Con derecho de petición, solicitaron a la Alcaldía de Cali demoler torre de un proyecto hotelero en El Peñón

La polémica por la necesidad de demolición de una de las torres en el edificio de La Sagrada Familia aún sigue vigente. Recientemente, algunos ciudadanos radicaron un derecho de petición dirigido al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para solicitar que se dé celeridad a este proceso.

“Solicitamos a usted en su calidad de alcalde de Santiago de Cali que se ejecute sin más dilaciones la sanción urbanística impuesta a los propietarios, tenedores o administradores del edificio del antiguo Colegio Sagrada Familia, mediante resolución No. 4161.010.21-1006 del 26 de agosto del 2018, emanada por la Secretaría de Seguridad y Justicia”, manifiesta el derecho de petición.

Se debe recordar que el antiguo secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, manifestó que la ciudad estaba en riesgo de recibir una demanda por unos 60.000 millones de pesos por no hacer cumplir esta orden de demolición, por lo que en su momento ordenó que se ejecutara rápidamente, pero tampoco fue cumplida.

La controversia se da porque en este antiguo colegio se tiene pensado construir un hotel con zona comercial, proyecto que arrancó desde 2013, pero solamente se les otorgó el permiso para construir dos sótanos y llegar en altura hasta cinco pisos; sin embargo, los constructores excedieron esos límites.

“El antiguo Colegio La Sagrada Familia de Cali, construido en 1919 y ampliado en 1930, ubicado en la calle 3 oeste n.° 3-20, en el barrio El Peñón, ha sido declarado sucesivamente como Bien de Interés Cultural del ámbito municipal por el POT, con nivel de intervención 1 de Conservación Integral como parte de la memoria colectiva y patrimonio cultural de los caleños”, manifestaron los ciudadanos en el derecho de petición, al exponer que lo que se quiere construir en ese recinto iría en contra de estos mandatos.

Más detalles sobre el proyecto

El proyecto hotelero y comercial de la Sagrada Familia es promovido por la firma Jero SAS.

En el momento en el que el exsecretario Carlos Soler se pronunció sobre el caso y ordenó la demolición, el abogado del grupo Hernando Morales, calificó la decisión de la Administración como un acto irresponsable y “ajeno al derecho”.

“El secretario Soler habla de que hay órdenes de jueces, eso no existe; habla de seis denuncias de estafa que no existen, es un acto irresponsable”.

Explicó que todo lo que se hizo en el proyecto de remodelación de la Sagrada Familia es legal porque, “en cualquier proceso constructivo se pueden hacer modificaciones, esos son temas normales, yo puedo subsanar después y obtener los permisos y nosotros radicamos eso”.

De acuerdo con el abogado, el municipio nunca respondió a las nuevas solicitudes que hicieron los constructores y que, según la ley, el silencio administrativo se toma como “un acto administrativo que aprueba, entonces desde el punto de vista legal todo está aprobado”.

Agregó que no hay ninguna norma sobre el patrimonio que se esté violando con la construcción y que se interpondrá una queja disciplinaria, además que se pedirá una rectificación por “actos irresponsables como el de Soler que le causan daño al proyecto porque se habla de estafas que no existen”, afirmó.

Sin embargo, Wilson Gallego, abogado de un grupo de personas que invirtió en el proyecto de hotel de la Sagrada Familia y que se declaran víctimas, dijo que sí hay investigaciones preliminares en la Fiscalía por el delito de estafa contra los promotores de esa iniciativa.

“Desde 2016 unas personas compran en este proyecto porque se asegura que cuentan con toda las licencias para desarrollar la construcción, existen artimañas, eso es un engaño”, dijo.

Agregó que contrario a lo que dice “el doctor Morales, el no demoler, luego del fallo de segunda instancia da razón para un segundo delito. Si la Administración toma la decisión es porque tienen los elementos para hacerlo, nos encontramos frente a una conducta que se enmarca en la estafa, al modificar los planos y ocultar la verdad y decirle a los inversionistas que contaban con la licencia cuando no era cierto”, reiteró Gallego.