El juicio contra la multinacional Johnson&Johnson por su presunta responsabilidad en agravar la actual crisis de opiáceos (medicamentos que contienen opio) que vive EE.UU. arrancó este martes en el estado de Oklahoma, donde las autoridades estatales y locales interpusieron una demanda contra el fabricante de productos de cuidado personal.

"Esta epidemia ha impactado gente real y sus familias. Creo que la justicia para Oklahoma significa que los acusados tendrán que limpiar el desastre que han dejado en el estado, cueste lo que cueste", señaló al inicio de la vista el fiscal general del estado, Mike Hunter, que forma parte de la acusación.

Asimismo, Hunter consideró que la actual crisis de opiáceos es "la peor crisis sanitaria en la historia" del estado y del país.

De este modo empezó el primer gran juicio contra una de las empresas de EE.UU. acusadas de haber jugado un papel en la crisis, después de que la firma farmacéutica Purdue Pharma acordara en marzo pasado el pago de 270 millones de dólares al estado de Oklahoma en una de las más de 1.600 demandas que enfrenta.

El estado también pactó este domingo con la farmacéutica Teva, otra de las inculpadas por un valor que asciende a los 85 millones de dólares.

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Las autoridades de Oklahoma argumentan que Johnson&Johnson, junto con Purdue Pharma y Teva, crearon campañas de mercadotecnia "engañosas" que no destacaron los riesgos adictivos de los analgésicos que comercializaban y que finalmente han causado estragos en la población de su estado.

Se espera que el resultado de este juicio en la ciudad de Norman (Oklahoma) marque el camino de los próximos litigios a nivel nacional.

Oklahoma presentó esta demanda en 2017 en una ola de acciones judiciales similares presentadas por los estados del país más afectados por la epidemia de opiáceos, como Texas y Misuri, entre otros.

Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés), las sobredosis relacionadas con opioides en EE.UU. se saldaron con más de 47.000 muertes en 2017, de las cuales un 36 % incluían drogas que habían sido suministradas con receta médica.

Hasta el momento, más de 2.000 demandas han sido presentadas en diferentes cortes del país alegando que las farmacéuticas ayudaron a fabricar una cultura de dependencia de los opiáceos.