Contraloría de Cali halló un detrimento patrimonial en el Dagma superior a $3000 millones

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, está envuelto en un escándalo debido a unos hallazgos de la Contraloría de Cali, en donde se evidenció algunas irregularidades en el proceder de la entidad.

El hecho fue puesto en conocimiento por parte del concejal Juan Martín Bravo, quien manifestó explicó que todo se dio por la falta de gestión del Dagma para cobrar algunas sanciones ambientales a diversas empresas.

“En los hechos que llevaron a encontrar el detrimento patrimonial está el expediente sancionatorio 251 de 2017, en el que a una gran empresa le aplicaron una multa y de manera irregular bajaron la tasación de las multas y no justificaron los motivos de la reducción”, explicó el cabildante.

Según la información de la Contraloría de Cali, el detrimento patrimonial que se tiene en el Dagma por estas malas prácticas es de $3636 millones. En el documento final se tuvo 12 hallazgos, de los cuales 4 son administrativos, 4 con incidencia disciplinaria, 1 con incidencia penal y 1 con incidencia fiscal.

“Hubo otro caso en el que una empresa fue multada y el expediente donde se hicieron las multas desapareció, se borró de la entidad del Dagma. Esto llevó a que la Contraloría tenga esta denuncia en la Fiscalía”, agregó Bravo.

De acuerdo con lo consignado en el informe final de la Contraloría, la documentación existente en los expedientes del Dagma no dan buena fe de la correcta actuación de la autoridad ambiental, teniendo en cuenta que se presentaron múltiples modificaciones y errores en las actas.

“El detrimento patrimonial afecta directamente la capacidad de la ciudad para implementar proyectos y programas que beneficien a la comunidad en temas ambientales. Además, invito a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de corrupción y a participar activamente en la vigilancia y supervisión de los recursos destinados al beneficio colectivo”, recalcó el cabildante.

Asimismo, la Contraloría reveló que hay debilidades en los procesos de seguimiento y control de la tasación de las multas ambientales por parte del Dagma, lo que hace que en últimas se ponga en riesgo el dinero público.

“Insto a las autoridades a tomar medidas contundentes para que los responsables sean llevados ante la justicia y se recuperen los recursos desviados. Asimismo, espero que esta situación sirva como un llamado de atención para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública”, aseveró el concejal Juan Martín Bravo.

Hasta el momento las directivas del Dagma no se han pronunciado frente a este caso, pero se espera que en las próximas horas puedan dar una explicación a la ciudadanía por estas presuntas irregularidades encontradas por la Contraloría de Cali.

Irregularidades por la Feria Virtual de Cali

La realización de la Feria de Cali virtual, en el año 2020, ha sido motivo de muchos escándalos. El más reciente es la formulación de cargos al alcalde Jorge Iván Ospina por presuntamente tener un presupuesto muy grande sin estar basado en estudios financieros sólidos.

“De acuerdo con la investigación, al parecer el convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para su organización se habría firmado por 11.955 millones de pesos, sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia de covid-19″, señala la Procuraduría, como argumento para tomar la decisión.

Además, al juicio disciplinario también fue llamado José Darwin Lenis, quien en ese momento era el secretario de Cultura de Cali.

“Para el Ministerio Público, la administración municipal tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar, cosa que en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”, agregó la Procuraduría.