La belleza geográfica de La Guajira contrasta con la crisis que vive el departamento. El acceso a necesidades básicas es tan insuficiente que los menores de edad terminan muriendo por enfermedades y desnutrición. Como solución, desde hace varios años se ha logrado un robusto paquete jurídico de sentencias, autos y resoluciones que deben ser implementados para que un día no existan casos que reportarse. El asunto difícil es justo ese, la implementación.
Por ahora, es claro que las culpas o responsabilidades son compartidas por entidades territoriales, por institutos y ministerios. Por ello, últimamente se vienen haciendo anuncios de visitas y planes en el departamento. Uno de los más recientes, el reconocimiento cultural por parte del Estado y en liderazgo del ICBF, como sujeto de derechos a la comunidad Wayúu. En esa línea va el anuncio de la Superintendencia de Salud este 16 de mayo.
“En cabeza del Superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, desde hoy y durante toda la semana, 40 funcionarios que integran un equipo élite de auditores, tendrán la tarea de desarrollar las acciones de inspección, vigilancia y control, tendientes a verificar el cumplimiento de las responsabilidades de las Secretarías de Salud, EPS y red de prestadores con el fin de disminuir la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años y la mortalidad materna y perinatal, acorde con los lineamientos del Gobierno Nacional”, señaló en un comunicado oficial el órgano de control.
Explicaron en detalle que están citados los representantes de las EPS Anaswayuu, Dusakawi, EPS Familiar de Colombia, Cajacopi y AIC. A ellos les presentarán las fallas en la implementación de las acciones que buscan disminuir las deficiencias en la caracterización y atención de su población afiliada.
“Nuestro equipo multidisciplinario está integrado por 40 profesionales que desarrollarán acciones de verificación frente a ejes temáticos relacionados con la gestión del riesgo en salud, prestación de servicios, atención al usuario y gestión financiera para tener un panorama integral de la situación que atraviesa el departamento y focalizar las acciones necesarias para garantizar una atención con oportunidad y calidad. No toleraremos la muerte de ningún niño más y ante la negligencia de los actores, garantizaremos la aplicación de todas las facultades posibles”, aseguró el Superintendente de Salud.
Además, se confirmó que en el marco de este ejercicio, se desarrollarán mesas de trabajo con las Secretarías de Salud y la red de prestadores presentes en el departamento, para abordar cada uno de los aspectos que hoy se clasifican de criticidad extrema, y requieren priorización para reducir las barreras de acceso y las fallas en la prestación de los servicios de salud.
Acciones en municipios con morbimortalidad
La entidad informó que, paralelamente, las delegaturas para Aseguramiento, Prestadores de Servicios de Salud y Entidades Territoriales, desplegarán 14 visitas inspectivas en los municipios de Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T302.
“Con el fin de identificar las presuntas fallas en la gestión integral del riesgo en salud, y generar acciones orientadas a disminuir la morbimortalidad asociada a desnutrición, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas por cada entidad territorial frente a la dirección, coordinación y seguimiento del sector salud en los componentes de aseguramiento, salud pública, prestación de servicios y financiamiento”, señalaron.
Además, buscan revisar la contratación de las rutas integrales de salud en el marco de la Resolución 2811 de 2022 y el plan de acción para la materialización del derecho a la salud del pueblo wayúu y demás grupos étnicos.
Se espera que como resultado de estas acciones, la Supersalud adopte las medidas de control correspondientes para restablecer los derechos en salud de los usuarios del departamento de La Guajira, en su mayoría población Wayuu.