Después de un extenso proceso de discusión y negociación, la controvertida reforma a la salud impulsada por el gobierno de Gustavo Petro fue finalmente aprobada. A pesar de los cambios realizados durante su trámite, muchos de los aspectos planteados originalmente por la exministra de Salud Carolina Corcho lograron ser aprobados.
A medida que varios puntos del proyecto fueron aprobados en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, las voces en contra comenzaron a hacerse oír.
En ese sentido, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral en Colombia (Acemi) expresó su inconformismo frente a la reforma y emitió un comunicado advirtiendo sobre las posibles consecuencias negativas que esta podría acarrear. Según Acemi, de aprobarse en su totalidad, la reforma provocaría un déficit económico en el sistema de salud y la pérdida de alrededor de 100.000 empleos.
Durante una entrevista en el programa Vicky en SEMANA, Paula Acosta, presidenta de Acemi, expuso sus preocupaciones respecto a los artículos de la reforma aprobados en el Congreso. En primer lugar, Acosta señaló que lo aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes supone un retroceso para el sistema de salud colombiano.
Según Acosta, el nuevo modelo propuesto en la reforma eliminaría la posibilidad de que los colombianos elijan su aseguradora, ya que el aseguramiento pasaría a ser responsabilidad del Estado. En lugar de elegir su EPS, las personas deberán afiliarse a Centros de Atención Primaria de salud que se implementarán en todo el país.
“Los colombianos hoy podemos elegir nuestro asegurador; con lo que se ha aprobado, ese aseguramiento pasa a ser por parte del Estado. Las personas ya no podrán elegir su EPS ni su asegurador y tendrán que afiliarse a unos Centros de Atención Primaria de salud que se desarrollarán a lo largo y ancho del país”, aseguró la presidenta de Acemi.
Otra preocupación planteada por Acemi se refiere a la falta de claridad en las funciones que las EPS desempeñan actualmente y que no están especificadas en el nuevo modelo. Esto podría, dijo, generar barreras de acceso para los usuarios y un aumento significativo en los costos.
Además, Acemi destacó la problemática de la transición entre las EPS y los Centros de Atención Primaria, ya que se daría un periodo de dos años en el cual las EPS serían eliminadas y los usuarios deberían cambiar de prestador de servicios.
“También vemos una preocupación muy grande en cómo se está planteando esa transición. Se da un periodo de dos años en el cual las EPS se eliminan y tienen que entregar sus usuarios, muchos de los cuales llevan muchos años -a veces décadas dentro de esas EPS- a los Centros de Atención Primaria, y vuelven a empezar el trámite de sus atenciones”, comentó Acosta.
La reforma también contempla la creación de “gestoras”, una nueva figura con funciones administrativas. Sin embargo, según Acosta, estas gestoras carecen de las competencias necesarias para brindar una atención integral como lo hacen las EPS actualmente.
“Las gestoras tienen un rol de articulación, pero realmente no tienen las herramientas para hacer esa gestión de cara a los usuarios. No definen a quién se contrata y a quién no, no definen cuáles son las tarifas, no hacen las auditorias de calidad en la prestación de los servicios y tampoco las auditorías que hacen hoy las EPS (...) Lo que vemos acá es un hueco dentro del diseño de este modelo, en donde no es claro para el usuario quién le va a atender de forma integral y quién le va a responder”, explicó Acosta.
Otro aspecto resaltado por la presidenta de Acemi es la eliminación de los planes complementarios de salud, aunque las prepagadas no se verían afectadas. Sin embargo, habría una separación entre ambos tipos de servicios, lo cual podría afectar la complementariedad en la atención médica.
“Acá estamos separando esos dos mundos y se está perdiendo la complementariedad”, sostuvo Acosta.
Acosta hizo hincapié en los riesgos que conllevaría la desaparición de las EPS, especialmente para aquellas personas con condiciones crónicas o en tratamiento, ya que se necesitaría una logística y una administración efectivas para garantizar la continuidad de los tratamientos y la correcta asignación de los recursos dentro del sistema de salud.
La posición de Acemi refleja las preocupaciones de un sector importante de la sociedad frente a la reforma a la salud propuesta por el Gobierno. A medida que el debate continúa, se espera que se lleven a cabo discusiones constructivas y se busquen soluciones que permitan mejorar el sistema de salud sin comprometer la calidad de la atención y el acceso a los servicios médicos.