El Juez 10° Penal del Circuito de Bogotá condenó al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez por los delitos de concierto para delinquir agravado; cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias en el entramado de corrupción en la rama judicial denominado como 'Cartel de la Toga'.

Según indicó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado, se logró demostrar que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a funcionarios judiciales y a un grupo de abogados, promovió y dirigió una organización criminal que recibió dádivas para favorecer aforados constitucionales en procesos judiciales.

"La Fiscalía estableció que, en la red de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactaba. En cada caso, la suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte Gómez y otras personas, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron", se lee en el documento. 

El juez ordenó la captura inmediata del exmagistrado.

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De acuerdo con el ente acusador, Ricaurte Gómez recibió $400 millones por "dilatar, archivar o prescribir" la investigación en contra del excongresista Álvaro Ashton, quien entregó $1.200 millones para tal fin. Asimismo, el exmagistrado recibió entre $250 y $290 millones de los $2.000 millones que pagó el exsenador Musa Besaile para frenar una orden de captura en su contra.

Estos dos procesos se encontraban en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández.

De otra parte, el exmagistrado Ricaurte también recibió $30 millones que habrían sido entregados por el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, para dilatar un proceso en su contra por corrupción.

Francisco Ricaurte había sido capturado en 2017 en el marco del caso del 'cartel de la toga', pero fue puesto en libertad por vencimiento de términos.

La semana pasada la Fiscalía y la Procuraduría pidieron su condena, tomando en cuenta las declaraciones del exfiscal Luis Gustavo Moreno y del exmagistrado auxiliar José Rodríguez Reyes.