La ruralidad en el Valle del Cauca está amenazada por el fortalecimiento de los grupos armados ilegales que han extendido su accionar a lo largo y ancho del departamento, afectando a la población civil que se ve sometida a desplazamientos, confinamientos, extorsiones, secuestros y acoso.
Uno de los municipios más afectados es Jamundí, donde ha habido un recrudecimiento de la violencia.
“Jamundí ha tenido un conflicto armado por muchos años. Desde los años 70 hasta el 2000 cuando hacen incursión los paramilitares con las masacres en el Naya. En la firma de la paz ya la disputa era entre Los Pelusos y las disidencias de las Farc, guerra que gana la Jaime Martínez, que hoy tiene el monopolio de la violencia en esta zona”, dice el alcalde de esa población, Andrés Felipe Ramírez.
Además, durante la firma del Acuerdo de Paz no fueron incluidos los corregimientos más afectados por la violencia como La Meseta, La Liberia, Ampudia, Villa Colombia, Timba, San Antonio, Puente Vélez y San Vicente. Por eso, el llamado de Ramírez es “a brindar una atención integral, con un enfoque de paz totalmente distinto, con control territorial por parte de la Fuerza Pública, justicia e inversión social”.
Para Iván Carvajal, experto en seguridad, el recrudecimiento del orden público en el Valle pasa por todo lo que está sucediendo en el Pacífico vallecaucano, en Buenaventura, pero también en el Pacífico caucano con López de Micay y en el Pacífico nariñense, en Tumaco, además de lo que sucede en el norte del Cauca.
“Toda esta situación incide en el Valle del Cauca y en Cali como ciudad región. Aquí es donde se materializan los secuestros, las extorsiones y homicidios de personas que huyen de estos territorios”, asegura.
Según Carvajal, “el Ejército y en general las instituciones del Estado, están maniatados y absolutamente reducidos en su operabilidad, por el empecinamiento del Gobierno de continuar una paz total mal estructurada, que está dando respiro a las estructuras criminales y deteniendo el accionar de la Fuerza Pública”.
Por su parte, Juan Manuel Torres, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, explicó que sobre la cordillera Occidental, en la parte norte, en municipios como El Águila y El Dovio, es el ELN el que tiene el control criminal de esta zona.
“La otra zona rural que creo que se le salió de las manos al Gobierno esta sobre cordillera Central, entre los municipios de Palmira, Buga y Tuluá, en el Páramo de las Hermosas y San Pedro, donde la Adán Izquierdo ha hecho estragos (zonas que también tuvieron un control paramilitar), y donde la gobernanza criminal de estos espacios se ha consolidado”, dijo Torres.
Hay tres grupos del Estado Mayor Central de las Farc que acechan en el Valle del Cauca: la Dagoberto Ramos en Pradera y Florida; la Adán Izquierdo en Palmira, Tuluá, Buga y Sevilla y la Jaime Martínez en Jamundí, Restrepo, Dagua y Buenaventura.
Precisamente, la Adán Izquierdo, según el alcalde de Palmira, Oscar Escobar, habría sido la responsable de la matanza de dos jóvenes de 20 años y un menor de 15, el pasado 3 de diciembre, en el sector de Calucé, zona alta de este municipio.
Sobre esto, el secretario de Seguridad de Palmira, coronel (r) Rodrigo Cepeda, manifestó que lo que pasa en la ruralidad del departamento no depende de un control militar totalmente.
“Acá hay que hacer un llamado al Gobierno Nacional porque no son claras las reglas de lo que ellos han denominado unos acuerdos de paz con estas estructuras del Comando Central de Occidente, de las cuales hace parte esta columna, la Adán Izquierdo”.
Agregó que en el cese de hostilidades no hay un equipo de monitoreo para verificar las acciones, no solo de la Fuerza Pública, sino también de las disidencias de las Farc. “Como no hay un control, seguimiento o monitoreo por parte del Gobierno, estas estructuras están haciendo y deshaciendo en la ruralidad, donde tenemos una problemática de acoso, extorsión y, en algunas regiones, secuestro”, expresó.
Para elplitólogo Gustavo Orozco, la ruralidad en el Valle del Cauca también por la definición de competencias entre los militares en temas de conflicto armado y de policía en seguridad ciudadana, que “creo que eso sigue estando en una zona gris que nos sigue pasando factura y que no hemos terminado de definir para garantizar la seguridad rural”-
Por otro lado, anotó que, en particular en el Valle del Cauca, que tiene varios corredores estratégicos para el crimen organizado, los cuales estos aprovechan y “expresan su competencia por el poderío a través de violencia. Esto tiene que ver en particular con las zonas de tráfico tanto en Buenaventura como la parte colindante de otros municipios como Dagua y Cali, pero también las rutas que están más hacia el norte que son las de tráfico hacia varias de las zonas de consumo del centro del país”, puntualizó Orozco.
Buenaventura, en medio de dos guerras
De otro lado, Dennis Huffington, investigador de Pares, afirmó que en la ruralidad de Buenaventura se están presentando dos guerras: En la parte norte, en la frontera con el Chocó, se disputan las AGC y el ELN los territorios del Bajo San Juan y Bajo Calima, que desde el 2021 vienen generando desplazamientos masivos y dejando algunas veredas completamente deshabitadas.
Entre tanto, en los ríos de la parte suroriental: Naya, Yurumanguí, Mayorquín, Cajambre y Raposo, hace presencia la Jaime Martínez que desde el 2020 está en disputa con el ELN por el control criminal y territorial de la zona. “Desde el 2022 hay una fuerte arremetida desde el Cauca del ELN, junto a la Segunda Marquetalia, contra la Jaime Martínez. Esto tiene a las comunidades confinadas y obligadas a tener hombres armados en sus territorios, quedando en medio de los enfrentamientos”, señaló Huffington.
Finalmente, el secretario de Paz del Valle, Orlando Riascos, anotó que hay unos informes y alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que traza todos estos escenarios de riesgo en el Valle del Cauca, empezando por Jamundí, Bajo Calima, el Alto Naya, el Bajo Naya, Cañón de Garrapatas, zona rural de Florida, Pradera, Sevilla, Caicedonia y Buga por la presencia de grupos armados ilegales.
“Y hacen presencia por las rentas ilícitas, lo que genera violencia. Estamos expectantes de que se avance en la negociación, porque siempre el diálogo y la negociación son el mejor camino que la confrontación armada, pero que haya verificación, control y monitoreo para que se cumpla por parte de estos actores ilegales”, expresó.