Cali, escribió su escritor ilustre, Andrés Caicedo, “es una ciudad que la parte amargamente un río como una navaja”. El río Cali tiene una extensión de 50 kilómetros y nace muy arriba, en el Alto del Buey del Parque Natural Los Farallones, a 4000 metros sobre el nivel del mar, y languidece muy abajo, más allá del barrio Floralia, a 1018 metros, cuando desemboca en el Cauca.
Desde la fundación de la ciudad, el 25 de julio 1536, el afluente ha garantizado el desarrollo y el suministro de agua. Lucierne Obonaga, funcionaria de Emcali, precisa que el río surte al 13% del total de clientes de las empresas públicas municipales, es decir 80.000 suscriptores y sus familias, lo que quiere decir que de sus aguas beben unas 500 mil personas, además de la red hospitalaria.
A su paso por la ciudad, la calidad de esas aguas “se mueve entre lo bueno y lo aceptable”, asegura Óscar Mauricio Rodríguez, jefe de recursos hídricos del Dagma, la autoridad ambiental en la zona urbana.
— El río Cali tiene una particularidad: si le quitaras el río Aguacatal, uno de sus afluentes, tendría unas condiciones similares a las del río Pance (es decir muy buenas). La principal problemática del río Cali a su entrada a la ciudad es el Aguacatal y la quebrada El Chocho. Con el drenaje ácido de las antiguas minas de carbón de Montebello, y las aguas residuales no tratadas del corregimiento, tanto El Chocho como el Aguacatal se contaminan, y esas aguas terminan en el río Cali. Por eso cuando entra a la ciudad el río pasa de una condición buena a aceptable. Cuando desemboca en el Cauca, recoge un canal, el Acopi, que tiene las aguas residuales de muchas industrias, y eso también disminuye la calidad del río, que pasa de aceptable a regular. Hemos hecho los procesos sancionatorios a las industrias que contaminan – añade Óscar Mauricio.
La cuenca del río, según datos de la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, representa el 35.2% del área rural de Cali y, gracias a sus diferentes altitudes, entre 4000 y 1000 metros sobre el nivel del mar, la conforman distintos ecosistemas: bosques secos en la parte baja (Jardín Botánico), húmedos tropicales, bosques de niebla como el de San Antonio y pluviales montanos en la zona alta de los Farallones.
El 40% de la cuenca del río está sobre un bosque natural, lo que la ubica entre los destinos predilectos en Colombia para los avistadores de aves. Se calcula que en la cuenca habitan un poco más de 300 especies de pájaros.
— Hay aves en peligro de extinción que habitan en la cuenca del río Cali. Otras son aves endémicas, es decir que solo están en Colombia. Si esas aves desaparecen del territorio, quiere decir que desaparecen del mundo – dice Carlos Mario Wagner- Wagner, Director de Colombia Birdfair y uno de los caleños que más conoce al río Cali.
Lo ha recorrido en busca de su ave preferida: la tangara multicolor. Su cara es de un tono amarillo eléctrico, su pecho azul oscuro, la nuca y las alas verdes y su garganta dorada. No solo es un ave endémica en Colombia, sino que es muy difícil de avistar porque hay pocos ejemplares. El kilómetro 18 de la vía al mar es el mejor lugar del mundo para hacerlo.
Lo mismo sucede con los colibríes: solo existen en América. Por eso no es extraño encontrarse fotógrafos asiáticos recorriendo la cuenca del río Cali con la sensación de haber presenciado la octava maravilla después de fotografiar estos pájaros que aletean sus alas más rápido que cualquier otra ave: 4000 aleteos por minuto.
— Es tan importante el río Cali, que hace un par de años allí se descubrió una nueva especie de ave (el tororoi bailador). Me parece una locura: una especie nueva para la ciencia descubierta a 40 minutos de la ciudad – continúa Carlos Mario Wagner.
El Día de la Diversidad se celebra el 22 de mayo, por decisión de Naciones Unidas. La fecha se eligió para coincidir con el aniversario de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992.
A Carlos Mario, los extranjeros que vienen a la Feria de Aves le comentan que es increíble que una ciudad de tres millones de habitantes tenga al lado un parque natural como Farallones, uno de los de mayor biodiversidad del planeta. Y sin embargo los caleños no lo valoran de la misma manera. Tampoco al río Cali.
— Siempre le hemos dado la espalda al río. Y los problemas ambientales que tiene la cuenca pasan por ese poco reconocimiento. El río ha sido el botadero de todas nuestras suciedades como sociedad. Y le hemos cedido de forma injusta la responsabilidad a la gente que vive en la zona rural de cuidar ese patrimonio. Es injusto que los caleños no retribuyamos económicamente a la gente que vive en la zona rural y está tratando de conservar la cuenca. Y siempre estamos juzgando: ¿por qué hacen ganadería, agricultura, minería? ¿Por qué contaminan los ríos? Si la gente que vive en la zona rural no tiene un apoyo para conservar la cuenca y la posibilidad de generar ingresos económicos a partir de esa conservación, va a buscar alternativas para subsistir. Se debería, en la factura de acueducto y alcantarillado, destinar un porcentaje a la conservación del río Cali. Hay un caso inaudito: la gente que tiene bosques en la cuenca y que está conservando esos bosques, le toca pagar el impuesto predial sobre esas áreas. Pagan impuestos por un área que no les está aportando nada económicamente. Luego, para poder sostener esa tierra, algunos deciden tumbar el bosque. Insisto: como sociedad estamos de espaldas al río Cali, pese a todo lo que nos aporta – dice Carlos Mario.
La misma sensación queda después de abordar a las autoridades ambientales: Cali es una ciudad de gobernantes indiferentes que le han dado la espalda al incremento de la minería de oro por parte de estructuras organizadas en los Farallones (no es minería de subsistencia) que contamina al río. Casi 11 años después de una sentencia que obliga a la Alcaldía a cerrar los socavones, no se ha cerrado uno solo.
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Un funcionario de Parques Nacionales que pide la reserva de su nombre asegura que la minería de oro en la zona alta de los Farallones “se ha duplicado”; no en el personal que la ejerce, pero sí en los métodos de extracción.
— Hay una estructura con equipos avanzados, una empresa criminal montada. El uso de mercurio está disparado.
El 23 de marzo de 2022 fue atendido un muchacho en el Hospital Universitario del Valle. Vive en la vereda Quebrada Honda, del corregimiento de Los Andes. El diagnóstico fue ‘intoxicación por mercurio’. Entre otros medicamentos, le recetaron tabletas de ácido dimercaptosuccínico. El funcionario de Parques Nacionales Naturales continúa.
— Está tenaz el tema de minería. Y pese a las denuncias, todo se queda en declaraciones a la prensa. Los que gobiernan anuncian planes de intervención, pero en el territorio no sucede nada. La Alcaldía de Cali no ha cumplido lo que dice en los medios, no ha cerrado un solo socavón. La Gobernación del Valle programa consejos de seguridad pero tampoco sucede nada más allá de eso. La Policía ha venido 12 veces desde octubre de 2021, nada. La Alcaldía no nos contesta, ni mandándole derecho de petición al Alcalde. Hay funcionarios de Parques amenazados, pancartas en la zona donde nos advierten que nos vayamos. También hay funcionarios de Parques investigados porque estarían recibiendo dinero de los mineros a cambio del silencio y de mirar para otro lado. El año pasado se hizo un cambio de personal por ese motivo. Lo mismo pasa con el Ejército. Las minas están cercanas a la base militar. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué nadie actúa?
El Secretario de Seguridad de Cali, el coronel (r) Carlos Javier Soler, cuestionado en las últimas semanas por contratar entre sus asesores a exmilitares destituidos, dice que existe un contrato firmado para el cierre de los socavones en los Farallones, “pero yo no soy el supervisor del contrato, ni el interventor. Yo simplemente soy el ordenador del gasto. Hay un plazo de ejecución y el contrato del cierre de socavones está dentro de ese plazo”.
Hace un par de semanas, en el comité de citación para el cumplimiento de la Sentencia de Tutela proferida el 12 de mayo de 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, con la cual se le ordenó a la Alcaldía el cierre de los socavones en los Farallones, la Procuraduría Ambiental aseguró que después de 11 años de dicha sentencia las minas continúan siendo explotadas, lo que pone en riesgo los ecosistemas. Ya son varios los estudios que comprueban que en los sedimentos de algunos puntos del río Cali, es decir en el fondo, hay e mercurio debido a la explotación minera. Por ahora ese mercurio no se ha detectado en el agua que consumen los caleños según los muestreos del Dagma, la CVC y Emcali, pero existe el riesgo de que ocurra. Además, en la zona rural las comunidades que no cuentan con plantas de tratamiento de agua están en un riesgo inminente, así como la flora y la fauna.
La Procuraduría Ambiental ha presentado incidentes de desacato por parte de la Alcaldía para que cierre los socavones sin más dilación, pero el magistrado no los declara por los mil y un argumentos que presenta la Administración para no cumplir con esa orden: que hay invierno y no se puede subir, que hay elecciones, que hay problemas de orden público, que está muy lejos y el sitio donde están las minas conocidas como Pate Queso, Teófilo, Juan Getial, es de difícil acceso. Ya son 11 años de excusas. Lo curioso es que los mineros sí pueden subir y las autoridades de Cali no.
— Hay un tema de orden público que nos impide tener acceso a la zona e implementar acciones de recuperación de lo que deja la minería. ¿Qué hemos hecho? Consejos de seguridad en donde participa el Ejército, la Policía, el Dagma, la CVC, entre otras entidades, donde se diseñó un plan de trabajo que, dependiendo de los alcances de cada institución, se adelanten acciones. La gobernadora propuso presencia institucional a través de guardianes ambientales en la zona media de los Farallones. También se adelantaron iniciativas productivo - ambientales. Se logró que 15 familias de mineros empezaran a hacer una reconvención de la minería ilegal a proyectos productivos. Y hay un compromiso de la gobernadora para bajar cerca de ocho toneladas de residuos sólidos que están acumulados por la generación de minería ilegal en la parte alta de Farallones. Pero no podemos ir solos, dependemos de que el Ejército y la Policía nos custodien para bajar esos residuos que están contaminados por mercurio y requieren un tratamiento especial – dice Nasly Vidales, la Secretaria de Ambiente de la Gobernación.
A la pregunta de qué ha hecho la CVC frente a la problemática de los Farallones, la entidad respondió que “de acuerdo con lo establecido en el artículo 306 del Código de Minas, es competencia de los Alcaldes el control a la minería sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta actividad minera (de los Farallones) se desarrolla en jurisdicción de Parques Nacionales”.
Algo similar responde el Dagma: “tenemos competencia en la zona urbana, de acuerdo a lo señalado en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. Como es de conocimiento público, en la zona alta de los Farallones de Cali, al interior del parque, en la zona conocida como Minas del Socorro, sector Alto del Buey, se encuentra activa la minería ilegal de oro, siendo Parques Nacionales Naturales, la autoridad ambiental competente en la zona”.
Más adelante el Dagma agregó: “Esta autoridad ambiental es consciente de la situación de minería ilegal y legal en la zona rural, sin embargo, solo podrá asumir el seguimiento y control ambiental de la minería legal en el momento que se le otorgue dicha competencia”.
Para expertos en temas ambientales, la lógica de las distintas autoridades es absurda: como la zona donde está activa la minería no hace parte de mi jurisdicción, luego no es mi problema, “no es de mi competencia”. Pero la contaminación afecta a la jurisdicción de todos abajo.
Un líder ambiental de los Farallones dijo estar cansado de denunciar lo que está ocurriendo y que las autoridades no hagan nada.
— No es que esta lucha para frenar la minería haya parado. Lo que estoy esperando es el cambio de gobierno, gane quien gane en las próximas elecciones. Porque es evidente que a los actuales mandatarios de Cali y el Valle la problemática de la minería de oro en Los Farallones no les importa.
Se trata de un recorrido por la quebrada El Chocho, en el que los turistas evidencian la contaminación que genera la filtración de las minas de carbón, que aunque en teoría están cerradas, algunas volvieron a funcionar. El agua de la quebrada luce en ciertos tramos como un café en leche espeso, con espuma, que en realidad son compuestos ácidos del suelo de la mina que terminan en la quebrada y que son conocidos como ‘capa rosa’. En las zonas bajas de El Chocho ya no hay peces.
Óscar Mauricio Rodríguez, el jefe de recursos hídricos del Dagma, asegura que ponerle fin a esa contaminación “es una prioridad”. Hasta el momento, dice, el Dagma invirtió $300 millones para, en conjunto con la facultad de ingeniería de la Universidad del Valle, diseñar un sistema de filtración que limite el drenaje de los ácidos de las minas hacia la quebrada. También se está buscando un lote para iniciar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para Montebello.
El río Felidia y el Pichindé también presentan problemas de contaminación por aguas residuales, el turismo descontrolado los fines de semana (el paseo de olla), que deja enormes cantidades de basura.
El biólogo Juan Sebastián Duque, quien vive en la zona y lidera un colectivo ambiental, explica que lo que intentan es mostrar el territorio, dar a conocer su importancia y su riqueza, “pues solo se protege y se valora lo que se conoce”. Tal vez así la sociedad algún día deje de darle la espalda al río Cali.