La Fiscalía capturó al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, por presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada con ocasión de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada Caucasia.

Dicho contrato fue suscrito cuando Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663.432.778.

De acuerdo con el ente acusador, la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa.

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Además, hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas.

Las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos.

La Fiscalía También identificó la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor.

Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz.
 
En el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva.

Finalmente, antes de pagarse los recursos del anticipo, se permitió que una suma superior a 5.000 millones de pesos fuera destinada por el contratista constructor para la adquisición de maquinaria, aun cuando la disposición en obra de equipo suficiente y necesario fue uno de los requisitos de la licitación.

De acuerdo al ente investigador, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.

Por estas razones fue que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El juicio se realizará a instancias de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe recordar que este contrato se firmó con el Consorcio Troncal de la Paz, del cual es accionista mayoritario el Grupo Solarte, cuyos representantes son el ingeniero Carlos Solarte y su hija Paola, que están investigados por otros contratos con Odebrecht . Mientras que Paola fue sentenciada a seis años de prisión, su padre aún está en juicio.

Por último, hay que mencionar que sobre este caso ya existen investigaciones en la Contraloría de Antioquia y la Procuraduría departamental, quienes pusieron la lupa porque el otrosí para la construcción del puente de Nechí se firmó cuatro días antes de que Gaviria saliera de la Gobernación.