Este viernes 17 de mayo, el diputado del Valle por el Centro Democrático, Rafael Rodríguez, denunció que pese a los graves hechos de violencia que vive el país en general, específicamente Tuluá, la Unidad Nacional de Protección (UNP) impugnó un fallo donde se ordenó la protección de la concejal Pilar Coronel.
“Ayer asesinaron al director de La Modelo, quien no contaba con un esquema de seguridad. En Tuluá han asesinado dos concejales, y la respuesta de @UNPColombia es impugnar el fallo donde se ordena proteger la vida e integridad de nuestra concejal del @CeDemocratico”, escribió Rodríguez en su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter.
En ese sentido, el comunicado oficial del diputado se cuestiona “¿Cuántos concejales deben morir para que la UNP tome medidas serias y contundentes?”.
El pasado 14 de mayo, se conoció que el Juzgado Tercero Municipal del Circuito de Tuluá, dictó medida provisional en favor del Concejo de Tuluá, luego de una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo para proteger a los cabildantes.
La Defensoría elevó la acción legal para resguardar los derechos a la seguridad, integridad y vida de los concejales, pues han sido “objeto de todo tipo de ataques”, que van desde ataques personales hasta amenazas, panfletos y atentados.
El ente humanitario señaló a la banda La Oficina como la posible responsable de las agresiones. Ante ese panorama, el Juzgado Municipal le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) “realizar un análisis de viabilidad de adoptar medidas de protección provisionales”.
La tutela no solo se dirige a la Unidad, sino también a los ministerios de Defensa y del Interior y a la Policía Nacional.
La tercera semana de abril, luego de conmemorar los cien primeros días de la actual administración municipal, fue asesinado el concejal Carlos Londoño. En el ataque también murió la representante de una asociación de personas con discapacidad.
“Mientras haya inseguridad, alteración del orden público, amenazas, falta de garantías para la protección personal, es preciso que sean elaborados planes de trabajo idóneos, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales”, expresó Camargo.
El órgano adscrito al Ministerio Público aseveró que continuará “insistiendo en que los grupos delincuenciales organizados y organizaciones armadas al margen de la ley no pueden estar por encima de ninguna de las instituciones”.
*Con información de Colprensa y Redacción de El País.