La votación en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre la moción de censura contra la ministra Karen Abudinen, para definir su continuidad en el cargo pese a su renuncia al mismo este jueves, no contó con la cantidad de votos suficientes.

A pesar de que 56 parlamentarios dieron el 'sí' a la remoción del cargo de la Ministra de las TIC y otros 30 representantes votaron por el 'no', se necesitaba un mínimo de 87 votos para tomar una decisión.

El resultado de esta votación generó rechazo en la oposición pues solo 86 parlamentarios, de los 144 que se habían registrado en la sesión, dieron sus votos a través de la plataforma, como lo decidió la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias.

Al respecto el congresista Mauricio Toro calificó esta situación como "vergonzosa", pues dijo que "a pesar de tener 56 votos a favor de la moción, y solo 30 votos en contra, la moción no pudo aprobarse porque requiere mayoría especial (mitad más uno de los miembros de la Cámara). Muchos congresistas conectados al llamado de lista, pero no votaron".

En respuesta al resultado de la votación, varios representantes de la oposición aseguraron que acudirán a la Corte Suprema de Justicia a denunciar lo sucedido, ya que los parlamentarios presentes en la sesión que no votaron habrían incurrido en alguna falta.

Jorge Eliécer Salazar, del partido de la U, subrayó que los congresistas podían abstenerse de votar y el Centro Democrático afirmó en un comunicado que veía "superflua la votación de la moción de censura de un funcionario público que ya no hace parte del Gobierno".

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La ministra Karen Abudinen presentó su renuncia al cargo este jueves en la tarde, dimisión producto del escándalo por la pérdida de $70 mil millones girados como anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados, contratada para dotar de internet a 7000 escuelas rurales del país que, además de registrar incumplimientos en la ejecución del contrato, presentó garantías bancarias falsas.

Frente a este contrato ya fue declarada la caducidad del mismo y se inició un proceso de embargo de las cuentas, inmuebles y vehículos de Centros Poblados.