¿Cómo van los procesos de 'Márquez', 'Santrich', 'El Paisa' y 'Aldinever' ante la JEP?

Luciano Marín (‘Iván Márquez’), Seuxis Paucias Hernández (‘Jesús Santrich’), Hernán Darío Velásquez (‘El Paisa’) y José Manuel Sierra (‘Aldinever’), los guerrilleros que se ven en el vídeo que se conoció en la madrugada de este jueves en el que anuncian su regreso a las armas, actualmente enfrentan procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal creado tras los Acuerdos de La Habana en la que participaron. En el caso de Santrich, además, hay un expediente ante la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Así están las cuentas pendientes ante la justicia de los cuatro guerrilleros que en su momento fueron llamados por la JEP para que entregaran su versión en el caso 001 que analiza todo lo relacionado con el secuestro, citaciones que fueron incumplidas.

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En mayo, la JEP abrió un incidente de incumplimiento en contra del exnegociador de paz por parte de la guerrilla de las Farc por lo que está ad portas de ser expulsado de esa jurisdicción. De los cuatro visibles que aparecen en el vídeo es él quien tiene la situación más compleja, porque una de las razones por las que se abrió ese incidente obedecía a una serie de trinos en su cuenta de Twitter en las que aseguraba que “había sido un error dejar las armas”. Frase en la que insistió durante la proclama divulgada en el vídeo.

En su momento, el magistrado de la JEP, Óscar Parra, indicó que esa declaración permite “inferir que rechaza su compromiso con el Acuerdo Final y con el proceso de reincorporación y transición de las armas a la vida ciudadana, desconociéndose si ese rechazo implica también el abandono del proceso de paz”.

Las imágenes del vídeo conocido serían más pruebas para que 'Márquez' sea expulsado del tribunal de paz, decisión que podría acelerarse tras los acontecimientos de las últimas horas.

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'Márquez' también incumplió varias de las citaciones para que diera su versión dentro del expediente de los secuestros y entregara los informes escritos sobre las acciones que estaba realizando en su compromiso con los Acuerdos, pero nunca hizo ni lo uno ni lo otro.

Del representante a la Cámara por el Atlántico no se conocía su paradero desde junio pasado cuando se dio a conocer su fuga del espacio territorial de Pondores, en la Guajira. Sus cuentas pendientes ante la justicia son tan complejas como extensas, debido a que son dos instancias las que lo requieren por la comisión de delitos.

Hernández Solarte tenía que comparecer ante esa instancia la JEP el pasado 29 de julio, pero no se presentó por lo que se libró una orden de captura en su contra que trascendió hasta la Interpol. En atención a esto, el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que conduzca a su arresto.

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En esa instancia también cursa un incidente de cumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad basada en los incumplimientos de su parte ante la justicia transicional.

La Corte Suprema, por su parte, avanza en el expediente que señala a Santrich de delitos relacionados con el narcotráfico por el supuesto envío de 10 toneladas de droga a los Estados Unidos.

Lo último en este proceso es la petición que desde la Sala de instrucción se elevó a las autoridades de Estados Unidos para conseguir el testimonio de Marlon Marín, sobrino de 'Iván Márquez', personaje clave en esto este entramado.

En la JEP hay cuatro expedientes en su contra por secuestro, desplazamiento forzado y homicidio en persona protegida, entre otros delitos cometidos cuando hizo parte de las filas guerrilleras.

En mayo pasado el tribunal de paz dejó en firme la decisión de levantar los beneficios que se le otorgaron, luego de comprobarse sus constantes incumplimientos por lo que la orden de captura en su contra fue ratificada. De esa decisión se les informó a las autoridades para que procedieran a su arresto.

Por su detención hay una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos, según informó en abril de este año el ministro de Defensa, Guillermo Botero, cuando tras la decisión de la JEP quedaron vigentes las 18 órdenes de capturas en su contra.

En julio pasado la JEP anunció la apertura de un incidente de incumplimiento a lo pactado en los acuerdos. En el fallo ordenó recabar varias pruebas para tener elementos que les permitan a los magistrados decidir sobre este tema.

Las pruebas que se ordenaron tienen como objetivo verificar si, como dijo su abogado, no se presentó a las diligencias por razones de seguridad. Las evidencias se siguen recopilando y no se conoce una decisión de fondo respecto de su situación.