Como resultado del ejercicio de control fiscal adelantado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se conoció que, en el 2024, el organismo de control evitó la perdida de $85.452.311.743 y reportó además un presunto detrimento patrimonial de $27.287.950.334.
Estas cifras serían el resultado de los 315 ejercicios auditores realizados y las 64 denuncias ciudadanas atendidas en lo corrido del año pasado, en el desarrollo de prácticas de vigilancia y control.
El monto recuperado, que resulta en una mayor disponibilidad de recursos y mejores prácticas fiscales para las entidades auditadas, representa un valor tres veces superior a lo que se determinó presuntamente perdido.
Los municipios de Calima El Darién, el Cerrito, Pradera y Jamundí habrían presentado las auditorías con mayor impacto fiscal en relación con esta presunta pérdida del recurso público, indicando lo que, al parecer, sería un detrimento patrimonial superior a los $12.563 millones, $1.242 millones, $986 millones y $894 millones, respectivamente.
Estos hallazgos se encuentran siendo examinados por la Dirección de Responsabilidad fiscal de esta contraloría, quien será la encargada de determinar las responsabilidades de cada entidad.
Por otro lado, las irregularidades legales más comunes encontradas por la Contraloría departamental serían:
- Deficiencias e incumplimientos contractuales en las distintas etapas.
- Deficiencia en la supervisión y control de los contratos.
- Suscripción de prorrogas a los contratos sin los soportes y sustento adecuados.
- Incumplimientos en la obligación para la deducción de estampillas departamentales.
- Deficiencias en el recobro por parte de las entidades auditadas de las incapacidades pagadas a los funcionarios.
- Prescripción de impuestos por deficiente gestión del recaudo.
El dinero recuperado fue nuevamente ingresado al presupuesto destinado a los sujetos de “beneficios de control fiscal”. Entre los que se encuentran Gobernación del Valle, que salvaguardó más de $22.242 millones de recursos durante el proceso de control fiscal; y los puntos de control de Jamundí, Bugalagrande y Guacarí, y la Universidad del Valle.
Finalmente, se dio a conocer que durante el año pasado, se fallaron procesos con responsabilidad fiscal por una cuantía superior a $1.118 millones, los cuales fueron trasladados a la dependencia de cobro coactivo en la Contraloría.
Además, a través de cobros coactivos, se recaudaron más de $1.099 millones que se habían perdido.