Aumento de invasiones tiene en alerta a los caleños, ¿cómo enfrentar este fenómeno?

En un lote a lado del patio taller Aguablanca del MÍO, entre las carreras 28D y 28B y las calles 112 y 118, ubicado en el barrio Villaluz, al oriente de Cali, desde hace dos semanas se comenzaron a construir más de 150 cambuches, donde personas han invadido ilegalmente. En los alrededores de la Terminal de Transportes también se observan cerca de 30 carpas levantadas por migrantes venezolanos.

Estos son algunos de los más recientes asentamientos informales que se han observado en la ciudad y que han alertado a vecinos de los sectores afectados, concejales y veedores ciudadanos. Y es que a pesar de la situación crítica que atraviesa la ciudad, las invasiones no cesan.

Así lo ratifica el líder de la Unidad Anti Invasiones de Cali, César Lemus: “Definitivamente estamos en un momento de crisis porque la gente sabe la situación, la Policía ha estado muy concentrada en contener esta ola de tensión en la ciudad, está tratando de volver a recuperar el orden público, y la gente está aprovechando eso para invadir todo tipo de terrenos y efectivamente por eso se ha disparado la situación en la ciudad”.

De hecho, el concejal Juan Martín Bravo alertó a las autoridades sobre la situación y también sobre el uso inadecuado de otros espacios de la ciudad, como las estaciones del MÍO, e hizo un llamado a las autoridades para que puedan fortalecer las acciones para mitigar la problemática.

“Estamos en un abandono total, vemos cómo el escenario público es destruido; por la Terminal de Transporte, por la Avenida Las Américas, se ven más de 30 carpas de migrantes venezolanos. Llevan más de un mes invadiendo el espacio público, pero más allá de la problemática es que es un tema social, se tienen niños en condiciones inhumanas; las autoridades ven esto y no están haciendo nada”, afirma el cabildante.

Asimismo, Bravo asevera que en esa misma zona queda el monumento al Ferrocarril del Pacífico, ubicado frente a Metrocali, que se convirtió en un cambuche para personas habitantes de calle.

Es por ello que hace “ un llamado a que las autoridades no sigan permitiendo los asentamientos informales, no permitamos que se siga deteriorando el espacio público. El llamado es a la Secretaría de Bienestar Social, para que empiece a actuar; a la Secretaría de Seguridad y Justicia, que ha brillado por su ausencia; a la Personería; al ICBF, porque los niños de las invasiones están en situación de vulnerabilidad; y a la Policía, para que levanten esos cambuches”, expresa el concejal.

Igualmente, comenta que la Terminal Paso del Comercio del MÍO “se convirtió en una ‘piscina’: los corredores están llenos de agua, y en videos ha quedado registrado que niños y jóvenes se sumergen allí. Esto, sin duda, pone en riesgo la integridad de los menores”.

Por ello, reitera: “No se está haciendo respetar lo público ni lo privado, algo que deberían hacer las instituciones”.

Este mismo llamado lo hacen los residentes del sector de Villaluz, al Oriente de Cali, donde no solo se ha visto nuevos cambuches en los alrededores del patio taller Aguablanca del MÍO, sino también en la estación del Masivo que está en construcción.

“Hemos llamado a la policía, la primera vez sí los desalojaron, le tumbaron los cambuches y todo, pero cuando ya se fue la policía y el personal de la Alcaldía, los invasores volvieron a ingresar, y desde entonces permanecen ahí, hay muchos venezolanos con niños y muchos carretilleros. Hemos vuelto a reportar, llamar, pero nadie viene”, comenta una habitante del barrio, quien por seguridad pidió omitir su identidad.

En este sentido, la veedora ciudadana Luz Betty Jímenez, considera que lo que ocurre con las ocupaciones en varios sectores urbanos y rurales de la ciudad, “obedece en buena parte a la negligencia y abandono de la Administración Municipal en el control de los bienes públicos y privados”.

En Cali, según veedores, se requiere “una política en vivienda social, y la propiedad privada debe cumplir con su verdadera función social, así como políticas coherentes para migrantes”.

Respecto al aumento de las invasiones en la ciudad, el líder de la Unidad Anti Invasiones, César Lemus, cuenta que los últimos días “hemos hecho varios operativos, por ejemplo en Pizamos II, III, en la Olga, en Cali hemos tenido 53 plazas invadidas. En estos días hay mucho trabajo, el pasado jueves en Pizamos se tumbaron 37 techos en el operativo; en La Olga, se tumbaron alrededor de 50 techos”.

También señala que “en el Jarillón se tienen 70 cambuches armados por migrantes venezolanos y también están en los alrededores de la Terminal de Transporte, pero el procedimiento con ellos es complejo porque son extranjeros. A ellos se les hace una caracterización y se interviene conjuntamente con Migración Colombia y otras actividades”, dice el funcionario, quien afirma que además de venezolanos también “hay mucha gente incluso de la ciudad que ya tiene vivienda y está invadiendo”.

Además, Lemus aclara que los procedimientos que realiza la Unidad Anti Invasiones de Cali solo se pueden hacer en predios del Municipio. “Nosotros somos competentes para actuar en estos predios, cuando son predios particulares le corresponde al particular. La policía es competente para expulsar a los invasores en las primeras 48 horas. Cuando se pasa este tiempo se requiere iniciar un procedimiento, una querella ante el inspector o corregidor competente, si es urbano o rural, respectivamente”.

Y frente a las quejas de respuesta oportuna y las acciones para mitigar la problemática del aumento de invasiones, indicó: “Estamos dando respuesta en la medida de lo posible, de acuerdo a nuestra competencia”.
El País intentó contactarse con voceros de la Secretaría de Bienestar Social para conocer las acciones que se realizan desde la Cartera, pero no fue posible.

Empoderar a la ciudadanía con mejoras desde lo público para que la gente recupere la institucionalidad, es una de las propuestas para evitar incremento de invasiones.

La primer tarea que tiene que hacer la Administración, según el cabildante Juan Martín Bravo, es tratar de recuperar el orden público, y después “mirar cómo se pueden aprovechar estos espacios para actividades culturales o para empoderar a la ciudadanía, que se dé cuenta que eso es patrimonio público”.

Por ejemplo, añade, “qué pasaría si en los alrededores de la Terminal se hace un embellecimiento, la renuevan; qué pasa si empoderan a los habitantes de esa comuna, porque lo que pasa hoy es que la gente no se apropia de lo público y cuando eso sucede, vale nada si se destruye”.

Con los migrantes “hay trabajar articuladamente con la Nación para empezar a dar una solución”.

Para el veedor Pablo Borrero, “resulta prácticamente imposible resolver los problemas sociales derivados al déficit habitacional, dejando en manos de los promotores e invasores de tierras la tarea de incentivar a los destechados para ocupar bienes públicos y privados aprovechando la crisis económica, sanitaria y la dinámica del paro nacional”.