La institución educativa Jaime Rook ubicada en la zona rural de Buenaventura, Valle, informó que no pudieron iniciar las clases debido a la presencia de grupos armados ilegales, que estarían poniendo en riesgo la vida de los estudiantes y profesores de este colegio.
De acuerdo con la Personería Distrital de Buenaventura, los profesores y estudiantes decidieron no volver a la sede educativa de la región del río Raposo, por temor a que los jóvenes sean reclutados por estos grupos.
Es importante mencionar que este hecho se dio previo a la llegada del Consejo de Seguridad de la ONU a Buenaventura, el cual está en Colombia para adelantar la implementación del acuerdo de paz del 2016.
Según las autoridades, esta situación podría estar afectando a más de 120 niños que habitan en la zona y que, debido a la presencia de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, han decidido no asistir a clases.
Con respecto a esta eventualidad, el personero distrital de Buenaventura, Edwin Patiño, le dijo a El País que han tomado acciones articuladas con la fuerza pública para así garantizar la seguridad y protección de los estudiantes.
Además, el Personero indicó que la fuerza pública no ha ingresado a la región del río Raposo debido a que se debe cumplir un protocolo estipulado por la mesa de negociaciones que adelanta el Gobierno Nacional con las disidencias de las Farc.
“La fuerza pública necesita autorización del Alto Comisionado de Paz para ingresar en la zona y ejercer control. Otra alternativa es que la Jaime Martínez se retire del lugar por orden de la mesa de negociaciones”, le explicó Edwin Patiño a El País.
Por tal motivo, se desconoce cuándo será la fecha de inicio de las clases de esta zona de Buenaventura, Valle.
Por su parte, el personero delegado para los Derechos Humanos de Buenaventura, José Luis Bernat, señaló que ya le informaron a las autoridades sobre la situación que se vive en la región del río Raposo, para que los estudiantes y profesores puedan regresar a clases.
Asimismo, el funcionario manifestó que “no tiene justificación que se atente contra el derecho a la educación de niños y jóvenes por las acciones de unos grupos delincuenciales en la zona de Raposo”.