Una decisión de la Superintendencia Nacional de Salud contra la EPS Emssanar generó alerta en las autoridades locales del Valle del Cauca, pues señalaron que podría ponerse en riesgo el flujo de recursos en su red de hospitales y clínicas.
Es entendible que la medida genere atención, porque la EPS Emssanar tiene más de 1,8 millones de pacientes afiliados en departamentos como el Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo.
El asunto es que, según reveló SEMANA, se están sometiendo a una exhaustiva revisión los giros de ciertos dineros, porque el órgano de control ha hallado aspectos inquietantes. Por eso, sostienen que, con el fin de prevenir posibles irregularidades, deben adelantar un proceso más dispendioso.
La dura respuesta de la SuperSalud
Semana conoció en exclusiva una carta que la SuperSalud les envió a la secretaria de Salud de la Gobernación del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, y a la secretaria de Salud de Cali, Lucy del Carmen Miranda.
Allí, les explica a las funcionarias punto por punto cuáles fueron las razones por las que decidieron tomar la medida cautelar contra Emssanar y, además, descartan que esto vaya a impactar negativamente en el flujo de recursos de las redes prestadoras del departamento.
“Emssanar presenta deficiencias en la calidad de la información reportada, incumpliendo lo definido en la Circular Única y sus modificatorias, así como la obligación que tiene de proveer información de forma confiable y clara, dificultando las funciones de inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia”, anotó la entidad en la misiva.
Este es el documento que Semana conoció en exclusiva y que El País comparte con su autorización:
Recordó que, en condiciones normales, las EPS del régimen subsidiado postulan los montos de los pagos que deben hacerles a los hospitales y clínicas por medio del mecanismo de giro directo, que se da cuando la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) les paga directamente a esos prestadores de servicios.
Luego, la EPS celebra un comité de pagos en el cual define los pagos que va a postular y sube esa información a la plataforma de la Adres para que esa entidad efectúe el giro directo.
Si bien las EPS del régimen subsidiado deben incluir los soportes para que la Adres les desembolse los recursos a los hospitales y clínicas, la SuperSalud encontró que Emssanar no estaba cumpliendo a cabalidad esta función.
De hecho, señalaron que esa EPS solo “soportó la gestión y seguimiento al 23 % de estos recursos. En consecuencia, se afecta el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la EPS, destinados para atender las obligaciones con la red de prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud”.
Por esas razones, consideraron que la decisión que tomaron no solo está justificada, sino que busca proteger los recursos públicos del sector salud.
Además, manifestaron que la medida cautelar no significa que Emssanar vaya a congelar el pago de sus obligaciones a los hospitales y clínicas del Valle del Cauca, ni de ninguno de los departamentos en los cuales desarrolla sus operaciones.
De hecho, indicaron que, en la práctica, el proceso de giro de recursos solo tardará tres días hábiles más, siempre y cuando las postulaciones estén debidamente soportadas.
“Por el contrario, como se indicó anteriormente, establece un punto de control a fin de garantizar que los valores presentados correspondan a servicios efectivamente prestados a los usuarios; esto, a efectos de verificar de conformidad a la metodología propuesta por la EPS que lo pagado sea efectivamente lo facturado y realmente prestado, y es en este punto donde realmente la responsable del flujo de los recursos es directamente la EPS”, sentenció la SuperSalud en su carta.
El superintendente nacional de Salud y la superintendente delegada llaman la atención
Una vez conocida esta misiva, Semana conversó con el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán, y con la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, María Isabel Ángel Echeverry.
Ambos, en tono certero, le aseguraron a ese medio que la medida por la que han generado la alerta es más bien una forma de proteger al paciente y a los recursos.
“Ese hecho no puede inducirnos a nosotros a utilizar pagos indebidos y nosotros hemos identificado, no cifras menores de diferencia, entre lo que debía pagarse y lo que se había ordenado a pagar. Permitir que eso ocurra es hacernos parte de una circunstancia, que yo debo vigilar”, afirma Beltrán.
Insistieron en que toman esta medida cautelar por concentraciones de pagos rutinarias a ciertos integrantes de la red y que, contrario a lo que afirman desde el Valle, la medida de la SuperSalud es una medida protectora.
En esa línea, la superintendente delegada explicó que en una EPS sin medida se toma cinco días para el giro y en una con medida tres días hábiles más, pero siempre se pueden optimizar tiempos.
“Todavía es muy prematuro. Tenemos dos meses con la medida, entonces la asesoría técnica que se les ha dado a veces no la aplican y se demoran. No mandan en el formato que es y hay que devolverles, y no necesariamente porque haya una inconsistencia, sino porque hay un error de procedimiento. Es un aprendizaje, pero hasta ahora no se le ha afectado el flujo a nadie”, aseveró con certeza Ángel.
En cifras y fechas más claras, Ángel sostuvo para Semana que, aunque por ahora no son muchos los valores con inconsistencias, en lo analizado entre marzo y mayo, sin ser una muestra gigantesca, hay pagos por 24.000 millones de pesos que llaman la atención.
“En abril se encontraron 88 inconsistencias, alrededor de un 15 % de la muestra. Puede que haya postulaciones por mil millones. No se puede decir que es mucho o que es poco… Y siempre se revisan los pagos, pero no se retienen y las inconsistencias se separan. Aquí no pagan justos por pecadores”, agregó, y le aclaró al medio sobre quienes manifiestan que se frena el paso de los recursos.
Coincidieron en que resulta contradictorio que sean las secretarías de salud, encargadas también de vigilar a las EPS, las que ahora cuestionen las medidas, pues en primera instancia debieron ser las que, en cumplimiento de sus funciones, detectaran las irregularidades que llevaron al órgano de control a tomar las medidas cautelares.
Finalmente, aseguraron para el medio que vendrán nuevos resultados de las diferentes jornadas de auditorías en la región y que no se descartan, pero sí se investigan, otros tipos de intereses que históricamente han corrompido el sistema de salud colombiano.