La funcionaria fue investigada por haberle adjudicado un contrato por $7,5 millones a Pablo Cristian Rodríguez Martínez, un humilde carpintero de Tuluá a quien se le encargó la reparación de 15 bancas de parque.

La Procuraduría Provincial de Buga, a través de un fallo de primera instancia, ratificó la destitución e inhabilidad general por 15 años de la expersonera de Tuluá, Beatriz Eugenia Jiménez González.La sanción contra la exrepresentante del Ministerio Público está relacionada con una investigación que adelanta la Fiscalía desde hace un año por un presunto trámite fraudulento en un contrato para la reparación de 15 bancas del parque de la Sagrada Familia, ubicado en el barrio Nuevo Alvernia de Tuluá.En consecuencia, la Procuraduría le ordenó al Concejo de la Villa de Céspedes designar a un personero encargado mientras se adelanta todo el proceso de selección de un funcionario que termine el período para el cual fue elegida la señora Jiménez González.Según el presidente del Concejo, Adolfo León Arbeláez, será a través de un decreto que expida esta semana el alcalde de Tuluá, José Germán Gómez, en donde se cite a sesiones extraordinarias al cabildo municipal, ya que la corporación sólo se vuelve a reunir en sesiones ordinarias el próximo mes de marzo.De acuerdo con el edil, el estudio de las hojas de vida de los candidatos que aspiren al cargo de personero de Tuluá se podría demorar entre dos y tres meses. Mientras tanto se designará a una persona encargada que no pertenezca a la planta de cargos de la Personería.Es de recordar, que la entonces personera de Tuluá, Beatriz Eugenia Jiménez, fue capturada por el CTI de la Fiscalía en su propio despacho el 18 de diciembre de 2012 al verse comprometida en una investigación por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, tras cinco denuncias que fueron formuladas por un ciudadano tulueño.La funcionaria fue investigada por haberle adjudicado un contrato por $7,5 millones a Pablo Cristian Rodríguez Martínez, un humilde carpintero de Tuluá a quien se le encargó la reparación de las 15 bancas de ese parque.De acuerdo con el testimonio que el contratista rindió en la Fiscalía, de esa cantidad de dinero solamente recibió la suma de $ 600 mil en pago por sus servicios más $ 900 mil para compra de materiales.Otro de los agravantes, es que a su nombre giraron otro cheque por valor de tres millones quinientos mil pesos que cobraron en el banco Caja Social, dinero que le fue entregado a la funcionaria, “tal como se lo dieron en el banco”.En su declaración, Rodríguez Martínez manifestó que unos documentos que le mostraron en la Fiscalía, no correspondían ni a su letra ni a su firma.En la audiencia, se dijo además que la abogada, Luz Piedad Ruíz, funcionaria de la Personería de Tuluá, se negó a ser la interventora de la obra, como se lo solicitó la titular del despacho, debido a que la funcionaria consideró que la naturaleza de la Personería no era la de ejecutar obras públicas.