En el marco del “Compromiso Colombia”, firmado por todas las contralorías del país para cuidar el recurso público, en especial aquel que se destina a la construcción de obras, la Contraloría del Valle requirió a los municipios de su competencia para que evidencien el estado actual de los 101 contratos de obras que la Contraloría General de la República les reportó como inconclusos.
La Contraloría aclaró que no son 160 las obras que reportó el ente de control nacional, sino 101 contratos en todo el departamento.
En la revisión se determinó que, de estos 101 contratos de obras, dada su distribución geográfica y la fuente de financiación (Nación, Departamento y/o municipios), la Contraloría del Valle solo tiene competencia de vigilancia y control sobre 12 de ellos.
Los 89 contratos restantes son de competencia de la Contraloría General de la República o las contralorías distritales/municipales de Cali, Buenaventura, Yumbo, Palmira y Tuluá, según corresponda.
Son estas entidades las que deben ejercer el control y la vigilancia sobre dichos contratos de obras, distribuidos como se muestra a continuación:
Con respecto a los contratos de obra de competencia de la Contraloría Departamental, es importante destacar las acciones ya cumplidas en el marco de la ley 20 de 2020 y las respuestas de las alcaldías a cargo de esta contratación.
A la fecha se ha logrado la terminación de dos contratos de obras, uno se encuentra en proceso de terminación, cuatro se incluyeron en el ciclo 2 del Plan General de auditorías 2024 y se siguen adelantando gestiones con cada uno de los municipios sobre los otros contratos.
Cabe destacar que se reportan varios contratos con fecha de inicio en el 2011, obras que se encuentran en proceso de investigación.
Ante estos hallazgos, la contralora del Valle, Ligia Stella Chaves Ortiz, expresó: “Seguimos comprometidos con el ejercicio de vigilancia de las obras inconclusas. Continuaremos las acciones de control pertinentes sobre los contratos de obra de nuestra competencia, hasta concluir las investigaciones y resarcir el daño patrimonial, porque nuestro compromiso es cuidar el erario público del departamento. En este tipo de contratos están comprometidos recursos cuantiosos que deben cumplir su función social”.