La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 10 años al exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, por irregularidades en la ejecución de los dineros para la educación del territorio.

El Ente de control sostuvo que el exmandatario provocó un detrimento patrimonial superior a los $2.000 millones producto del desvío de recursos destinados a la educación de niñas, niños y adolescentes.

“La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular sostuvo que el disciplinado destinó cerca de $3.500 millones del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 estudiantes de los que 2.321 resultaron ser alumnos inexistentes”, indicó la Procuraduría.

La Procuraduría General de la Nación fue la entidad que tomó la decisión. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Dichas irregularidades, según el ente de control, significó un detrimento patrimonial en el municipio en los años 2014 y 2015.

“De igual manera, el Ministerio Público ratificó que Valencia Ramos incluyó en el banco de oferentes a un centro docente que no cumplía con los requisitos de reconocida trayectoria, idoneidad e infraestructura, a pesar de lo que posteriormente celebró con el mismo cuatro contratos más”, añadió la Procuraduría.

Bartolo Valencia fue acusado de tener irregularidades en el manejo de los recursos para la educación del municipio de Buenaventura.

Según la Procuraduría, el exmandatario omitió la responsabilidad en la contratación de estos procesos, teniendo en cuenta que era el ordenador del gasto, por lo que calificó la falta como gravísima a título de culpa gravísima.

La decisión fue tomada en segunda instancia y, a causa de lo anteriormente mencionado, el exfuncionario fue inhabilitado y destituido.

Por otra parte, se debe recordar que no es la primera vez que el exmandatario tiene problemas con la ley, debido a que ya había sido capturado en el año 2015 por otras presuntas irregularidades como máxima autoridad del municipio, pero fue dejado en libertad en el año 2016.

10 años de inhabilitación fue la sanción de la Procuraduría. | Foto: Colprensa/Archivo Semana