Casi 30.000 familias en el Valle del Cauca están en alto riesgo por ola invernal

La posible declaratoria de calamidad pública en 29 de los 42 municipios del Valle del Cauca indica que el nivel de riesgo invernal sube tanto como los caudales de los ríos del Valle.

El País visitó algunas zonas vulnerables de Bugalagrande y Pradera y también consultó con la Alcaldía de El Águila, municipios donde la amenaza mantiene en alerta tanto a los habitantes de las riberas como a los funcionarios.

La esperanza de una reubicación para unas 75 familias que habitan en los márgenes del río Bugalagrande, que atraviesa ese municipio, se esfumó. En Pradera, hay en riesgo 150 familias, que se puede ampliar a 200 ó 300, ante un eventual desbordamiento del río Bolo.

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Y en El Águila 110 familias de la zona rural que habitan en las orillas del río Cañaveral se sienten en riesgo ante los antecedentes históricos que este río ha presentado. En 2011 dejó una víctima.

Los alcaldes y oficinas de Gestión del Riesgo de esos municipios afirmaron que tienen activados los sistemas de alarmas tempranas en la parte alta de las cuencas, han instalado alarmas sonoras y sensores; personal de las comunidades les reporta el estado de cada río y les han dado capacitación en evacuación.

Un estudio de la CVC estableció los puntos vulnerables de los ríos y las obras de mitigación, reforzamiento y prevención necesarias y el número de familias por relocalizar. Los municipios dicen no tener recursos y gestionan sus proyectos con el Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Pradera, por ejemplo, reactivó un antiguo proyecto del jarillón desde Berlín hasta el puente principal, para enviarlo a Bogotá.

Unas 52 familias del sector Las Vegas, junto al río Bolo, en el casco urbano de Pradera, no duermen tranquilas. Les preocupa el rumor del río crecido y los pedazos que la fuerza del agua le va carcomiendo a sus lotes. Hace tres años, el agua entró a la casa de Liliana Larrahondo por la cocina, cruzó por la sala y salió a la calle del frente.

Rubén Angulo, presidente de las JAC del sector, dice que el río ha ido derrumbando la orilla. Recuerda que en mayo pasado, esas familias quedaron encerradas: por un lado el río crecido y por el otro la calle con el agua del cauce desbordado.

El líder dice que han realizado acciones de prevención con la Defensa Civil, capacitación en un plan de contingencia, el 16 de noviembre se instaló la alarma para alertar a la comunidad y está pendiente un simulacro de evacuación. “Los de la parte alta, que son los más afectados, no oyen la alarma, el técnico la va a revisar o no sé si será necesario instalar otra más arriba”, explica.

El alcalde Henry Devia Prado admitió que las familias en riesgo de Las Vegas y Marsella son 150, pero es necesario ampliar el espectro a unas 300, “una creciente puede extenderse a los barrios Manuel José Ramírez, Berlín, Valleverde, 1° de Mayo”, dice.

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“Tenemos que hacer una intervención en los sitios críticos y el Municipio no está en capacidad económica de ello, porque desborda sus límites financieros”, dijo Devia, quien agregó que las obras costarían entre $15.000 millones y $20.000 millones y consisten en jarillones, estabilización de banca, gaviones y reubicación de población, y que radicaron el proyecto en Bogotá.

Advirtió que la planta de Acuavalle está en riesgo porque cada que sube el nivel del río, se suspende el servicio por la turbiedad. “El mensaje es que no nos confiemos, ante lo que pasó en Corinto, hago un llamado para que nos apoyen financieramente; maquinaria pesada nos la facilita Riopaila Castilla y Mayaguez también”, anotó.

Iván Darío Vélez, coordinador de Gestión del Riesgo de Pradera, confirmó que se instalaron alarmas tempranas, que el río y sus afluentes están monito- reados con cámaras de la Policía, con contactos de la zona rural, con personal de la planta de Acuavalle que les reporta la calidad del agua que está captando y la Asociación de Usuarios del Río Bolo monitorea en Bolo Los Nichos, tomando los caudales mañana y tarde.

Con Riopaila Castilla y las distintas secretarías del municipio, se va a canalizar el río en 5 ó 6 puntos críticos fijados por la CVC, dijo Vélez. La comunidad reclama el jarillón a lo largo del casco urbano, pero por ahora se depositan escombros solo para formar un terraplén en Marsella.

Unas 110 familias que habitan los caseríos Cañaveral, Villanueva y Esparta, zona rural del municipio de El Águila, norte del Valle, se sienten vulnerables ante una eventual creciente del río Cañaveral, que baja del vértice de Valle, Chocó y Risaralda.

El alcalde Andrés Fernando Herrera Duque declaró vía telefónica a El País, que tienen activados el sistema de alertas tempranas para evitar inconvenientes con crecientes súbitas, dados los antecedentes históricos del río Cañaveral, que nace muy caudaloso.

Herrera Duque recuerda que la última creciente súbita sucedió en 2011 y dejó una víctima mortal y cuatro familias afectadas en Villanueva.

“No hay riesgo en la parte alta de la cuenca, tenemos contacto permanente con la FAC (Fuerza Aérea, en el Valle, que monitorea desde el aire. La comunidad tampoco ha reportado peligro de deslave, movimiento en masa de tierra o avalancha”, dijo el mandatario.

El funcionario contó que al río se le hizo descolmatación en 2016 y entre febrero y abril de 2017, pero considera necesaria otra descolmatación, para lo cual solicitó a la UNGRD, en Bogotá, apoyo con maquinaria amarilla, combustible y recursos.

El Alcalde dijo que gestiona créditos para la reubicación de las familias en riesgo, que han visto diez lotes y solo falta que la Secretaría de Vivienda del Valle decida cuál es el adecuado y la compra se haría a comienzos de 2018, con un crédito que el Concejo aprobó. “El Municipio daría el lote y los servicios públicos, y la Nación y el Departamento las viviendas”, dijo.

Errores de trámite heredados de la anterior administración, en 2015, no han permitido la reubicación de unas 75 familias que habitan las riberas del río Bugalagrande y están en vilo ante un eventual crecimiento del caudal.

Al radicar en la UNGRD la información del censo poblacional para ser incluidos en el programa de viviendas gratis, la UNGRD le respondió al alcalde de entonces, Carlos Alberto Taguado, que no se había ceñido a los procedimientos establecidos. De 17 indicadores de documentos que debía aportar, registró negativo en todos.

Familias como los Loaiza, que viven desde hace más de 32 años en el barrio Cañaveral, lo confirman. “Siempre dicen que nos van a reubicar, vienen, nos encuestan, pero nada”, dice Ana Loaiza, una de siete hermanos que tienen sus casas allí.

“Mi abuelito, Luis Bernabé Loaiza, compró esto y les repartió a todos los hijos”, dice Luis Gonzaga Loaiza, uno de los nietos del clan que se dedica a extraer arena del río.

Los Loaiza dicen que los alcaldes sí los visitan, pero antes de las elecciones, pero cuando ya están “allá arriba” no vuelven. “Ellos vienen pero a pedir el voto, ahora no han aparecido ni a preguntar cómo están”, se queja Luis Gonzaga.

“Nos prometieron que nos iban a reubicar en los apartamentos gratis del Gobierno, pero les dieron a gente de la montaña, desmovilizados de la guerrilla, reinsertados, desplazados; algunos tienen hasta tres apartamentos, incluso alquilados y a nosotros nos dijeron “ustedes no salieron favorecidos’,” denuncia Luis Gonzaga.

Igual pasa en Brisas del Río, otro asentamiento donde hay viviendas a la ribera del río. Flor de María Trejos, residente allí hace 26 años, recuerda que la última inundación fue hace tres años, el 23 de diciembre.

“Tuvimos una Navidad en medio del barro”, cuenta. De las 40 familias, solo tres o cuatro tienen escritura, los demás poseen promesa de compraventa. “Esta semana el río ha bajado crecido y caudaloso. No se sabe cómo está arriba en la montaña, por Ceylán. Falta ver que no pase algo como en Putumayo o Corinto”, apunta temerosa Flor de María.

Sin embargo, dice que ojalá les dieran una casita, pero no apartamentos, “donde no se puede tener ni un animalito. Ojalá no me gane una cosa de esas, son muy altos, dicen que al quinto piso no sube el agua, y son allá donde le llaman el Bronx”.

El alcalde Jorge Rojas desmintió estas versiones, pero admitió que el 50 % de los apartamentos gratis en el Municipio, eran para familias en alto riesgo, pero no se hizo el procedimiento en la forma y tiempo correctos en la UNGRD. Aceptó que en Bugalagrande hay unos puntos críticos “porque hemos permitido asentamientos junto al río, donde no debe.
Hay una acción popular fallada por el Consejo de Estado, que condena a la Gobernación, al Municipio y a la CVC a realizar unas obras de mitigación como muros de contención y diques”, informó. Uno de esos puntos es El Edén, otro asentamiento, donde la CVC hará una estabilización de orilla, con una inversión de más de $1000 millones. “Se van a reubicar diez viviendas, el Municipio dio el lote y la Gobernación las va a construir con las regalías, el proyecto está en elaboración”, dijo el Mandatario.

Sobre las familias asentadas en Brisas del Río, afirmó que no son candidatas a reubicación, pero que el sector sí se debe reforzar con muros de contención, “esas obras valen mucha plata, pueden pasar de los $10.000 millones porque van desde el Polideportivo hasta el Hospital y el puente colgante y ninguno tiene los recursos”. De ahí que el proyecto fue presentado a la UNGRD porque “la Corte determinó que ellos deben coadyudar. Nos lo devolvieron y está en ajustes para mandarlo al Fondo de Adaptación”, dijo.

Del asentamiento en Cañaveral, aclaró que quedan unas seis familias, ya que en 2005 fueron reubicadas unas 20 y hace poco se reubicaron otras seis.

Basado en los POT de los 42 municipios, la CVC hizo un consolidado de las familias por reubicar, según el cual habría que reubicar 29.287 viviendas que están en zonas de alto riesgo no mitigable, donde habitan 136.622 personas.

Buenaventura es el municipio con más viviendas por reubicar (9305) y personas en riesgo (46.525). Le siguen Cartago, con 4076 viviendas y 20.690 personas en riesgo; Jamundí, con 2546 viviendas y 10.299 personas en riesgo, y Yumbo, con 1039 viviendas y 1740 personas en riesgo. Sin contar a Cali, donde ya es conocido que solo en el jarillón hay que reubicar unas 8000 familias.

Jesús Antonio Copete, secreta- rio de Gestión del Riesgo del Valle, confirmó que se está acopiando la documentación para solicitar la declaratoria de calamidad pública en 29 de los 42 municipios, para gestionar recursos y atender prioridades.

Candelaria, Yotoco, La Victoria, La Unión, Jamundí y Andalucía tienen alerta por aumento en los niveles del río Cauca. En los ríos Piñuales y Riofrío hubo avalanchas que dejaron sin agua 1200 habitantes en Versalles y Riofrío.

Florida, Pradera, Guacarí, San Pedro, Tuluá, El Cerrito, Dagua, Bugalagrande, Buga, Restrepo, Cartago, El Águila y Buenaventura están en observación de quebradas y vías por inundaciones y colapso de alcantarillado.

Cali, Ginebra, Trujillo, Bolívar y Versalles tienen alerta por dos problemáticas: por invierno (creciente de ríos y desliza- mientos) e inundaciones.

Ríofrío es el único municipio que tiene las tres alertas.