Recientemente, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Armada Nacional, al Ministerio de Justicia, Inpec y a la Alcaldía de Buenaventura, Valle del Cauca, cerrar inmediatamente el centro de reclusión que funciona en la estación de guardacostas de dicha localidad.
Puesto que, según la Procuraduría, en las instalaciones del lugar de reclusión se evidencian la crítica situación de hacinamiento que contribuye a la proliferación de enfermedades como paludismo, gastritis, enfermedades respiratorias y alergias en la piel, entre otras.
Desde la Armada Nacional respondieron ante la solicitud, asegurando que “esta Fuerza no cuenta con un Centro de Reclusión Militar en la Estación de Guardacostas de Buenaventura”.
Explicaron que las personas privadas de la libertad que se encuentran al interior de la instalación militar, corresponden a sujetos que han sido capturados en el desarrollo operaciones de interdicción marítima encaminadas a combatir las economías ilícitas como lo es el narcotráfico y otros delitos convergentes.
Sin embargo, denunciaron que desde las autoridades judiciales no han recibido a estos privados ante la falta de instalaciones para su recepción.
Incluso, aseguran que “desde el año 2020 se ha expuesto la problemática a las autoridades competentes, requiriendo el traslado de las Personas Privadas de la Libertad de la unidad militar a un Centro de Transición o un Centro Penitenciario, según corresponda, teniendo en cuenta que esta actividad escapa de su rol misional e implica un factor de vulnerabilidad para la instalación militar”.
Entre las personas privadas de la libertad de manera transitoria hay 19 extranjeros y siete colombianos que permanecen en este lugar hasta que su situación jurídica y migratoria, en un espacio cuya capacidad de alojamiento es mucho menor al número de privados de la libertad, sin ventilación y con deficientes zonas de baños y alimentación y puntos críticos que podrían generar una fuga masiva.