Patricia Linares, presidenta de la JEP, anunció que desde este jueves se adelanta un proceso para evaluar la exclusión de 'Iván Márquez', 'Santrich', 'Romaña' y alias El Paisa de esta jurisdicción especial.

"El rearme es una causal de exclusión de los comparecientes, que se aplicará a quienes hayan incurrido en esa conducta", afirmó en medio de una rueda de prensa.

Linares, acompañada de la Vicepresidenta y los presidentes de las salas y secciones, calificó la noticia del rearme como un "hecho de la mayor gravedad" para el proceso de paz.

"La noticia de rearme de algunos exmiembros de las Farc cuyos incidentes de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se encuentran en trámite en la Jurisdicción Especial para la Paz, constituye sin duda un hecho de la mayor gravedad para el proceso".

Reconoció que "a la JEP (...) le corresponde adoptar decisiones (...) de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Quinto Transitorio del acto legislativo 01 de 2017 y 20 de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción que establecen la pérdida de todos los beneficios, incluida la permanencia en el sistema, si se produce el rearme".

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Resaltó la labor de las partes involucradas y aseguró que pese a las dificultades, los compromisos se han venido cumpliendo.

"Construir la paz después de medio siglo de conflicto armado interno es un camino difícil, lleno de incertidumbres y tropiezos. Sin embargo, las partes han cumplido sus compromisos".

Recordó que "la JEP, cumpliendo con su mandato constitucional y legal, hoy administra justicia a 11.986 personas entre exmiembros de las Farc, Fuerza Pública, otros agentes del Estado, y terceros que tuvieron participación directa o indirecta en el conflicto, y quienes vienen cumpliendo a cabalidad con los compromisos y condiciones que les impone el sistema".

Y agregó que "en momentos difíciles se nos impone seguir cumpliendo con nuestra función en el marco estricto de la Constitución. No podemos defraudar la confianza de las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional".

"La decisión equivocada de un grupo de personas que traicionaron sus compromisos con la paz y con Colombia no puede ser suficiente para truncar un anhelo en el que confluyen todas las voluntades", aseguró y finalizó diciendo que "la Jurisdicción cumplirá, como lo ha venido haciendo, con su responsabilidad y mandato constitucional".

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