Inició la administración afrontando la muerte de un concejal electo, el cual falleció el 2 de enero.
“Tuluá está como encontraron los nuevos alcaldes de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. A nosotros nos está pasando algo igual. Acá no nos dejaron la olla raspada, sino que se llevaron la olla y dejaron una deuda de más de 44.000 millones de pesos”, dijo.
Además, hay un déficit de 17.000 millones de pesos por cuentas que quedaron pendientes de pago y que no tienen ni soportes.
Gustavo Vélez le contó a Semana que en su municipio hay un problema de violencia muy grande. “Dejaron enquistar la violencia y por eso me eligieron, para recuperar la ciudad. Pero para mejorar todo esto necesitamos el apoyo del Gobierno nacional, por ejemplo, bloqueando la salida de las llamadas de los criminales que hoy se encuentran presos y que son, en su mayoría, los jefes de esa estructura criminal la Inmaculada, que se hace llamar la Oficina de Tuluá. Hay que combatir a la delincuencia y por eso quieren hacerme daño, ya que prometí recuperar la seguridad de la ciudad”, dijo.
Sobre sus desplazamientos añade que son muy complicados, sobre todo porque la UNP no ha podido solucionar lo del carro blindado.
Menciona que a pesar que le entregaron un carro blindado, a los cuatro días tuvo que llevarlo a mantenimiento, y cuando salió se lo llevaron en una cama baja porque estaba en muy mal estado.
Frente a esto solo se desplaza de su casa a la alcaldía en un trayecto no mayor a los 15 minutos y con un esquema entre 10 y 12 personas.
Como la UNP no le ha dado un carro blindado, le prestaron uno para que pudiera movilizarse. Aunque cabe mencionar que Vélez no pudo hacer campaña por las amenazas, asesinaron personas cercanas a su campaña y a pesar de haber ganado la alcaldía, sigue el problema de seguridad.
Sobre las amenazas señaló que la banda que opera en Tuluá realizó varios comunicados a principios de enero en los que se atribuían la muerte del concejal Ávila “diciendo que yo no me había comunicado con ellos, por lo que me daban un mes para hacerlo con la finalidad de hacer una negociación. Si no se negocia con ellos, pues seguirán con sus acciones delincuenciales, como ya lo han hecho con fusiles, pistolas y granadas. Incluso, a la casa de mis padres lanzaron granadas. Este es un tema preocupante y no solamente en contra mía, sino en contra de personas que trabajan en el Gobierno municipal. El secretario de Gobierno está muy amenazado, también el exconcejal Cristian Hernández y un periodista que ahora está en la administración”, indicó.
Dichos funcionarios, según lo expresado por el alcalde, tampoco tienen un esquema de seguridad. Al interrogante sobre quien lo está protegiendo, el mandatario local asegura que es la Policía Nacional, el Ejército, el Batallón de Alta Montaña y la misma Fiscalía.
Sobre su seguridad, el alcalde cuenta que ha tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Justicia, el ministro del Interior y varias personas del Gobierno, y que aunque ve una buena disposición, nada ha pasado. “Esto no lo vamos a solucionar solos y necesitamos que el Gobierno nos ayude para luchar contra los criminales. Si no tenemos el apoyo del Gobierno nacional, esto no lo vamos a solucionar. Tenemos el apoyo del Gobierno departamental, pero es necesario el apoyo del presidente Petro”, puntualizó.