Impulsemos la contratación incluyente

Por David Matos, periodista de El País.

En Colombia se está haciendo un trabajo loable para promover la integración laboral en beneficio de grupos poblaciones que necesitan protección internacional, como las personas migrantes procedentes de Venezuela y colombianas retornadas al territorio. El éxito de estas vinculaciones a los puestos de trabajo demanda un esfuerzo mancomunado entre los sectores público y privado para garantizar el alcance de las oportunidades a todas las personas con vocación de permanencia en las ciudades de destino.

La Unidad del Servicio Público de Empleo (SPE) articula acciones de intermediación laboral, a través de una red conformada por 206 prestadores autorizados que tienen el objetivo de establecer colocaciones efectivas y fortalecer las capacidades técnicas y asistenciales de los actores involucrados durante los procesos de contratación. De estos prestadores, 70 pertenecen al sector público, conformado por las Cajas de Compensación Familiar, los Entes Territoriales y el SENA, y 136 al sector privado, de las que hacen parte las agencias privadas lucrativas y no lucrativas, y las bolsas de empleo.

Laura Lozano, subdirectora de la Unidad del SPE, informó que aspirantes colombianos y extranjeros pueden acceder a la ruta de empleabilidad del SPE, estructurada en cuatro líneas de acción: registro, orientación vocacional, preselección y remisión de la hoja de vida. “Junto con el GIFMM (Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos) y otros organismos, asesoramos a los aspirantes migrantes para que entiendan el funcionamiento  del mercado laboral, las condiciones del empleo formal y los tipos de contratos disponibles en el país”, dijo.

Esta entidad promueve en alianza con organismos de cooperación internacional, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la OIM, el fortalecimiento empresarial y la sensibilización con los empleadores, a través de un proceso de identificación de talentos y mitigación de sesgos, para garantizar la permanencia laboral.

Lozano considera necesario que la integración de los grupos vulnerables debe reforzarse, a través de políticas públicas, en beneficio de resultados palpables para empleadores, trabajadores y emprendedores, y también de iniciativas, como el proyecto ‘Oportunidades Sin Fronteras’ de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que promueven la participación de los sectores públicos y privados en la apertura de espacios inclusivos.

Hacia la sensibilización empresarial

En el contexto de la migración de las personas venezolanas, Proservis, empresa vallecaucana privada con 36 años de experiencia en la contratación de personal temporal, implementa desde hace un año el Programa de Desarrollo Social, Ambiental y Empleabilidad (SAE) que procura el rescate y recuperación de zonas verdes y comunitarias, y a su vez genera oportunidades de empleo digno para esta población y otros grupos vulnerables, como las víctimas del conflicto armado, mujeres, personas con discapacidad y población LGBTIQ+

Juliana Franco, directora de innovación y experiencia de Proservis, explicó que el Programa SAE surge por la necesidad de fortalecer las capacidades y habilidades de empleadores y aspirantes, respectivamente, con el fin de alcanzar contrataciones efectivas que superasen la desinformación y las barreras existentes para que todas las personas con los conocimientos necesarios accedan a las vacantes en un entorno de economía circular.

Con sede en Cali, la empresa cuenta 104 clientes y más de 15.000 colaboradores que impulsan el sector, a través del desarrollo de iniciativas y programas para el fortalecimiento técnico empresarial, entre los que destaca el componente interseccional, que permite identificar y ubicar de manera correcta a las personas a partir de sus intereses y características intrínsecas.

“Durante la recuperación de espacios en el Programa SAE, desarrollamos ferias de empleabilidad para que los reclutadores identifiquen perfiles y los acerquen a los empresarios. Esto lo hacemos con apoyo de la Alcaldía de Cali y organismos de cooperación, como USAID”, aseguró Marcos Rivas, Líder de Reclutamiento en Proservis.

Ambos profesionales consideran que las personas, nacionales y migrantes, deben reconocer a las empresas temporales como una opción válida para la garantía de empleo digno en compañías formales en las que tendrán posibilidades de crecimiento, además de los beneficios de ley establecidos, y para ello se debe visibilizar los servicios de colocación impulsados y promover la inclusión laboral efectiva en los marcos regulatorios.

Agente integrador

La Corporación de Desarrollo Productivo (CDP), fundada en 1995 por la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, la Universidad del Valle del Cauca y la Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado (Univac), es una institución privada sin ánimo de lucro que, junto con el proyecto Oportunidades Sin Frontera de USAID, promueve programas en beneficio de la integración socioeconómica de las personas migrantes venezolanas.

Gustavo Vivas, director de la CDP, explicó que esta institución promueve procesos de asistencia técnica de apoyo a la orientación y comercialización de empresarios, emprendedores y trabajadores, beneficiarios, que hacen parte de sus procesos de contratación, formación y aprendizaje en los puestos de trabajo.

La CDP, junto con organismos de cooperación internacional, también agiliza la convalidación títulos universitarios ante el Ministerio de Educación Nacional para que estas personas puedan emplearse y desarrollar emprendimientos que traen, no solo oportunidades de empleo y crecimiento para otras personas migrantes, sino también para ciudadanos colombianos.

Por su parte, Mónica Moreno, quien hace parte del equipo técnico de la CDP, coordinó un proyecto de Empleabilidad, en alianza con USAID, en el que se impulsaron talleres de sensibilización que dieron como resultado que las empresas modificarán su política de responsabilidad social corporativa con enfoque de género en beneficio de la contratación asertiva de grupos poblacionales específicos.

“En 2023 articularnos con el Centro Intégrate, Cali, para remitir algunas personas migrantes venezolanas y colombianos retornados interesados en nuestros procesos de formación y perfilamiento de capacidades, lo que permitió superar obstáculos y garantizar vinculaciones de manera ágil y efectiva”, dijo la especialista en Gerencia de Mercadeo.

La alianza entre CDP y OSF dio como resultado 200 colocaciones exitosas de empleos formales en un año, de los cuales el 71% benefició a personas migrantes y retornadas y el otro 29% a personas colombianas. De la cifra total, 60% de las personas empleadas fueron mujeres. De estas 200 contrataciones, 157 personas se vincularon a empresas del sector servicios, 18 en el sector comercio, 17 en el sector manufacturero, 4 en el sector de la construcción; 3 en el sector industrial y 1 en el sector turismo.

El contexto migratorio apremia la divulgación de los esfuerzos que el sector público y privado, en alianza con los organismos de cooperación internacional, desarrollan para impulsar la democratización de las oportunidades de contratación laboral y emprendimientos, a partir del fomento de las aptitudes de los empresarios y los trabajadores. La eliminación de brechas socioeconómicas no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia para el crecimiento económico sostenible.