La finca se llama La Aldea. Hace unos años se llamaba Cartagena. Está ubicada en el kilómetro 28 de la Vía al Mar, en el municipio de Dagua, a 40 minutos del norte de Cali. La denuncia – con reserva de identidad- que llegó a este diario, indica que en esta finca se construyen obras civiles (casas, una parcelación entera), sin contar con licencias de construcción y pese a que ya entidades como la CVC han advertido que allí no se puede construir nada.
“Las obras las han venido adelantando al borde de la quebrada El Vergel, que surte un importante sector de la región. Ello atenta contra la Ley, ya que se toman aguas sin autorización de la autoridad ambiental, disminuyendo el caudal de la quebrada. También se han venido talando árboles y guaduales”, dice la denuncia de la comunidad.
Los lotes de La Aldea, de aproximadamente 1000 metros cada uno, se están vendiendo bajo la modalidad de proindiviso, es decir, que el bien pertenece a varios propietarios, sin que ninguno tenga derecho pleno sobre el mismo. En la zona, además, ya se están instalando postes de la energía y vías de acceso.
El problema, como lo explica el abogado ambientalista Armando Palau, representante de la Fundación Biodiversidad, es que La Aldea se encuentra dentro de la Reserva Forestal del Pacífico, según la Ley Segunda de 1953, por lo que es un terreno que debe estar destinado a la conservación de los suelos y los bosques, no a la construcción de parcelaciones.
“Debido a la Ley Segunda de 1953, en la Reserva Forestal del Pacífico, donde está la finca La Aldea y la mayoría de la zona rural de Dagua, no está permitido la explotación de los bosques. Así lo dejó claro el Consejo de Estado en un auto del 14 de julio de 2022″, explica el abogado.
Lo que sorprende a la comunidad que presentó la denuncia es que pese a que tanto la CVC ya ha visitado La Aldea y ha dicho que no se puede construir parcelaciones en ella, al igual que la Alcaldía de Dagua con su Secretaría de Planeación – la inspectora de Policía asegura que selló una de las construcciones que se venían adelantando – las obras continúan.
“Es absurdo que esto suceda en los días previos de la Cop16, la gran cumbre para cuidar la biodiversidad en el mundo. En el papel, los funcionarios encargados de hacer el control de lo que ocurre en La Aldea pareciera que lo hicieran. Van al sitio, hacen las notificaciones respectivas, incluso se abren procesos sancionatorios, pero en la realidad no pasa nada: pese a las resoluciones de las autoridades, siguen construyendo casas en la finca”, dice una fuente que pide la reserva de su identidad.
Y agrega: “quienes construyen sin licencia, es como si no tuvieran ningún temor de la ley ni de las autoridades y las consecuencias que eso les pueda generar”.
Sandra Figueroa es la Inspectora de Policía de Dagua. En su despacho reposan las denuncias de lo que viene sucediendo en La Aldea. Ella asegura que detrás hay una problemática que abarca a todo el municipio.
“Lo que sucede es que en Dagua, desde hace unos años, debido a una sentencia del Consejo de Estado, no se pueden otorgar licencias de construcción. Y, por otro lado, el municipio es enorme, muy bonito, con muchas zonas verdes, lo que lo convierte en una zona de gran atractivo turístico y de vivienda. Entonces, antes de que se prohibiera el otorgamiento de licencias de construcción, se habían dado licencias de subdivisión y parcelación, que posteriormente dan origen a licencias de construcción. Cuando llegó el fallo de un procurador agrario, que prohibió seguir otorgando licencias de construcción, mucha gente quedó con los predios comprados, con licencia para parcelarlos, pero sin poder construir. Sin embargo, lo están haciendo, lastimosamente, de manera arbitraria”.
La Inspectora de Policía de Dagua agrega que no tiene capacidad operativa suficiente para hacer el control que se requiere.
“Este es un municipio de sexta categoría, la planta de cargos es reducida. Tengo unas personas especializadas en estas visitas de inspección que son las que recorren el municipio, pero no alcanzamos a cubrirlo y hay dificultades para acceder a los predios”.
La Secretaría de Planeación de Dagua, en cabeza de Ana Milena Montoya, por su parte, también conoce lo que viene sucediendo con las construcciones sin licencia en la finca La Aldea y en el resto de Dagua.
“Nosotros hacemos las visitas de control urbanístico, y remitimos los casos a la Inspección de Policía, que es el ente encargado de ejecutar los procesos policivos. Nosotros ya hicimos la visita a La Aldea, evidenciamos lo que está pasando, pero no podemos suspender las obras, sino que eso se le remite a la Inspección de Policía para que en el marco de sus funciones inicie los procesos relacionados con demolición o multa, lo que debe estar de acuerdo a las etapas procesales”.
Rigoberto Lasso Balanta es la autoridad ambiental en la zona. Él es el director territorial de la CVC, regional Pacífico. Según sus cálculos, más del 90% de Dagua es área protegida y reserva forestal, lo que impide que la CVC entregue licencias de construcción, sobre todo después de la sentencia del Consejo de Estado.
“No obstante a ese marco legal, la gente en Dagua ha venido desarrollando sus parcelas, y desde la CVC nos remitimos siempre en lo que establece la Ley Segunda, que dice que esta es un área de protección y de conservación ambiental y, por lo tanto, no se otorgan las licencias de construcción. Hemos hecho acciones preventivas, visitas, para notificarle al dueño del proyecto, en el caso de La Aldea, que no puede seguir construyendo, y establecimos las acciones pertinentes. Hemos emitido tanto medidas preventivas como hemos abierto procesos sancionatorios, y le notificamos a la autoridad territorial, que es el municipio, para que adelante el proceso administrativo. Ya es competencia de la Alcaldía, que tiene que regular el tema urbanístico en Dagua”, dice Rigoberto.
Sin embargo, ¿no es acaso la CVC una autoridad ambiental con capacidad para frenar las obras?, se preguntan en Dagua. Rigoberto respondió lo siguiente:
“Sí, podemos intervenir esas obras, hacer acciones, y cargar los costos de la intervención al particular que hace el proyecto sin licencia, pero es un proceso complejo legalmente para nosotros. La claridad es que hoy vamos hasta donde la norma nos permite, en el proceso ordinario. Ya para adelantar otras intervenciones, uno las prioriza, como las afectaciones evidentes al medio ambiente. En Dagua también ocurre un tema cultural: construir sin acatar la ley. Muchas veces se nos sale de las manos. Además, acá amenazan a los funcionarios, les ofrecen bala para que no entren a los predios. Muchas veces la Policía dice que no puede actuar por ser zona rural. Hay situaciones administrativas que deben converger para que se apliquen las sanciones, pero eso no ocurre. En La Aldea hemos hecho todo el seguimiento pertinente, las visitas, se han emitido las resoluciones. Está notificado el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría Ambiental, la Alcaldía. Y hemos emitido sanciones”.
La sensación de la comunidad que denuncia lo que viene ocurriendo es similar: las entidades encargadas de hacer el control se “lanzan la pelota”, la responsabilidad de la situación, mientras las construcciones sin licencia en el municipio de Dagua continúan avanzando en los días previos de la cumbre mundial del cuidado de la biodiversidad, la COP16.