Un juez penal del circuito, le otorgó el beneficio de libertad privativa con restricciones, al alcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda Torres.
Su hijo Eliecer Arboleda Riascos, y el ex funcionario de la ESE Luis Ablanque de la Plata, Luis Eider Mancilla, también fueron cobijados bajo el mismo beneficio judicial.
Los tres, quienes se encontraban privados de la libertad desde el pasado mes de junio, continuarán vinculados a la investigación, referente a la denuncia del ex gerente de la Ese Luis Ablanque de la Plata, Pedro Pablo Cortés, por presuntas amenazas y exigencias que le impusieron para estar en el cargo.
Como se recordará, el ex gerente denunció que el alcalde Arboleda lo habría obligado a firmar cartas de renuncia con diferentes fechas, cuando estuvo vinculado al cargo.
El alcalde, su hijo y el ex funcionario de la ESE distrital, estaban privados de la libertad por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.
La libertad que le otorgó el juez a Arboleda Torres, tiene como restricción no ejercer su cargo como alcalde, cargo del que se encuentra suspendido por los escándalos de presunta corrupción que ha protagonizado desde abril del año pasado.
Su suspensión fue ratificada en el decreto firmado por el ministerio del interior y la presidencia, el pasado mes de diciembre, cuando a través del mismo se oficializó a Maby Yineth Viera Angulo, como alcaldesa encargada, elegida de una terna del partido de la U, que fue enviada en noviembre al presidente Iván Duque.
Eliecer Arboleda Torres al igual que su hijo, estaban privados de la libertad en la cárcel, sin embargo desde hace varios meses se encontraban internados en Hospitales de Cali y Buenaventura, por presentar problemas de salud.
El suspendido alcalde del puerto, también tiene una investigación en curso por el escándalo de presunta corrupción, con la remodelación del Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, caso por el que fue capturado la primera vez en abril del año pasado, junto a varios de sus funcionarios y contratistas de la obra, que aún siguen vinculados al caso.
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