En la mañana de este sábado se adelantó en Cali, Valle del Cauca, un acto público en el que participaron las víctimas directas e indirectas de los tres casos emblemáticos de secuestro masivo en Valle del Cauca, cometidos por las guerrillas del ELN y las FARC-EP, el de los 12 diputados de la Asamblea del departamento y posterior asesinato de 11 de ellos, el de la iglesia de La María, el del “km. 18”; más la historia de secuestro del Mayor (r) de la Policía Nacional, Guillermo Javier Solórzano, quienes han trabajado en un esfuerzo conjunto por hacer públicos los impactos emocionales en sus familias y la sociedad vallecaucana.
Entre las víctimas participantes estuvieron Gloria Narváez, hermana del diputado Juan Carlos Narváez, asesinado en cautiverio por las FARC-EP; Laura Charry, hija del diputado Carlos Alberto Charry, secuestrado y asesinado por las antiguas FARC-EP; Lourdes Margarita Mesa, esposa de Alejandro Henao, fallecido en cautiverio víctima del secuestro en el Kilómetro 18; y Marcela Betancourt Morales, sobreviviente del secuestro en el Kilómetro 18.
Según Laura Charry “El secuestro significó la ruptura más grande de los sueños de mi familia. Vivir sin diciembres, sin grados, con frustraciones constantes, madurar para comprender el conflicto ha sido de las enseñanzas más dolorosas que he vivido, durante los 5 años del secuestro de mi padre la esperanza moría así fueron los días de mi familia sobreviviendo a este flagelo. El día en que me gradué del colegio nos dieron la noticia del asesinato de mi padre y de 10 de mis compañeros”.
A su turno el padre Francisco de Roux director de la comisión indicó que con las víctimas lo que se vivió “nos ha tocado el corazón. Yo quiero invitarlos a que pongan primero el corazón, hablar desde el corazón y casi que uno podría recordar la canción que dice: que nadie piense que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón. La fuerza con la que ustedes llamaron la atención de conservar la memoria mantener el testimonio por favor no lo olviden nunca, ojalá cada uno de los días y momentos tan duro por causa de este crimen atroz del secuestro”.
Según dijo “estos esfuerzos son una invitación que para que esa memoria que podría ser de rabia y de invitación a la confrontación la transformemos por la dignidad de los que sufrieron y los que murieron la determinación que esto nunca más puede pasar entre nosotros. Una memoria que nos invite a cambiar a que esto tiene que ser distinto a que nunca más vamos a volver a tolerar lo intolerable que somos capaces de recoger a los que nos causaron tanto dolor. Esta es un llamada a la reconciliación, si bien el perdón es una decisión personal es un acto soberano que solo llega cuando un corazón quiere pero la reconciliación es otra cosa, los nietos y los hijos de ustedes pero también de sus victimarios van a vivir aquí, por eso este país debemos construirlo juntos y armarlos juntos”.
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Los hechos que se analizaron fueron el Secuestro de la Iglesia la María, 30 de mayo de 1999; secuestro del Km.18, 17 de septiembre del año 2000; secuestro de los diputados del Valle, 11 de abril del año 2002; asesinato en cautiverio de once de los asambleístas, 18 de junio de 2007. Secuestro del Mayor (r) de la Policía Nacional Guillermo Javier Solórzano 4 de junio de 2007.
Según la comisión este encuentro busca generar conciencia sobre los impactos que generan las violaciones e infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En particular, el secuestro ha dejado afectaciones psicológicas, personales y físicas que perduran en el tiempo para las víctimas y para sus familias; personas del núcleo familiar le han contado a la Comisión cómo en su momento tuvieron que dejar proyectos de vida, cambiar rutinas y perder todo lo suyo con el único propósito de poner a salvo a sus seres queridos.
De acuerdo a las informaciones recolectadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2016, 1.281 personas fueron secuestradas en el departamento de Valle del Cauca. Sin embargo, en Cali, entre los años 2000 y 2001, las autoridades judiciales reportaron la privación de la libertad de 52 niños y niñas en hechos cometidos por las FARC-EP y el ELN, para presionar el pago de altas sumas de dinero a cambio de regresarlos a sus hogares. Estas acciones tenían la característica de estar dirigidas a familias de empresarios y políticos de la región.
Según el organismo, este también es un llamado a recordar para no repetir las condiciones de inhumanidad a que fueron sometidas las víctimas que no regresaron con vida: el ingeniero Alejandro Henao, el médico cardiólogo Miguel Nassif y el comerciante Carlos Alberto García, secuestrados en el km.18 por el ELN. En este propósito, La Comisión también ha elaborado rutas de dignificación para las familias de los once diputados asesinados durante su cautiverio: Carlos Alberto Barragán, Carlos Alberto Charry, Edison Pérez, Francisco Javier Giraldo, Héctor Fabio Arizmendi, Jairo Hoyos, Juan Carlos Narváez, Nancianceno Orozco, Ramiro Echeverri y Rufino Varela.