La Corte Constitucional decidió restablecer las sanciones de destitución e inhabilidad por 10 años impuestas al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, las cuales habían sido anuladas por el Consejo de Estado.
La Procuraduría sancionó al exgobernador Abadía, quien fue destituido en 2016 por participación en actividades políticas, algo prohibido para los funcionarios públicos.
Además de él, la Corte Constitucional también restableció las sanciones contra el exsenador Eduardo Merlano, a quien la Procuraduría sancionó a Merlano en 2012, tras negarse a realizarse una prueba de alcoholemia en un control de tránsito, lo que provocó todo un escándalo público.
El Tribunal concluyó que la Procuraduría General de la Nación actuó conforme a las facultades otorgadas por el Código Disciplinario Único, al imponer las sanciones por faltas disciplinarias, respaldando así las decisiones del organismo de control.
“La Corte Constitucional encontró que la anulación de las sanciones por parte del Consejo de Estado desconoció el marco constitucional y legal bajo el cual la Procuraduría ejerció su competencia”, indicó el alto tribunal en su fallo emitido este jueves 12 de septiembre.
Ambos sancionados habían presentado demandas ante el Consejo de Estado, que en su momento levantó las sanciones, pero la Corte Constitucional resolvió que el ente de control estaba facultado para imponer dichas medidas, ya que los hechos ocurrieron antes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, fallo que armonizó la protección de los derechos políticos con las sanciones administrativas.
De otro lado, la Corte Constitucional también ordenó al Consejo de Estado que emita una nueva decisión sobre los recursos de nulidad presentados por el exsenador Eduardo Merlano y el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, pero esta vez respetando el fallo que confirma la validez de las sanciones impuestas por la Procuraduría.