El Consejo Comunitario de la comunidad negra de la Cuenca del río Calima y Resguardo indígena del pueblo Wounaan, se encuentra en peligro. Los constantes enfrentamientos entre el ELN, Disidencias de las Farc y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC,  tienen a la población rural de Buenaventura huyendo de su hogar para salvaguardar su vida.

Según la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico ,Civp,  “desde el año 2021 vienen alertando a las autoridades públicas sobre el escalonamiento de la violencia contra la población civil, bienes civiles y autoridades étnicas, situación que dejó en el 2021 un total de 193 homicidios, múltiples desplazamientos masivos e individuales y 46 desapariciones forzadas”.

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Según los datos suministrados por el Civip, desde el 10 de enero del presente año, San Isidro, zona rural de Buenaventura, fue víctima de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quien quemaron las viviendas y amenazaron a la comunidad con disparos, todo esto con el fin de instalarse en el sector de la Colonia para generar control de las lanchas que pasan por el río. A este atroz hecho se suma lo vivenciado los días 15 y 17, cuando las AGC señalan y asesinan a dos jóvenes de la zona de ser aliados del ELN.

Como consecuencia, 722 familias en menos de dos meses han abandonado su territorio y se han dirigido al casco urbano de Buenaventura, Cali, Buga y Tuluá.

 "Esta es una cruda realidad que evidencia la poca actuación institucional para garantizar la vida y permanencia de las comunidades en sus territorios de manera digna", señaló el Civip.

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Debido a estos atroces sucesos, la Coordinación Regional del Pacífico y la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, Civip, solicitan al estado que cumpla con las siguientes solicitudes  para asegurar el bienestar de la comunidad:

1. Exigimos al gobierno local y nacional que de manera concertada fortalezca las medidas de seguridad y protección de todos los ciudadanos en sus territorios, en especial las medidas individuales y colectivas para los líderes y lideresas integrantes de las comunidades y organizaciones territoriales del Consejo Comunitario y autoridades indígenas de la cuenca del río Calima. De manera urgente se solicita la
presencia permanente.

2. Solicitamos al ministerio público: Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo a que ejerzan con prontitud su función de proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus posibles violaciones, en especial hacer seguimiento a la poca actuación de las instituciones responsables para dar asistencia humanitaria de emergencia a las víctimas y prevenir y el aumento en los
riesgos a la vida , desintegracion social y cultural de los pueblo etnicos.

3. Solicitamos a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de Derechos Humanos, a las embajadas y especialmente a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reforzar sus acciones de verificación y seguimiento a la situación de los derechos humanos en la cuenca de río Calima; para esto se solicita de manera urgente la coordinación de una visita humanitaria al territorio del Bajo Calima y la zona urbana de Buenaventura para evaluar la situación de derechos humanos.

4. Al SNARIV que adecue los procedimientos acordes a los enfoques etnicos y territoriales y a la realidad derivada de las nuevas dinámicas que el conflicto armado tiene en Buenaventura y el Pacífico colombaino, para faciliar la vida y dignidad de las victimas.