En la vía entre Cisneros y Zaragoza hay 324 túneles que atraviesan la calzada y amenazan la estabilidad del principal corredor vial del país. Voces de alerta.

Cuando la  doble calzada Buga-Buenaventura aún está sin concluir, su futuro ya está comprometido y con ella los sueños de la región  de convertirse en polo de desarrollo y competitividad. 

Justo cuando el tema de prioridades, recursos y voluntad política empezaron a alinearse en favor del principal corredor vial del país, se cierne sobre la vía la amenaza de colapso por cuenta de un fenómeno ignorado por los últimos gobiernos en Buenaventura: la minería ilegal.

Varios metros por debajo de la capa asfáltica, centenares de personas se mueven por entre socavones persiguiendo de manera ilegal las vetas de oro y poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino la estabilidad de un corredor en el que el Estado lleva invertidos más de $1,6 billones.

Desde falsos ranchos,  que aparentan ser humildes viviendas a los costados de la vía, centenares de personas se introducen a diario en túneles de entre 10 y 15 metros de profundidad, para luego moverse en línea recta por debajo de la calzada.

Son en total 324 socavones que se extienden entre Cisneros y Alto Zaragoza los que amenazan la estabilidad de una vía que se presume que para finales del 2016 debería estar transportando más del 60% del total de la carga que entra y sale del país.

“¿Usted se imagina más de 200  túneles por debajo de la carretera? Eso pueden ocasionar un derrumbamiento de la vía en un largo tramo; sobre todo en el sector de Zaragoza que es donde más se presenta esa situación”, indicó Édgar Iván Quintero, director territorial de Invías en el Valle.

“El tema de la minería nos ha representado bastantes inconvenientes; incluso, por cuenta de esas excavaciones la vía ha fallado en dos ocasiones y nos ha tocado reparar a un costo muy alto porque queda un suelo inestable y eso amenaza la infraestructura de la obra”, dijo el ingeniero.

Un informe  conocido por El País da cuenta de que Invías ha pagado más de $5040 millones para reparar los daños producidos en la doble calzada por esta actividad ilegal, promovida por bandas criminales según datos de organismos de inteligencia.

Luisa Lopera Ledezma, coordinadora técnica de la regional Occidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, recalcó que el problema no es de ahora, que ha tomado mucha ventaja y que el país no puede darse el lujo de asumir los costos ambientales y de infraestructura que este fenómeno genera.

“Lo que hemos hecho como gremio es un llamado de atención por el impacto que la minería tiene sobre la calidad de las obras que se están llevando a cabo. El problema es que si esas cámaras que se abren por debajo de la vía no se les hace un tratamiento y se sellan, pueden colapsar con el tiempo y generar una tragedia”, dijo la funcionaria de la CCI.

Vea las imágenes con la evidencia de los socavones aquí

Frente a los ojos de todos

Pese a que la vía aún no opera al 100 % de su capacidad, en diez oportunidades ha debido ser intervenida por el Invías para reparar los tramos en los que asoman los estragos de los cúbicos que construyen los mineros, quienes cada vez se preocupan menos por ocultar su actividad ilegal sobre la vía.

En gran medida por la falta de acciones de la Administración Distrital de Buenaventura que no solo ha permitido que crezcan las invasiones a los costados de la vía, sino que ha sido permisiva a la hora de emprender las acciones contra las bandas que hay detrás  de la minería ilegal.

Así lo aseguró un exfuncionario de la Alcaldía de Buenaventura que pidió no ser identificado, al señalar que no hay voluntad política en el Distrito para frenar el fenómeno porque hay gente importante involucrada y allí habita un buen caudal electoral.

“Se permitió que la gente vuelva a construir, se les suministra servicios públicos y cada vez llegan más personas a levantar ranchos con la esperanza que el Gobierno les pague $30 millones por las mejoras para seguir ampliando la vía”, dijo la fuente.

Al hacer referencia a esta situación, el vicepresidente Germán Vargas Lleras le aseguró a El País que “vamos a pedirle nuevamente a las autoridades  que tomen el control en estos asuntos ya que la Administración Municipal de Buenaventura no ha podido o no ha querido hacerlo”.

“No podemos seguir permitiendo que la minería ilegal y la informalidad nos esté ocasionando tantos perjuicios en este corredor vial, como está ocurriendo también con el corredor férreo donde la nueva concesión  ha hecho inversiones importantes que se están viendo afectadas. Esto tiene  que tener un orden porque  los perjuicios ya son evidentes”, acotó el vicepresidente Vargas Lleras.

También la ministra del Transporte, Natalia Abello, manifestó que el Valle puede tener “la plena seguridad de que vamos a poner este tema en el primer orden en la agenda porque las consecuencias de esta actividad pueden afectar nuestra productividad”.

Fuentes policiales  aseguraron, asimismo, que esta es una bomba social por la cantidad de niños que viven en la zona y porque son montados por los mineros en las máquinas como escudo para evitar que sean destruidas en los operativos contra la minería.

[[nid:492424;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/12/grafico-mineria-loboguerrero_0.jpg;full;{Gráfico: El País}]]