En una misiva remitida por varios dirigentes gremiales de Buenaventura al presidente Gustavo Petro, se expuso este viernes la creciente preocupación por la grave crisis social y económica que atraviesa la ciudad portuaria.
En el texto, que fue firmado también por el presidente del Concejo Distrital, Nilson García, se tocan varios aspectos importantes los cuales, aseguran, tienen en vilo a más de 400.000 habitantes de este territorio.
“Los abajo firmantes quienes representamos a un sinnúmero de ciudadanos, gremios, empresas, comerciantes y sociedad civil en general; nos vemos en la imperiosa necesidad de clamar la urgente presencia del Gobierno nacional que usted lidera en el territorio del Distrito de Buenaventura, para que de manera conjunta con el Gobierno Departamental, Distrital, Sector Empresarial, Sector Transporte de Cabotaje, Sector Pesquero, Sector Maderero, Comerciantes, Academia, Cámara de Comercio; logremos encontrar el camino ideal, correcto y oportuno, que nos permita superar la profunda crisis por la que está atravesando en este momento más de 400.000 habitantes del territorio”, se lee al inicio del documento.
No obstante, proceden a hablar de las motivaciones por las que hacen el llamamiento al Gobierno nacional, enumerando como primer punto la seguridad en el puerto de Buenaventura, enmarcada en una política de paz total que hasta ahora no arroja resultados tangibles.
“La voluntad política de su gobierno por obtener un territorio de paz en Buenaventura, aún no se refleja; reconociendo que, de parte de su equipo de gobierno, pero de manera especial el trabajo que viene desarrollando Monseñor Rubén Darío Jaramillo aún no registra la paz que todos deseamos; presentándose de nuevo hechos de homicidios, extorsión, robos, hurtos y hasta secuestros exprés en la población; que hoy se ve reflejado con cierre de establecimientos comerciales (215 en el en el 2022), que en un promedio de 4-5 empleos directos por local, significa cerca de 1.000 nuevos ciudadanos sin oportunidad laboral”.
Sin embargo, aclaran en el documento que no desconocen la ardua labor que las Fuerzas Militares y de Policía llevan a cabo en cada rincón del Distrito, “en procura de prevenir los actos delincuenciales que de manera frecuente se están presentando tanto en zona insular y continental”, aunque estos, según afirman, superan en número a los oficiales repartidos en todo el territorio.
Como segundo aspecto, los firmantes expresan su inconformidad ante los repetidos bloqueos sociales que se presentan entre Buenaventura y Loboguerrero-Dagua, como forma de protesta ante el desamparo del Gobierno nacional. “Solo por mencionar cifras recientes obtenidas del control que se realiza en el peaje entre Buenaventura y Loboguerrero, si comparamos el periodo: Enero-Mayo del 2022 y 2023 son bastante preocupantes los resultados”.
Y añaden, “Disminución de un 8 % en las cargas de importación, al pasar de: 5.698.152 Tons a 5.247.462. Disminución en el número de viajes en Vehículos de carga en un 7 %; pasando de: 237.474 a 220.234. Disminución en el número de viajes de vehículos particulares, que movilizan ciudadanos residentes y visitantes, en un 14 %, al pasar de 3370 en la semana santa del año 2022 a 2.891 en la misma semana del presente año. El sinnúmero de bloqueos presentados en el presente año, equivalen a 196,82 horas, que corresponden a 8,20 días; estos días de parálisis vial ante el número de vehículos diarios bloqueados (3.102) y las pérdidas económicas por día, registran un estimado para esos 8,2 días de cerca de $ 112 MM, al sumar los diferentes sectores económicos en Buenaventura”.
Este problema, las pérdidas económicas, según exponen, también originan desabastecimiento a más de 12 poblaciones de la costa pacífica colombiana (en los departamentos del Cauca, Nariño y Chocó), “por cuanto desde la ciudad se deben transportar vía cabotaje alimentos de primera necesidad en la canasta familiar; productos estos que en un 80 % son trasladados vía terrestre desde el interior del país (Medicamentos, alimentos, víveres e insumos en general)”, eso sin contar la afectación al suministro de gas natural licuado para toda la población que, de manera permanente, ven perjudicadas sus actividades y seguridad alimenticia y económica, por la falta de suministro de gas en la ciudad”.
Todo lo anterior, según expresan en la misiva, ha traído consigo que importadores/exportadores que utilizaban con frecuencia y por menores costos de fletes terrestres este puerto, decidieran trasladar sus operaciones a los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.
Finalmente, los firmantes argumentaron que, aunque no se oponen a la protesta pacífica como lo ordena la Constitución Nacional, no pueden compartir las vías de hecho, “como los bloqueos viales frecuentes; como mecanismo de presión política para la obtención o logro de beneficios por reivindicaciones sociales”, pues son más las afectaciones que obtiene el grueso de la población.
“Unas minorías están perjudicando de forma gravísima al total de la población que hoy ve vulneradas sus actividades diarias, su derecho constitucional a la libre movilidad y en riesgo su seguridad alimentaria, educativa, económica, en salud y bienestar general; porque tales acciones de hecho, han provocado el cierre de establecimientos comerciales, desabastecimiento de productos alimenticios, el posterior encarecimiento de estos, menores oportunidades laborales, cierre de instituciones educativas, etc”.
Así, dejando claro sus inconformidades, el texto concluye con una solicitud directa al dirigente del país, Gustavo Petro, con la cual le piden “una mayor presencia preventiva del alto gobierno, con un riguroso acompañamiento institucional de las entidades planificadoras y ejecutoras en la ciudad; para enfrentar la problemática existente y establecer las estrategias y métodos para compaginar la protección de los derechos de todas las personas que convivimos en el Distrito de Buenaventura”.