La noticia de que a una mujer se le habría practicado la Interrupción Voluntaria de su Embarazo, IVE, a los siete meses de gestación y tras alegar problemas mentales, ha despertado un gran debate en Colombia, ya que la expareja de la mujer había emprendido una campaña para que ella no abortara.
De acuerdo con Juan Pablo Medina, el joven de 27 años que habría decidido por mutuo acuerdo tener un hijo con su exnovia de 23 años, el pasado viernes recibió un comunicado de Profamilia donde se le notificó que el procedimiento ya se había realizado, información que en este momento verifican sus abogados.
“En caso de que haya abortado habrá el denuncio penal, tanto para la madre de la gestante como contra la madre de la bebé”, afirmó Medina, quien indicó que Profamilia habría desacatado la orden de un juez.
"Estoy afectado psicológicamente (...) Salí por todos los medios de comunicación, mucha gente me estuvo apoyando (... ) Si una madre soltera puede sacar adelante a sus hijos ¿por qué un padre no va a poder?", lamentó el hombre, quien indicó que su intención es que su expareja vaya a la cárcel.
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Según relató Medina, la pareja llevaba 14 meses de noviazgo cuando decidió tener un hijo. El pasado mes de septiembre se dieron cuenta de que la mujer tenía 3 meses de gestación y para el 31 de diciembre habían perdido todo contacto.
Su exnovia, opinó el estudiante de Derecho, habría pedido la interrupción del embarazo por presión de sus padres. Dado que su caso no cumpliría las causales avaladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006 para que se practique un aborto -malformación fetal, violación o riesgo para la salud física o mental de la mujer, certificada por un médico-, el hombre interpuso una acción de tutela para que no se realizara el procedimiento.
Sectores reaccionan a la polémica
El personero de Popayán, Jaime López, municipio de dónde es oriunda la pareja, manifestó que si el caso no se encuentra dentro de ninguna de las causales admitidas por la Corte, se trataría de un procedimiento ilegal.
De otra parte, el secretario de Salud de ese municipio, Óscar Ospina, afirmó que un profesional de la salud certificó que la joven padece de depresión y resaltó que la Corte en su sentencia no habló de edades de embarazo, por lo que podría ser interrumpido en cualquier mes.
“Nosotros no podemos hacer valoraciones morales ni de otro tipo porque a nosotros nos corresponde la valoración del derecho como tal y, por lo tanto, la señora lo único que está haciendo es el uso legal de un derecho que ella tiene, de acuerdo con el fallo de la Corte”, mencionó.
La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, manifestó su repudio al hecho expresando a través de su cuenta de Twitter que "duele la muerte de Juan Sebastián, un bebé de siete meses de gestación, con el argumento de la Corte de que se puede abortar sin importar la edad del feto, eso no es otra cosa que un feticidio".
Por su parte la Secretaría de la Mujer de Bogotá emitió un comunicado a través del cual hace un llamado para que se garantice el derecho de las mujeres a acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, dado que persisten barreras institucionales y socioculturales que impiden el acceso efectivo de este derecho a las mujeres, así como a derechos relacionados con la salud plena, la dignidad humana y el libre derecho de la personalidad.
"Estas barreras exacerban condiciones de exclusión y discriminación; acentúan las desigualdades entre las mujeres, y ponen en riesgo su vida y su salud, al acudir a abortos clandestinos frente a las negativas y obstáculos para acceder a la Interrupción Voluntaria del embarazo", reza el documento, donde se destacan como barreras el desconocimiento sobre la normativa vigente, la estigmatización que deben enfrentar las mujeres y obstáculos propios a la hora de denunciar cosas de abuso sexual como no admitir la violación, entre otros.
Profamilia responde
Martha Elena Royo, directora ejecutiva de Profamilia, se pronunció en la mañana de este martes sobre el caso.
La funcionaria indicó que la entidad cumplió con una instrucción judicial y el deber legal de actuar conforme a la Sentencia C-355 de 2006 y recalcó que el aborto se realizó "siguiendo los lineamientos de de nuestra ruta de atención de aborto, profesionales de Profamilia atendieron a la señora, identificando y certificando que se encontraba bajo una de las tres causales despenalizadas".
Señaló que la decisión de la mujer fue "libre e informada" y afirmó que "ninguna mujer que ejerza sus derechos sexuales y reproductivos debe enfrentar barreras ni ser víctima de persecución, discriminación, señalamientos, estigmas sociales, y otros comportamientos que puedan vulnerar su intimidad, integridad y seguridad".
Finalmente, aseguró que tanto la causa de la IVE como la edad gestacional del feto en que se practicó son permitidas por la ley.
"La Corte Constitucional determinó que no hay límites en la edad gestacional para la realización del procedimiento, según lo contempla la sentencia SU-096 de 2018, por lo que las IPS tienen la obligación de atender en todas las etapas del embarazo", puntualizó.