún niño más y ante la negligencia de los actores, garantizaremos la aplicación de todas las facultades posibles”, aseguró el Superintendente de Salud.
Además, se confirmó que en el marco de este ejercicio, se desarrollarán mesas de trabajo con las Secretarías de Salud y la red de prestadores presentes en el departamento, para abordar cada uno de los aspectos que hoy se clasifican de criticidad extrema, y requieren priorización para reducir las barreras de acceso y las fallas en la prestación de los servicios de salud.