Un pliego de cargos fue formulado por la Procuraduría General de la Nación contra Nydia Lucero Ospina López, quien fue alcaldesa del municipio de Obando, Valle del Cauca, entre los años 2020 y 2023. Según el ente de control, se le señala por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de equipos tecnológicos para la vigencia del 2021.
De acuerdo con lo que señaló la Provincial de Instrucción de Cartago del Ministerio Público, todo indica que la exmandataria local dio la orden para realizar un proceso de mínima cuantía para comprar una gran cantidad de escáneres, impresoras y monitores de referencias y marcas específicas para funcionarios de la Alcaldía.
Por lo tanto, la Procuraduría indicó que Ospina López habría hecho caso omiso a los deberes que tenía asignados de manera legal, debido a que habría desconocido los principios de planeación, economía, y responsabilidad que regulan la contratación del Estado colombiano.
Por otro lado, el Ministerio Público sostuvo que ante la asignación de recursos por más de $20 millones para la dotación de infraestructura tecnológica para los funcionarios de su gobierno, la exalcaldesa pudo cometer una falta gravísima calificada de manera provisional a título de culpa gravísima.
Es importante recordar que la Procuraduría General, durante los últimos meses, ha formulado pliego de cargos contra varios exalcaldes de municipios del Valle del Cauca, quienes, en su mayoría, se enfrentan a investigaciones en las que están acusados por presuntas omisiones de responsabilidades en contratos o supuestas irregularidades en esos mismos procesos.
El más reciente es el caso del exalcalde de La Victoria, Mario Alejandro Reyes Galvis, quien es indagado por presuntas irregularidades en la adjudicación de varios contratos, con los que supuestamente recibía una remuneración a su favor.
“La Provincial de Instrucción de Cartago indicó que el funcionario expidió un decreto en 2020 en el que declaró la urgencia manifiesta en el municipio y con fundamento en dicho acto administrativo, se interesó en tres negocios jurídicos por un valor cercano a los $ 150 millones”, señaló en su momento la Procuraduría.
También se encuentra el caso de Jorge Augusto Palacio, exalcalde de Sevilla, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito para la prestación del servicio de transporte escolar rural, para estudiantes de instituciones oficiales en sedes ubicadas en zonas de difícil acceso.
“Presuntamente, el exmandatario participó en la etapa precontractual y, entre otras irregularidades, omitió responder las observaciones presentadas al proceso por una empresa local, solicitar manifestación de interés a los proponentes por la modalidad de selección y pasar por alto que los términos fijados no cumplían con lo dispuesto en la normatividad”, aseguró hace unos meses la Provincial de Instrucción de Pereira.