Arreglar las cámaras de seguridad no es un buen negocio para Cali

El debate por el mal estado de las cámaras de seguridad de Cali apenas comienza. A la investigación que le abrió la Procuraduría General de la Nación a la Alcaldía por el mal estado de casi la mitad de estos equipos de vigilancia (véase recuadro) ahora se le suma la petición de expertos y concejales que sostienen que arreglarlas sería una mal negocio para la ciudad porque sería invertir en equipos que ya son obsoletos.

Esto debido a que los actuales equipos no tienen reconocimiento facial de los presuntos delincuentes, ni tampoco de las placas de los vehículos sospechosos. De igual forma, no cuentan con sensores de audio que permitan reconocer sonidos como explosiones o tiroteos.

Dicha tecnología permitiría a las autoridades emparejar la imagen que toman de un transeúnte con la foto del documento de identidad y acceder a toda su información, así como rastrear sus movimientos.

Según el concejal Juan Martín Bravo, el actual sistema de videovigilancia de Cali data de los años 2017-2018 y algunas de 2019. Son cerca de 2.031 cámaras y más de 1.200 están dañadas.

“Pero muchos de esos equipos ya cumplieron con su obsolescencia programada y ya no hay forma de repararlas, lo que ha hecho la Alcaldía es repotenciarlas haciendo mantenimiento. En 2020 la Alcaldía hizo un mantenimiento del sistema por $5.400 millones, en 2021 se gastó $10.800 millones y en 2022 sacaron mantenimiento por $8.000 millones. Mi mensaje es que es mejor comprar un sistema nuevo en lugar de estar actualizando tecnología obsoleta”, dijo el concejal.

De hecho, tras la denuncias hechas en los últimos días por la inoperancia de varios de estos equipos, la Alcaldía de Cali anunció que invertiría $20.000 millones para mejorar su sistema de cámaras de videovigilancia.

“Aquí lo importante es hacerle un seguimiento serio al sistema de videovigilancia de la ciudad para que se trate de una renovación real de equipos y software y no de un mantenimiento de equipo obsoleto”, precisó el concejal Bravo recordando que uno de esos contratos de intervención de cámaras se realizó con Impretics (Imprenta Departamental) y que tiene enredado al alcalde Jorge Iván Ospina con los entes de control.

Bravo asegura que con todo lo que se invirtió en el arreglo de las cámaras dañadas, ya la ciudad habría adquirido un sistema de videovigilancia, nuevo, moderno y con las últimas tecnologías.

Según datos suministrados por el concejal, este nuevo sistema le podría costar a la ciudad entre $28.000 millones y $32.000 millones con cerca de 2.031 cámaras.

Agregó que a estos se suma que el número actual de cámaras de Cali es insuficiente ya que hay 2.031 y deberían ser mínimo 4.000 cámaras.

“Hay unidades residenciales con 180 cámaras, casi el 10 % de las cámaras que tiene la ciudad, pero esta nueva tecnología además debería permitir conectarse con cámaras de conjuntos residenciales y establecimientos que así lo permitan”, dijo.

Una posición similar tiene el concejal Fernando Tamayo, quien sostiene que el reconocimiento facial en las cámaras es clave, ya que permite que estos equipos se conviertan en una herramienta para prevenir los delitos.

“Es importante modernizar el software para alcanzar un nivel superior de la cámaras... pero hay que ir más allá, debemos asociarnos con una empresa de tecnología de punta que responda por las cámaras, pero también por el mantenimiento y dejemos de preocuparnos de esta muerte lenta de arreglar cámaras cada año. Lo que pasa es que para eso se debe hacer un inversión grande. Una alternativa puede ser la sobretasa a la seguridad”, dijo.

Lo que dice la Alcaldía

La Alcaldía anunció una inversión de $20.000 millones para mejorar el sistema de cámaras de videovigilancia durante el resto del año 2023.

Según la Secretaría de Seguridad, antes de que termine el año el sistema de videocámaras estará actualizado y modernizado con la incorporación de tecnología de inteligencia artificial.

Se espera que más del 90 % de las cámaras estén operativas, lo que permitirá un seguimiento más efectivo por parte de la Policía Metropolitana en todo el territorio.