El esquema de remuneración establecido para el proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo, que se prevé entre en operación en 2024, podría aumentar hasta en un 32 % las tarifas de gas en un periodo de tres años.
La advertencia la hizo la Contraloría General de la República al pronunciarse frente a la convocatoria pública para la selección del inversionista que se encargará del proyecto. La entidad encontró varias alertas de tipo económico y ambiental, así como de interferencia en el tráfico marítimo y en las operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, entre otros.
El proyecto fue puesto en marcha para responder a la amenaza de que se presente un fenómeno del Niño considerable en 2024.
Sin embargo, según la Contraloría, llama la atención que por tiempos de contratación el proyecto no alcanzaría a entrar en operación sino hasta julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit.
La planta de regasificación costará cerca de US$400 millones, el gasoducto US$161 millones y la infraestructura de comprensión US$150 millones, para un valor total de US$711 millones.
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La convocatoria pública de la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, tiene por objeto “…si bien es cierto, la planta no se construirá con recursos del presupuesto nacional, no es menos cierto que su esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan. Es decir, estaríamos asumiendo riesgos con alto impacto económico y social al tener un activo improductivo, construido con un buen propósito, pero con escenarios de oferta y demanda que hoy son objeto de diversos repararos”, indica la advertencia firmada por el contralor general de la República (e), Julián Mauricio Ruiz.
La advertencia va dirigida al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo; el director de la Upme, Christian Jaramillo; y el presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, Jorge Alberto Valencia. Se relaciona lo que indicó al respecto la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía.
La Contraloría advierte que los propios estudios técnicos advierten sobre un incremento tarifario a causa del proyecto: para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir del año 2024, es decir un incremento del 32 % en tres años.
La entidad también advierte que puede haber un impacto negativo en la política de transición energética, pues podría ser un incentivo para retornar al consumo de combustibles más baratos, pero más contaminantes, produciendo un desbalance en la relación costo-beneficio en dicho aspecto.