Durante esta semana, la Superintendencia Nacional de Salud adelanta una visita de verificación a La Guajira con un equipo élite de 40 auditores. El objetivo es evaluar las acciones de las autoridades respecto a la prevención de la desnutrición en menores de cinco años, la mortalidad materna y perinatal y el cumplimiento de lo ordenado por la sentencia T-302 de la Corte Constitucional.
Hasta el momento, han emitido cinco órdenes de inmediato cumplimiento a las secretarías de salud de Maicao, Manaure, Uribia, Riohacha y a la departamental. Justo sobre esta última y sobre la Gobernación cayó el más reciente “jalón de orejas” del superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán.
“Lo que estamos viendo en La Guajira es un incumplimiento generalizado de la prestación de los servicios de salud. Se ven malas prácticas sobre el manejo del recurso financiero y falta presencia permanente de ustedes verificando lo que está sucediendo”, dijo refiriéndose a las entidades territoriales.
En detalle, el órgano de control expresó que la Gobernación de La Guajira y la Secretaría de Salud del departamento no han cumplido en su totalidad con las responsabilidades que tienen frente al sistema de salud de garantizar una atención oportuna e integral a los usuarios.
Esto de acuerdo con un informe presentado en el marco de la jornada especial de intervención liderada por la Superintendencia Nacional de Salud, que encontró una buena cantidad de no conformidades.
En ese sentido, se encontró que la Secretaría de Salud Departamental no realiza la verificación correspondiente para que las EPS y su red de prestación de servicios garanticen la recuperación nutricional de los menores de cinco años que tienen desnutrición, que incluye la entrega de fórmulas terapéuticas y el seguimiento a su evolución una vez son dados de alta del hospital.
Agregó que “el control que hacemos es basado en la información que ustedes nos remiten, que desafortunadamente evidencia esas malas prácticas que, sin duda, generarán las sanciones correspondientes, porque no podemos permitir la vulneración al derecho a la salud”.
Ahora, de acuerdo con la SuperSalud, una de las funciones tanto de la Gobernación como de la Secretaría de Salud es hacer seguimiento a los actores que intervienen en el aseguramiento y prestación de servicios para comprobar que se ajusten a los lineamientos para el manejo de la desnutrición aguda, pero no lo han hecho.
Otra obligación es la contratación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), que tiene que ver directamente con la promoción de la salud y la gestión del riesgo, labor que no efectúan de manera oportuna. Tampoco tienen un plan de asistencia técnica a los municipios del departamento, ni el talento humano necesario para ejecutar sus acciones de gestión en salud pública.
La desnutrición en cifras
Las cifras de desnutrición aguda en menores de cinco años en el departamento son alarmantes. Los últimos datos indican que existen 684 casos, de los cuales 280 (40,9 %) están hospitalizados.
De acuerdo con las mismas cifras, 25 niños menores de cinco años murieron por desnutrición aguda (21 casos confirmados y cuatro en estudio), 12 de ellos en Uribia, cinco en Maicao, cuatro en Manaure, tres en Riohacha y uno en Dibulla.
Las muertes afectan principalmente a la población indígena (42,6 %), y mirando por áreas, la rural dispersa tiene la mayor cantidad de casos (37,04 %).
Los mayores casos se registran en niños mayores de un año (490), seguido por los de niños menores de seis meses (83). En total, la desnutrición aguda moderada afecta a 419 pequeños y la severa, a 265.
La mayor cantidad de casos se da en Uribia, con 226; seguido por Riohacha (162), Manaure (133) y Maicao (122).
Por EPS responsable en el régimen subsidiado, el número de casos los encabeza Anas Wayuu, con 230, seguido por Dusakawi (132), Cajacopi (72), EPS Familiar (60) y AIC (51).