Con venta de bonos de carbono, Bahía Málaga le apuesta a la conservación ambiental

Recuperar los bosques, monitorear la fauna, fortalecer los lazos entre las personas de la comunidad y preservar sus tradiciones culturales son las principales metas que se han fijado los habitantes de Bahía Málaga en su intención de salir adelante como colectividad.

Para realizar este trabajo, el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Bahía Málaga, nombre que recibe esta organización territorial en la que se agrupan poco más de 700 individuos, participa del proyecto ‘Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal’, REDD+, mecanismo internacional creado bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, CMNUCC, que ha acogido el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Esta iniciativa busca que en las comunidades se realicen actividades de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero —GEI— por la deforestación y degradación de los bosques a su alrededor, emisiones que no solo afectan a la atmósfera, sino que también potencian el cambio climático. Como retribución de esta labor, las comunidades reciben un incentivo económico, se trata de los bonos de carbono.

Las empresas que usan combustibles liberan este compuesto a la atmósfera, mientras que en los bosques que estas comunidades salvaguardan, al mantener en pie sus árboles, se retiene el carbono del aire, ayudando a mitigar el cambio climático y sus efectos.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, es la organización que más aporta en la generación y venta de créditos de carbono forestal a compañías colombianas para compensar sus emisiones y cumplir con la carbono neutralidad. Esto, a través de su programa Páramos y Bosques, con el que asiste a ocho proyectos en el Pacífico y que ya ha generado más de seis millones de créditos.

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“El proyecto es muy bueno porque permite ver la capacidad de autosostenimiento de las comunidades del Pacífico, además del potencial que tienen para desarrollar el cuidado natural. Se favorecen ellos y le va bien al bosque”, comentó Mario González, especialista en comunicaciones del Programa Páramos y Bosques.

Santiago Valencia, líder de la comunidad de Bahía Málaga-La Plata, explicó: “Nosotros estamos cuidando los bosques para que, por ese trabajo, se nos generen unos recursos que son, principalmente, para la conservación, pero también para el bienestar social comunitario y para poder promover la economía solidaria al interior del territorio”.

Estos recursos económicos resultan de una opción que establece la ley colombiana en el impuesto al carbono: la no causación. Para acceder a ella, las empresas que tengan la obligación de pagar el impuesto pueden contactar a las comunidades que desarrollen proyectos REDD+, en el territorio nacional, para aportar un incentivo económico que estas poblaciones reciben por su labor de cuidado. En el proceso, las empresas no pagan directamente el impuesto, sino que transfieren los recursos a las comunidades, mientras estas continúan con el cuidado ambiental y su autosostenimiento.

En Bahía Málaga, una de las colectividades que hace parte del proyecto, una parte de la población solía cortar árboles de los bosques para obtener su sustento, a partir de la madera. Ahora las cosas cambiaron. Santiago Valencia indicó que, para poder adherirse a la iniciativa REDD+, “se ha hecho un proceso de tránsito de muchas familias que antes vivían de la tala del bosque”.

El Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga se compone de 4 comunidades: La Sierpe, Miramar, Mangaña y La Plata. Todo el territorio cuenta con, aproximadamente, 38 mil hectáreas de conservación.

Para estas personas, el Consejo Comunitario ha dado dos opciones. “Ya tenemos 45 familias atendidas de manera directa, que están en el proceso de ser salvaguardas territoriales, o las que no deseen serlo, se unen a diferentes procesos productivos, como don Arsecio o doña Jesusita”, indicó el líder comunitario.

Arsecio Ballesteros, de 65 años, es una de las personas que trabajaba talando bosques en Bahía Málaga, y que cambió su enfoque laboral a raíz del proyecto. “Lo mío antes era trabajar con madera, es lo que a mí me gustó y de lo que siempre producía. De eso viví mucho tiempo, como 40 años. Después pasé a ser salvaguarda un tiempo, porque me di cuenta de que el árbol vale más estando parado que caído. Pero, ya no pude ser más salvaguarda por la edad, ahora me tiré al negocio, a ser comerciante”.

El Consejo Comunitario le aporta $ 15 millones, como cifra igualitaria, a todas las personas que decidieron iniciar diferentes procesos productivos después de abandonar la madera.

María Jesusita Caicedo es una de las mujeres beneficiadas. Ella trabaja en su propia finca cosechando diferentes productos, y sonriente le dijo a El País: “Me ha ido bien, por eso tengo todo esto aquí. Como yo lo que quería era sembrar, ellos (el Consejo Comunitario) me ofrecieron la semilla, me aportaron para los jornales y yo por ahí he ido resolviendo lo demás”.

Para el caso de quienes deciden ser salvaguardas territoriales, es decir, cuidar el bosque y las especies de flora y fauna que lo habitan, estas personas son responsables de monitorear el estado de salud medioambiental y velar porque se cumplan las metas de cuidado para que la comunidad pueda seguir haciendo parte del proyecto REDD+.

Ferney, uno de los salvaguardas, declaró: “Hay muchos de nosotros que, por su situación económica, no pudieron ir a una academia o no leen ni escriben, pero tienen esa sabiduría innata de identificar claramente el bosque y las especies, y saber sus características”.

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La posibilidad de trabajar preservando la naturaleza del territorio se ha mezclado con el deseo del Consejo Comunitario de promover el ecoturismo y etnoturismo, y de generar un plan de manejo alrededor de esto.

El líder Santiago Valencia puntualizó que “este turismo es un proceso que arrancó por 1990. El Archipiélago de Bahía Málaga-La Plata ofrece rutas por el bosque, avistamiento de aves, también de ballenas, tiene todo un potencial etnoturístico con la Ruta de la Piangua, la Ruta de la Sangara, del Muchillá”.

El Consejo Comunitario enfatizó que no desean que en el territorio se lleve a cabo el turismo convencional. “Las comunidades ya han recibido visitantes, personas que no vienen en función de turismo y playa, sino que vienen en un proceso de vivir experiencias con la comunidad, de poder ir al bosque, de ir a la pesca artesanal”, mencionó Santiago.

Por su parte, José Daniel Mosquera, líder del Consejo y de Ecomanglar, organización encargada del turismo, sostuvo que la intención es darle un valor agregado a las prácticas tradicionales propias. “Esto tiene un objetivo súper importante y es que el visitante también pueda aportarle a la economía local, y que el nativo tenga la posibilidad, a través de eso, de dejar de ir a hacer una actividad durante esos días y dedicarse un poco a prestar un servicio y aportarle, entre todos, a lo que es la conservación de la biodiversidad”.

También recalcó que en la comunidad tienen un gran arraigo a sus tradiciones, por lo que desean mantener el territorio sano, tal como lo recibieron de sus mayores y como esperan entregarlo a las próximas generaciones.

“Invito a todas aquellas personas a las que les guste el turismo de naturaleza, un turismo diferente. Estaremos siempre dispuestos a la prestación del servicio, que el visitante pueda contribuir a la conservación mientras disfruta de todo este paraíso”.

Frente a la necesidad del país de contar con recursos económicos para incentivar la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), se creó el Impuesto Nacional al Carbono en 2016.

El impuesto es un pago por la compra y el uso de combustibles con carbono como uno de sus componentes, puesto que, en este proceso, el químico se libera en forma de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Para este año, la tarifa corresponde a $ 18.829 por tonelada de CO2.
Los combustibles que aplican al impuesto son: Kerosene, Jet Fuel, ACPM, Fuel Oil, gasolina, gas natural y gas licuado.

El programa Páramos y Bosques de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional —Usaid, por sus siglas en inglés—, es uno de los organismos que asiste en el proceso de venta de créditos de carbono forestal en el país.

Para aplicar al proyecto, la comunidad de Bahía Málaga es verificada por un organismo internacional designado por la Renare (Registro Nacional de Redu-ción de las Emisiones GEI).

La Asociación Española de Normalización y Certificación, Aenor, es el organismo designado para Bahía Málaga.