Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, entregó ‘a dedo’ cerca de $1 billón en contratos a 311 fundaciones

Tal como lo advirtió la Procuraduría General de la Nación hace más de un año, el gobierno del saliente alcalde, Jorge Iván Ospina, venía abusando de la figura de la contratación directa. Pero solo en el caso de las fundaciones es alarmante.

Durante sus cuatro años de gobierno, fueron más de 1260 contratos los que se entregaron ‘a dedo’ entre el 1 de enero del 2020, fecha en la que tomó posesión Jorge Iván Ospina como alcalde de Santiago de Cali, y el 1 de diciembre del 2023, a un mes de culminar su segundo mandato, según la información contenida en el Secop II y en el Sistema Integral de Auditoría, SIA Observa.

Contratos por un valor de $769.223 millones, en los que se favorecieron a 311 fundaciones directamente, y que se aproximan al billón de pesos al sumar la presencia de varias de esas fundaciones en otros contratos en los que figuran como integrantes de consorcios o de uniones temporales y que también obtuvieron contratos de la Alcaldía de Cali a través de distintas secretarías.

Ahí hay que poner la lupa en varias cosas, advierte el analista y politólogo Jorge Luis Yarce. Lo primero, es mirar quiénes son los creadores de las fundaciones, porque si bien se supone que las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro, pues detrás de ellas hay personas que reciben emolumentos, honorarios, contratos, etc, dependiendo de la vinculación que tienen con dicha fundación, generalmente es una forma de direccionar recursos.

“Digamos que esta la manera más ‘transparente’ de direccionar recursos y segundo, las fundaciones tienen un tratamiento fiscal que pueden beneficiar ciertas ejecuciones; por ese tratamiento fiscal particular, también tienen unas restricciones y se tienen que mirar los montos de los contratos, puesto que estos se ven limitados por la experiencia y el objeto contractual”, asegura el analista y politólogo.

Un informe de la Auditoría General de la República advierte que ese tipo de contratación directa con fundaciones o con otros organismos como asociaciones, corporaciones, cooperativas o sindicatos, entre otros, pese a ser legales, “van en contra vía de los principios de la contratación pública, como son la transparencia, la objetividad y la libre competencia”.

“No se advierte que esta situación genere ninguna ilegalidad ni se contraponga a ninguno de los principios que rigen la actividad contractual en Colombia. Sin embargo, debe advertirse la posibilidad de un riesgo real sobre la idoneidad de muchas de estas fundaciones, corporaciones y/o asociaciones en el cumplimiento de los objetos contractuales”, recalca el documento de la Auditoría General.

Direccionar recursos

Para el analista y catedrático Diego Luis Sánchez, “lo que suele pasar es que se contrata con una fundación que tiene la suficiente experiencia, pero les direccionan cuál es el equipo de trabajo que les van a avalar, y de esa manera ponen a trabajar sus propias nóminas y se pagan los compromisos políticos o de campaña de esa manera”.

Es bien sabido también, explica Jorge Luis Yarce, “que los recursos llegan para la ejecución de obras o de cierto tipo de contratos que sabemos que en Colombia son susceptibles de corrupción porque los fondos se desvían, porque hay sobrecostos o porque se aumentan los presupuestos, etcétera”.

“Pero hay que aclarar también que hay fundaciones que se pueden contrastar fácilmente; que tienen la experiencia, la experticia y el capital para cumplir con el objeto del contrato. Pero no son todas”, señala Yarce.

Los mayores contratos se firmaron con las fundaciones Colegio Santa Isabel de Hungría (educación), Prodesarrollo Comunitario Acción por Colombia (educación), Fundacoba (Bienestar Social) y Alférez Real (Seguridad y Deporte y Recreación).

En un análisis previo, realizado por la Auditoría General de la República entre enero del 2014 y julio del 2016, la Fundación Colegio Santa Isabel de Hungría ya figuraba en el séptimo lugar de las 10 fundaciones con los contratos más grandes en Colombia, con un valor de $41.000 millones. Esta vez en un solo contrato del 28 de enero del 2023, le fueron adjudicadas labores por un total de $34.344 millones.

Lo advirtió la Procuraduría

Ya la manera en la que venía contratando el gobierno de Jorge Iván Ospina, y el abuso de la figura de contratación directa o ‘a dedo’, la había advertido la Procuraduría en el 2022.

Aseguró el ente de control que tras una investigación a las modalidades de contratos más utilizadas por el gobierno Ospina, y luego de analizar el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y mediados del 2022, la situación que más preocupaba a los investigadores “es el alto uso de la contratación directa, principalmente los contratos por prestación de servicios; la concentración de contratos en firmas específicas y el riesgo que genera la celebración de los contratos de empréstitos por $625.644 millones con cinco bancos”, de proyectos que entonces no habían iniciado su etapa de diseño.

Según el análisis, realizado tras el escándalo por sobrecostos en un millonario contrato de Emcali, “la Alcaldía celebró en ese periodo 75.509 contratos bajo la modalidad de contratación directa, los cuales suman un valor superior a los $2,8 billones. Es decir, el 57 % del total de los contratos que celebró la administración”.

“Con base en la ley, esta modalidad de contratación debe ser excepcional, por tal motivo, el alcalde Jorge Iván Ospina deberá aclarar por qué su administración ha utilizado la contratación directa de manera recurrente. Además, por qué durante el mismo periodo, la Alcaldía de Cali ha adelantado 108 licitaciones públicas, por el valor de $578.000 millones, tan solo el 20 % del total que se ha asignado vía contratación directa”.