En Buenaventura casi nadie decide encerrarse en su casa, ni siquiera cuando llueve. Las esquinas son el punto de encuentro de los habitantes de la ‘ciudad – puerto’. Allí conversan, rapean, bailan, negocian, hacen planes, viven. Las calles de los barrios son canchas de fútbol para los niños, no importa que en algunas comunas estén despavimentadas. Es extraño encontrarse con una calle solitaria a plena luz del día. Si eso sucede, es señal inequívoca de que algo está ocurriendo; la advertencia de que la vida corre peligro.

En el barrio Buenos Aires I, en el sector conocido como El Caguán, apenas se escuchan los pasos sobre el barro y las piedras mientras se recorren sus callejones. De vez en cuando se oyen los radios de los policías que llegaron a “retomar el control”; o las gallinas que cacarean frente a puertas aseguradas con candados, como si buscaran a sus dueños.

La mayoría de las casas están deshabitadas, y en una vivienda ni siquiera tuvieron tiempo de cerrar. La puerta permanece abierta, y adentro siguen intactos muebles y electrodomésticos. Un policía vigila afuera.
Los vecinos que se quedaron – se cuentan con los dedos de las manos – conversan sobre “la plomazón” que hizo que el sector parezca ahora un barrio fantasma. Fue aquí donde, el 31 de diciembre de 2020, hombres armados con fusiles mataron a Dennis Mauricio Sánchez Ortiz, de 28 años, quien recibió impactos en el tórax y en la espalda.

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Esa noche comenzó en los barrios insulares de Buenaventura un pico de violencia que se mantiene hasta hoy. Según la versión oficial, todo se debe a la ruptura de la banda La Local, que se dividió en dos estructuras que disputan el control territorial y el tráfico de drogas: Los Shotas y Los Espartanos. La disputa empezó después de que miembros de la misma organización asesinaran a tres de sus ‘compañeros’ en el barrio Santa Cruz para robarse 200 kilos de cocaína.

En la ciudad también se dice que detrás de todo hay un proceso de “vaciamiento”. Según esa teoría, quienes financian el terror pretenden sacar a la gente de los barrios insulares donde se desarrollarán megaproyectos como el malecón Bahía de la Cruz.

Un pescador afro que lleva una gorra del América cuenta que desde que se recrudeció la violencia, los tiros son recurrentes en Buenos Aires I. Una de las balaceras comenzó a las 7 de la noche de inicios de febrero.

Ese día hombres armados llegaron al barrio por agua, atravesando en lancha un brazo que desemboca en el mar, “y el plomo ‘dentraba’ por las casas. Fue un solo tropel. Todos salimos a refugiarnos debajo de los colchones. Yo me tiré al suelo, y después me subí a un altillo que tengo atrás”.

Mientras narra la historia, el pescador señala los agujeros que dejaron los tiros en su vivienda de madera. Una de las balas le dañó una canaleta. Otra ingresó por una de las tablas laterales, atravesó la casa de lado a lado, y terminó en la rama de un árbol. Al frente, le recuerda uno de sus vecinos, una ventana sigue agujereada por otro tiro. Las casas de palafitos a la vuelta de la calle corrieron la misma suerte.

La versión oficial del nuevo pico de violencia es que hubo una ruptura interna en la banda La Local, dividida ahora en dos estructuras ilegales: Los Shotas y Los Espartanos.

— Son contadas las casas que no recibieron plomo. ¿Y quién nos responde? Nadie. Cada uno tiene que arreglar su puertica, porque nadie va a venir a ayudar – dice el vecino del pescador, y añade que en la casa que tiene la ventana agujerada por las balas una muchacha resultó herida en una pierna.

Por eso se molesta cuando le mencionan lo que dijo el Ministro del Interior, Daniel Palacios: que en Buenaventura “no existe un control territorial por parte de las bandas criminales” y que encima, “los tiros los hacen al aire”.

— Esta calle terminó llena de vainillas de balas. Desde eso nadie duerme. Todavía la gente tiene el trauma. Vea como está esto: solo. Esta calle mantenía llena de niños jugando fútbol. Ahora no. Ni el 1% de la gente está en el barrio. Los poquitos que quedamos recién salimos de las casas porque llegó la Policía, pero la mayoría se fue o se encerró. Los que nos quedamos es porque no tenemos ni plata para irnos, ni a dónde ir. Si tuviera dónde, también me iría – dice el vecino del pescador mientras se apresta a cerrar su puerta.

En Buenaventura, en las comunas en disputa, (7, 10, 11 y 12) la gente se encierra en su casa cuando el sol se oculta.

Son las 7 de la noche y las calles del barrio Pampalinda están custodiadas por la Policía y el antiguo escuadrón anti guerrilla. En el tercer piso de una casa deshabitada se ubica un agente como si se tratara de un francotirador. Según los policías, “el control de esta zona se está retomando”.

En una calle contigua, sin embargo, levantaron una carpa afuera de una casa de madera de paredes rojas y blancas. Bajo la carpa algunos esperan en asientos de plástico, y en la casa vecinos y familiares se acomodan sobre las ventanas y apretujados en la entrada. En la sala hay arreglos florales y una moto junto a un ataúd.

— Es el velorio de Déiner Castillo Hurtado. Lo mataron aquí, en su barrio, cuando esperaba a que llegara algún cliente. Mi hijo era motorratón. No sabemos por qué le dispararon. No era delincuente, era un muchacho sano. Trabajaba en su moto para mantener a su bebé y a su esposa. También rapeaba. La única opción que tiene un joven de 20 años en Buenaventura como lo era Déiner es trabajar en lo que puedan. No hay oportunidades. “Pido justicia”, dice su madre con los ojos humedecidos.
Déiner es la víctima más reciente de la violencia en Buenaventura.

Según la Policía, en los dos primeros meses de 2021 se calculaba que los homicidios serían 12, pero ya son casi 30. Como sucede siempre, en el asesinato de Déiner nadie vio nada, nadie denunció por miedo a retaliaciones. En el sector donde ocurrió el crimen hay una cámara de vigilancia, pero a la familia le dijeron que estaba dañada. De las 64 cámaras de seguridad que tiene Buenaventura, solo funcionan tres. La Policía dice que investigar en esas condiciones, con apenas informaciones y no denuncias formales, “se hace muy difícil”.

Déiner acababa de ganar un incentivo de la Dirección Técnica de Cultura de la Alcaldía; un premio de $500.000 por sus canciones, que no le pagaron. Apenas le entregaron un certificado.

Para Leonard Rentería, un joven líder social, estudiante de psicología, quien hace parte del movimiento Buenaventura Resiste y asesora los proyectos de prevención al reclutamiento forzado de la asociación cultural Rostros Urbanos, la historia de Déiner explica lo que está ocurriendo en gran parte de la ciudad.

— Él era un joven de bien que vivía en un contexto difícil. Fácilmente pudo haber sido reclutado por un grupo armado, o su realidad de ser padre joven lo pudo llevar a eso, y no lo hizo. Optó por el arte. Se fue a una convocatoria distrital porque en su afán de artista necesitaba apoyo, y ese apoyo que se gana termina convirtiéndose en un pedazo de papel que no es más que basura. Le entregan el certificado del premio, y tres meses después no se lo habían pagado.

El 68,6% de los muertos por homicidio en Buenaventura tienen 30 años o menos. Además, de las 64 cámaras de seguridad que tiene el Distrito, solo funcionan 3.

¿Cómo puede salir adelante un joven que quiere optar por la paz a través del arte si pasan este tipo de cosas? Debió llegar el dinero del premio para seguir nutriendo su sueño. Pero te aseguro que muchos jóvenes hoy tienen en cambio un grupo armado que les está ofreciendo los mismos $500.000 a la mano, y un arma. Los jóvenes tienen que decidir entre la remota posibilidad de que el Estado les brinde una opción, y lo que les ofrece una banda en un contexto frágil. Y a veces la presión lleva a los jóvenes a aceptar formar parte de esa banda delincuencial porque de lo contrario se pueden convertir en blanco de ataques.

La letra de la canción que se escucha a todo volumen en el velorio explica otras cosas. La compuso Déiner. Es un rap. Se llama ‘Homenaje a mi papá’. Para mí es un fuerte dolor, ver a mi papá metido en un cajón. Papá, ¿qué haces ahí adentro, si fue hace unas horas que tú te estabas sonriendo. Yo pensé que a tu lado iba a envejecer, no puedo creer que en el cementerio estés. Muerte, si tú eres una bala perdida te voy a esquivar, porque mi vida completa la quiero disfrutar.

Adriel Ruiz ya no ejerce el sacerdocio, pero todo el que lo saluda lo llama ‘padre’. En 2006 llegó a la parroquia San Pedro Apóstol del barrio Alberto Lleras Camargo en la Comuna 3 de Buenaventura, y ahora dirige la Casa Social, Cultural y Memoria. En el segundo piso está lo que el padre llama ‘el corazón de la casa’: la Capilla de la Memoria. En un salón se exhiben las fotos de 65 personas desaparecidas. También algunos de sus objetos traídos por los familiares como una manera de compartir el dolor: una olla, una lancha de juguete, una muñeca, la canoa de los hermanos Viveros.

— Este es un espacio para no olvidar la violencia como un camino a la no repetición. Por eso nos hemos opuesto al dragado del estero de San Antonio para la entrada de buques de mayor tamaño al puerto. Creemos que los restos de muchas de estas personas que están aquí en las fotos, se encuentran en el estero.

Y antes de hacer el dragado, hay que buscarlos. En Buenaventura la violencia ha dejado más de 1000 desaparecidos. Es un fenómeno bárbaro. El dolor no cesa hasta que no aparezca por lo menos un hueso, o se sepa la verdad. Y como la desaparición tiene un 99 % de impunidad, entre otras cosas porque a las víctimas les da miedo denunciar, ese dolor nunca para. Por eso nos oponemos al dragado, y por eso, creo, me amenazaron de muerte.

El padre Adriel cuenta con un esquema de seguridad, que consta de dos escoltas y un carro de protección. En la Casa Social también hay cámaras de vigilancia que registran cómo a partir de las 6:00 de la tarde las calles del barrio quedan desoladas. La gente tiene miedo, dice el padre. Una vecina le dijo que dormía “con un ojo abierto”. Las bandas enfrentadas utilizan armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Entre las que han sido incautadas por la Policía hay fusiles, pistolas 9 milímetros, lanzagranadas, sub ametralladoras UZI.

—¿Quién está poniendo esas armas en manos de muchachos que ni siquiera tienen para comer? Se dice que narcotraficantes. Lo cierto es que detrás de la violencia de Buenaventura hay estructuras armadas muy potentes. Además de la banda La Local (Shotas y Espartanos), está La Empresa, el ELN, las disidencias de las Farc. Han detenido a casi 100 hombres, y no han solucionado el problema. En cada barrio en disputa hay un jefe y le exigen a la gente pagar todo. Les cobran vacuna a los tenderos, al que descarga el camión con el pollo o el azúcar, también dominan el microtráfico de drogas. El control territorial es evidente – dice el padre.

El 82% de la población bonaverense se encuentra en estado de pobreza extrema. El desempleo ronda el 66%. Aún no hay servicio de agua potable las 24 horas.

El alcalde Víctor Vidal denunció que las bandas criminales controlan los precios de la comida. Acaparan los productos – huevos, carne, pollo, plátanos – y establecen el precio. “Tal vez en Buenaventura compremos la comida más cara de Colombia”, dijo.

Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo advirtió que debido a las extorsiones y las consecuencias de no pagarlas como robos o daños a los carros, los proveedores de alimentos traídos de otras ciudades suspendieron los viajes, lo que llevó al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad como el huevo.

La alerta también reveló los desplazamientos que provocan las balaceras en los barrios. El padre Adriel dice que son desplazamientos “circulares”: la gente se va a dormir a otro barrio, y regresa en el día a cuidar sus casas.

Cristian Montaño, miembro del movimiento Buenaventura Resiste y habitante de San Francisco de Asís, otro de los sectores donde se han registrado enfrentamientos, se quiebra al recordar la escena: madres cabeza de hogar paradas en una calle con sus hijos, las manos en la cabeza, sin saber para dónde ir.

— La gente de barrios como San Luis y San Francisco dicen no, yo ni en la avenida principal cojo carro porque de pronto los de la banda de al frente me atacan. Es el miedo que han implantado – agrega el líder social Leonard Rentería.

La violencia en Buenaventura se siente incluso donde no se le permite la entrada a ninguna banda: el espacio humanitario de Puente Nayero.

La calle la llamaban San Francisco. Es una recta de casas de madera a lado y lado y palmas en el camino. Fue famosa en los noticieros hace unos años. En San Francisco era donde se encontraban las ‘casas de pique’: lugares donde paramilitares y bandas de narcotraficantes desmembraban a sus víctimas.

La calle se encuentra en la comuna 4 del barrio La Playita, y los grupos armados ilegales disputaban su control por su ubicación: al final está la salida al mar. Basta abordar una lancha para llegar en minutos a zonas de manglares, ideales para ocultar droga.

Hasta el año 2014, cuando el obispo de entonces en Buenaventura, monseñor Héctor Epalza, y organizaciones defensoras de derechos humanos, declararon la calle como Espacio Humanitario de Puente Nayero: un territorio en el que no puede existir ningún grupo armado ilegal, y donde la Policía y la Armada hacen presencia 24 horas, pero no tienen injerencia en la comunidad.

El coordinador general, y también miembro fundador del espacio, es Orlando Castillo, un líder social y defensor de derechos humanos, al que han amenazado en 36 ocasiones, por lo que cuenta con esquema de seguridad.

Mientras caminamos por el espacio humanitario, Orlando dice que, como las 1800 personas que viven aquí, proviene de un territorio ancestral: el Consejo Comunitario de la cuenca del río Naya. Debido a la incursión paramilitar en 2001 perpetrada por el Bloque Calima, se desplazaron hasta esta zona de Buenaventura. La tranquilidad por fin la encontraron cuando la calle fue declarada espacio humanitario en un contexto urbano. Un espacio humanitario tiene dos principios fundamentales: preservar la vida, pero también el territorio.

Desde que comenzó el pico de violencia, explica Orlando, la reja que da acceso a la calle se cierra a las 6:00 de la tarde. Apenas se deja una rendija por donde entran quienes se demoran un poco debido a sus trabajos. La medida se tomó después de que miembros de bandas que disputan barrios aledaños intentaron refugiarse en la zona.

— La violencia que hoy afecta a Buenaventura nos condiciona la vida en el espacio humanitario. Hace una semana se nos llevaron una lancha. Y usted puede ver dónde está el puesto de la Armada: a pasos del muelle.

Pero también estamos en el medio de Piedras Cantan y Alfonso López, dos barrios en confrontación. Y si están en disputa, significa que debemos permanecer aquí, confinados – dice Orlando, y recuerda que la violencia en Buenaventura no es nueva, y se debe a tres circunstancias.

Primero, el incumplimiento del Gobierno de los acuerdos logrados en el Paro Cívico de la ciudad en 2017. Poco del presupuesto que se anunció para inversión social se ha entregado. Buenaventura, pese a la pandemia del coronavirus, sigue sin agua potable las 24 horas. Hay barrios donde tienen 6 horas de agua día por medio.

Además, advierte Orlando, el Gobierno ha incumplido los Acuerdos de La Habana y el proceso de paz con las Farc, guerrilla que se está rearmando en el Pacífico. Y por último el narcotráfico que financia las bandas criminales ha “carcomido a la institucionalidad”.

En Buenaventura circulan videos de policías reunidos con los capos de las bandas. El teniente coronel Aldemar Acosta, comandante de la Policía, aseguró en un encuentro en el hotel Torre Mar en el que estaban funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía y la Personería, que en la intervención que se está haciendo para contener la violencia se harán polígrafos para garantizar la transparencia de sus hombres.
Orlando concluye que si no se empiezan a ejecutar por fin planes efectivos que erradiquen la pobreza de Buenaventura, lo periodistas volveremos en unos meses a preguntar lo mismo: ¿por qué tanta violencia?

— Los colombianos no nos pueden seguir mirando solo por el puerto. Aquí hay un puerto pero también una comunidad que merece vivir en mejores condiciones.

Comunas más afectadas
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Comuna 7: barrios San Francisco, Juan XXIII, Eucarístico, Rockefeller y Kennedy.

Comuna 10: barrios Las Américas, Independencia, Simón Bolívar, Urbanización Bahía, Carlos H. Trujillo, Fortaleza y El Progreso.

Comuna 11: barrios El Carmen, Cascajal, Gran Colombia, Los Pinos, Cristóbal Colón, Nueva Granada, Panamericano y Antonio Nariño.

Comuna 12: barrios Unión de Vivienda, Doce de Octubre, Cabal Pombo, Nueva Granada, Francisco J. Caldas, Nuevo Amanecer, La Libertad, Las Palmas, El Progreso, El Cambio, El Ruiz, El Triunfo, Matía Mulumba, Nueva Frontera, La Dignidad, Alfonso López, Vista Hermosa y vereda Citronela.

Habitantes de estas zonas se han desplazado al interior de Buenaventura y a Cali, Tuluá, Armenia y otras ciudades.