Autoridades de Cali realizaron el desalojo de un predio que fue ocupado irregularmente

La Alcaldía de Cali adelantó a primeras horas de este viernes, 25 de agosto, la diligencia de materialización de la medida correctiva de restitución y protección de bien inmueble a un predio que es propiedad del Instituto Nacional de Vías, Invías.

Este está ubicado sobre el corredor férreo que conecta la ciudad con Jamundí, exactamente en el sector comprendido entre la carrera 127 con calle 25, el cual ha sido ocupado de manera irregular por un tercero.

La diligencia es acompañada por Policía, Personería, personal de Derechos Humanos, Unidad de Bienes y Servicios, Bienestar Social y otras dependencias como la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Cabe resaltar que este predio está ubicado en el corredor férreo por donde pasará el tren de cercanías.

“Este predio había sido ocupado de manera irregular por un particular y una vez se le entregue a Invías, esta entidad se encargará de su vigilancia y seguridad”, manifestó Gerardo González Llanos, corregidor de Pance.

Destacó que durante la diligencia se agotaron todas las instancias, las garantías procesales de ley, acciones de tutela y derechos de petición, los cuales siempre salieron favorables a la Alcaldía de Cali al establecerse que este predio, propiedad de la Nación, es eje férreo que conectará en una primera etapa a la capital vallecaucana con la municipalidad de Jamundí, César Augusto Lemos Posso, subsecretario de Servicios de Acceso a la Justicia, señaló: “esta medida correctiva recuerda que por este sector circulará el Tren de Cercanías, un proyecto de mucha importancia para la movilidad de un amplio número de ciudadanos”.

El funcionario subrayó que es una decisión tomada desde hace varios años, adelantándose diligencias similares en el sector como fue la recuperación de la antigua estación del ferrocarril, que desde hace más de 30 años estaba invadida.

“Al tiempo, se obligó a grandes propietarios de tierras a correr sus cercas, al igual que a la firma Espumas del Valle, acciones que continuarán en estas inmediaciones”, añadió el Subsecretario.Lemos Posso precisó que en el predio restituido, donde funcionaban unas caballerizas, se mantenían equinos como negocio privado y se criaban especies menores, tenía pendiente la diligencia de restitución desde hace dos años.

“El señor que estaba a cargo pidió, en principio, dos meses de plazo para entregar, lo que luego no cumplió voluntariamente; de ahí la materialización del procedimiento”, dijo. Añadió que a este ciudadano se le ofrecieron garantías como un albergue para adulto mayor, la cual rechazó. Asimismo, se le ofreció que los bienes y enseres que tenga en este predio sean llevados al sitio que él disponga o a una bodega del Distrito

Geraldine Villamil, coordinadora operativa de la Unidad de Protección Animal, contó que durante la intervención evidenciaron algunos animales de corral y cerdos. De ahí la presencia de funcionarios de este organismo distrital, para salvaguardar la vida e integridad física de estos seres sintientes y, de ser necesario, trasladarlos al Centro de Bienestar Animal donde se les brinde la atención veterinaria del caso y el albergue que requieran.

¿Cómo va el desalojo de vehículos del predio de la 66?

A pesar de que el desalojo de más de 3.000 vehículos de los patios de la Secretaría de Movilidad, situados en la carrera 66 con avenida Pasoancho, estaba programado para el 10 de agosto, el procedimiento se encuentra en suspenso debido a una tutela presentada en el último momento que detuvo el proceso.

La cronología del desalojo de esta propiedad está vinculada a una denuncia originada en el Concejo de Cali, que señaló a la Secretaría de Movilidad y al Centro de Diagnóstico del Valle, CDAV, de haber pagado un arriendo durante una década al supuesto invasor de este terreno, el cual está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de gestionar los bienes confiscados al narcotráfico. El concejal Juan Carlos Tamayo afirmó que el posible perjuicio podría ascender a los $10.000 millones.

“Si la responsabilidad es del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, ¿dónde está el responsable? Me preocupa la posible demanda de la SAE por haber usufructuado un predio durante 10 años sin ellos percibir recursos. Si solo el municipio pudo percibir $1.800 millones en 2021 por ingresos de patios y se estima que el CDAV recibió $2.700 millones, cuánto recibió ese particular. El detrimento es muy grande y si hay demanda, puede superar los $10.000 millones en el lapso de los 10 años que se usó ilegalmente ese predio”, denunció el cabildante.

¿Cuál es la razón para el desalojo del terreno?

Según lo expresado por el concejal Tamayo, el proceso de desalojo del terreno debía llevarse a cabo el jueves 10 de agosto. Esto se debía a que en la última instancia, tras agotar todos los recursos, se emitió un fallo en contra de la Secretaría de Movilidad y del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV). La decisión se fundamentó en que el estacionamiento de los vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito ocupaba el terreno de manera irregular, generando perturbaciones para la entidad que posee la propiedad.

“Esto quedó contenido en la Resolución 726 de 2023 firmada por el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet. Así mismo, al confirmar toda la decisión del Inspector 17 de la Policía, se debe proceder a la restitución del inmueble, lo que significa reubicar los vehículos del antiguo patio de la carrera 66″, sostuvo Tamayo.

No obstante, el concejal afirma que la Secretaría de Movilidad y el CDAV muestran poca voluntad para trasladar los vehículos, lo cual genera preocupación ante la posibilidad de que durante el proceso de desalojo estos automóviles terminen congestionando la avenida Pasoancho y causando un colapso del tráfico vehicular.

Adicionalmente, señala que la cuestión más grave es que esto atribuye al Distrito de Cali la responsabilidad por una negligencia en la custodia que debía ejercer sobre los vehículos que fueron objeto de inmovilización y que ahora están bajo la tutela del Estado.

“El riesgo que está asumiendo la Administración Distrital es muy grande, debido a que si le llega a pasar algo a esos vehículos, se podrían venir demandas por daños al patrimonio de parte de los propietarios que tienen sus carros o sus motos inmovilizados en este lugar”.