Si hay algo que hoy tienen en común Buenaventura, Buga, Florida, Tuluá y Yumbo es la incertidumbre que sienten habitantes de esos municipios con respecto a las elecciones que se celebrarán este domingo.

Presencia de grupos armados, desplazamiento forzado, microtráfico y delincuencia común son algunos de los factores de violencia que impidan que estén convencidos de ir a las urnas.

“Hay una alerta de la Misión de Observación Electoral, MOE, frente al tema electoral, pero desde el año pasado Buga tiene una alerta temprana estructural frente a todo lo que se suscita dentro del territorio: las disidencias, las Bacrim, los grupos no organizados de delincuencia común, el índice de mortalidad violenta que desafortunadamente no es bajo”, dice la coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, Gloria Reyna.

Esos grupos armados al margen de la ley que tienen presencia en la parte montañosa del municipio tienen tanto poder que han establecido sus propias reglas para el campesinado: solo está permitido ingerir alcohol el fin de semana, está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas, hay determinados toques de queda y movilizarse en motocicleta debe hacerse sin casco para facilitar el conocimiento del individuo, cuenta el personero de Buga, Gonzalo Valencia.

“Ellos andan de civil, a veces se ponen las botas y eso preocupa”, agrega y explica que “con la situación electoral no ha habido ningún cambio, no podemos decir que en la parte alta ha habido problema, no he tenido la primera queja de que haya constreñimiento electoral, pero sí estaremos muy pendientes”.

“Que hay una zozobra, sí. A mí me cuenta la población: ‘qué tristeza uno acostarse con la intranquilidad de antes’. Ellos están con la alerta de que, ante esa presencia, en cualquier momento les dé por hacer algo”, asegura Reyna.

Es por esto que tanto la coordinadora como el personero hacen un llamado: “Hay circunstancias en las que el Gobierno Nacional no ha puesto sus ojos en el Valle y especialmente en Buga, qué se gana el Alcalde diciendo ‘hagamos esto, pongan más Policía’, si los que toman la decisión son los entes nacionales. Entonces uno se pregunta ¿para qué una alerta temprana?”, advierte Valencia.

Similar es la situación en Tuluá: “Con el Acuerdo de Paz la situación de violencia había mermado. De hecho, ya había una movilidad tranquila hacia el campo tulueño, pero a finales de 2020 vuelve a presentarse la incursión de las mal llamadas disidencias, que está azotando de nuevo nuestro campo. Los brotes de violencia se ven nuevamente en la ruralidad”, cuenta el coordinador de la Mesa de Víctimas local, Juan Felipe Valencia.

Según la Misión de Observación Electoral, en el Valle del Cauca hay catorce municipios en riesgo por factores de violencia de cara a los comicios legislativos del domingo.

Y es que de acuerdo con Martín Hincapié, personero delegado de Derechos Humanos de Tuluá, la presencia del grupo disidente de las Farc ‘Adán Izquierdo’ en la zona de media y alta montaña fue la responsable de que ningún candidato al Congreso visitara ese territorio del centro del Valle del Cauca.

Incluso cuenta que, debido al temor de la población rural, la participación en las elecciones de las Juntas de Acción Comunal fue muy escasa y “algunos líderes y miembros de Junta, presentaron renuncia de sus cargos”.

Agrega Valencia que para los comicios de los Consejos Municipales de Juventud, celebrados el 5 de diciembre del año pasado, a “esa zona no llegó la Registraduría, los jóvenes campesinos quedaron excluidos”.

Aunque para este domingo “no hay amenazas concretas de que el grupo armado haya dicho ‘no vamos a permitir votar a la gente’, está en potencia que tomen la decisión, como se hacía hace años”, dice Hincapié.

También indican que la Fuerza Pública que vigila la zona rural llegó incluso a hacer la recomendación de reubicar los puestos de la alta montaña a la zona media por los niveles de riesgo que vive la población y las situaciones de orden público que podrían llegar a tener lugar.

“Sin embargo, nosotros nos oponemos a cualquier traslado porque eso es ir cediendo terreno, es como decir que no se puede garantizar el derecho al voto. Todos los puestos de votación van a estar funcionando”, dice el personero, a la vez que asevera que el Ejército finalmente confirmó que garantizará la seguridad de los habitantes.

Respecto a Florida, si bien los factores de violencia también se vienen presentando en mayor medida en la ruralidad, según el personero Ronald Cuesta “todos los efectos de lo que pasa en la zona alta se sienten en la urbana. En los últimos tres meses hemos tenido tres atentados: la quema de dos busetas y una moto con explosivo cerca a la plaza de mercado. De una u otra manera, esto puede incidir en el tema electoral”.

Por su parte, el periodista local Milton Fabián Henao atribuye esta problemática a que “estamos en una zona de conflicto, muy cerca a Miranda (municipio de Cauca) y esporádicamente se presentan situaciones de violencia porque no tenemos cultivos ilícitos en la parte alta. Aquí no se han presentado amenazas o panfletos ”.

Al accionar de los grupos armados, en Buenaventura se debe sumar la afectación a líderes políticos, sociales y comunales y el desplazamiento de muchas familias al casco urbano, o incluso, a la capital vallecaucana.

Ya la MOE, lo había advertido: “En Buenaventura hay más de mil personas desplazadas. Quisiéramos que la Registraduría dijera si se les va a garantizar el derecho al voto”, expresó Alejandro Sánchez, coordinador de la entidad en el departamento.

En varios municipios del Valle del Cauca se han realizado comités de seguimiento electoral en los cuales se ha discutido la seguridad tanto de los candidatos como de los votantes.

Pero eso no ha sucedido, expone Cecilio Alegría, actual candidato a las curules de paz: “La gente se va a quedar sin votar. Se le ha propuesto al Consejo Nacional Electoral, CNE, que brinde las garantías para la votación y ha sido negativo. Estamos diciendo: ‘habiliten una mesa en la zona urbana de Buenaventura y una en Cali para que estas personas voten’”.

Añadió que “eso disminuye la participación de las víctimas para elegir a sus participantes al Senado y a la Cámara ordinaria, a las Circunscripciones Especiales de Paz e incluso a las consultas. Están maquillando el tema para que los verdaderos representantes de las víctimas no lleguemos a los espacios. Los que ejercen la violencia es el mismo Estado a través de la Registraduría y el CNE”.

Según Alegría, después del último Comité de Seguimiento Electoral que tuvo lugar el miércoles, el secretario de Gobierno Municipal de Buenaventura, Jesús Rodríguez, se comprometió a mandar un comunicado a las entidades electorales solicitando garantías para la participación de los bonaverenses desplazados.

Y en Yumbo las afectaciones de violencia, que según el informe de la MOE se catalogan en un nivel medio, son sinónimo de la delincuencia común, de acuerdo con la personera delegada para los Derechos Humananos, Juliana Libreros.

No obstante, una víctima del conflicto que pidió guardar su identidad por motivos de seguridad advirtió que la Administración municipal “no tiene muchas veces en cuenta las suplicas de las víctimas y dicen que aquí no pasa nada”.

Según la fuente, en Yumbo fluctúan más fenómenos aparte de la delincuencia común, como el “microtráfico, que tiene azotada a la población y es el prontuario que tienen los grupos armados de la ley y lo que alimenta las problemáticas que tenemos. La seguridad no se ha podido controlar, pero quieren omitir eso en los comités de seguridad”.