Concejo de Cali le pedirá explicaciones a la administración por contratos de separadores viales

En el Concejo Distrital de Cali se hizo la solicitud a la Alcaldía de aclarar cómo se ha ejecutado la inversión de los $ 14.500 millones en los contratos del 2021 y 2022 para la intervención de los separadores viales de la ciudad.

Entre las peticiones está esclarecer si se hicieron todos los estudios del mercado para determinar los costos de los elementos instalados y se solicitará información sobre el proceso de mantenimiento y adecuación paisajística del espacio público en los separadores viales.

Juan Martín Bravo, concejal de Cali, señaló que “hay unos aspectos en los contratos con unos valores altos que nos llevan a pensar que hay posibilidades de sobrecostos, como unos elementos que servirán para depositar alimentos para los pájaros a $750.000. Además, $14.500 millones en esta estrategia es un dinero significativo, por eso es importante que nos rindan cuentas al respecto”.

Asimismo, han surgido dudas frente a la implementación de los recursos para el componente ambiental de los separadores.

“En cada uno de los contratos hay duda sobre el proceso que se está realizando para el mejoramiento del espacio ambiental, uno de ellos es la autorización de la Subdirección de Ecosistemas del Dagma, documento que no está soportado”, sostuvo el concejal Juan Pablo Rojas.

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El cabildante declaró que, ya que la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios (Uaegbs) no es un organismo competente para realizar intervenciones de tipo ambiental, es importante que se anexe toda la documentación de permisos y estudios que se hayan realizado al respecto.

Los concejales manifestaron que es importante también hacer un seguimiento al proceso contractual que se realizó para el mantenimiento de estos separadores. De hecho, justo antes de renunciar a su cargo, el exdirector de la Uaegbs, Carlos Alfonso Salazar, explicó que este proceso se había realizado de forma transparente.

“Con esta figura de concurrencia, que significa pluralidad de oferentes, estamos contribuyendo a la transparencia de los procesos licitatorios y la reactivación económica no concentrada en un solo contratista”, dijo el antiguo director de la Uaegbs.

El exfuncionario, incluso, manifestó que en el proceso se evitó un posible hecho de corrupción por parte de algunos de los oferentes que tuvo la licitación del 2022.

“Esta licitación obtuvo ocho oferentes, de los cuales cuatro fueron rechazados porque dos presentaban conflictos de intereses por presentar propuestas en las que la representación legal de uno contaba con un integrante de una empresa consorciada de la otra, así las cosas, el pliego tipo exige que se rechacen las dos propuestas. A otra se le requirió que presentara aclaración sobre unos documentos inexactos, pues no tenían coherencia con la verificación que hizo el comité evaluador en el proceso y, por último, otro proponente debía subsanar algunos requisitos y no lo hizo”, comentó Salazar Sarmiento.

El nuevo director de la Uaegbs, Miguel Francisco Prado, aseguró que una vez llegue al organismo la solicitud para asistir a la plenaria del Concejo habrá pronunciamiento al respecto, lo cual no ha sucedido hasta el momento.

Sin embargo, indicó que tiene la intención de informar sobre todo lo que el Cabildo requiera.

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Este organismo tiene, como fecha máxima, hasta el 30 de noviembre para realizar la citación, la cual ya está radicada y se está a la espera de que el presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave, la haga oficial en la agenda de control político de la corporación.