Contraloría ratificó detrimento patrimonial en Feria de Cali Virtual

Después de cinco meses de haberse celebrado la polémica Feria de Cali Virtual, que tuvo lugar entre el 25 y 30 de diciembre del 2020, la Contraloría Municipal ratificó que en el evento se incurrió en un presunto detrimento patrimonial de $5.281 millones, que equivale al 41 % del costo total que tuvo el encuentro cultural insignia de la ciudad.

Así lo confirmó el ente de control en su informe final de fiscalización de los convenios y contratos realizados para la celebración de los eventos de la Feria Cali versión 63, en el que determinó 44 hallazgos de naturaleza administrativa, de los cuales 38 tienen presunta incidencia disciplinaria; 10 con presunta incidencia fiscal y 10 con presunta incidencia penal.

Estas cifras difieren de las 48 observaciones administrativas, 42 de presunta incidencia disciplinaria, 14 de presunta incidencia fiscal y 11 con presunta incidencia penal que el ente de control había establecido en un informe preliminar que fue divulgado un par de semanas atrás y que, por el debido proceso, fue sujeto a contradicción por parte de Corfecali.

En el marco de la Feria de Cali Virtual, Corfecali suscribió 523 contratos que representaron $12.651 millones. De este universo, el equipo auditor de la Contraloría se basó en una muestra de 84 contratos por un valor de $.7841 millones, equivalente al 62% del valor total de los actos contractuales entablados por el ente gestor del evento.

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El grueso del presunto detrimento patrimonial radicó en los Encuentros Comuneros Bioseguros, que en principio se propusieron como presentaciones artísticas presenciales en los barrios y corregimientos de la ciudad.

En este punto la Contraloría advirtió un presunto detrimento patrimonial por $4.713 millones, un cargo penal por contrato sin el lleno de los requisitos legales y varias faltas disciplinarias.

De acuerdo con el ente de control, en las cláusulas tercera y cuarta del convenio que entablaron la Secretaría de Cultura y Corfecali para realizar la Feria se condicionó que Corfecali regresaría los recursos de este evento a la Secretaría si los indicadores de Covid-19 empeoraban y no permitían llevarlo a cabo. Esto terminó ocurriendo cuando el 16 de diciembre el Alcalde decretó la alerta roja, prohibió los eventos con aforo, impuso toque de queda nocturno y la medida de pico y cédula.

No obstante estas limitaciones, Corfecali y la Secretaría de Cultura modificaron el convenio administrativo “pasando por alto las obligaciones del convenio de cumplir y desarrollar las actividades de la Feria tal cual fueron planeadas, programadas y establecidas”, cambiando la estructura de puesta en escena presencial por grabaciones que serían realizadas en diversos estudios de la ciudad, pero manteniendo las partidas presupuestales.

Para la Contraloría estas actuaciones violan las normas de contratación, “conllevando a una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica”.

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Otro de los hallazgos que configura un presunto detrimento patrimonial de $79 millones fue la contratación de una interventoría para el convenio entre la Secretaría de Cultura y Corfecali. Para el ente de control esta labor no estaba soportada y habría sido injustificada. Además, esta actuación habría derivado en una presunta comisión de delitos como peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Entre los hallazgos establecidos por la Contraloría también quedó en firme el de un presunto detrimento de $271 millones en un contrato con la empresa Cacumen Post para hacer el ‘mapping’ (proyección de imágenes de video sobre superficies) del Salsódromo y el Carnaval de Cali Viejo.

Según el informe de la Contraloría, dicho convenio, que tuvo un monto total de $948 millones, se habría otorgado al contratista sin haber cerrado el concurso y sin contar con las pólizas correspondientes.

Además, a la hora de su ejecución en el Cali Viejo el ‘mapping’ no funcionó bien por las luces que instalaron para la transmisión, lo que llevó a la utilización de pantallas LED en vez de los paneles especiales, lo que habría derivado en el detrimento mencionado.

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En su informe final sobre la Feria Virtual la Contraloría también alertó por irregularidades contractuales y documentales, pues anotó hallazgos administrativos y disciplinarios en 55 órdenes de compra que suman $1.378 millones a las cuales no se les designó supervisor.

“Lo anterior, ocasionado al parecer por falta de planeación, generando riesgo en la realización del objeto contractual, dificultad en el ejercicio del control fiscal ante la inexistencia de trazabilidad en las actuaciones”, remarcó la Contraloría.

Para la veedora Luz Betty Jiménez “la dilapidación de los escasos recursos del presupuesto para una Feria Virtual, es uno de los tantos asuntos que tienen a Cali en crisis, la cual es imparable y de la que difícilmente se repondrán la ciudad y los caleños”.

El también veedor Pablo Borrero señaló que la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía “deben ser rigurosas, al tiempo que los caleños debemos exigir que el Alcalde rinda cuentas”.

Borrero agregó que el control político que realizó el Concejo “no tuvo por objeto profundizar en los pormenores del despilfarro. Esto amerita que se reabra el debate”.

En medio del barullo, la tensión y los problemas de orden público que sacuden a Cali desde hace más de dos semanas, la Contraloría Municipal publicó su informe final de fiscalización del alumbrado navideño móvil del 2020, en el que reveló irregularidades y falta de planeación de la inversión.

El documento reseña cinco hallazgos con presunta incidencia disciplinaria. Uno de ellos se centró en que hubo fallas en la estructuración de los estudios del sector para determinar el valor real del contrato, que tuvo un costo de $10.334 millones y estuvo a cargo de las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

La Contraloría indicó que el monto se habría determinado tomando como base el valor de los bienes y servicios contratados para el alumbrado navideño de las vigencias 2018 y 2019, incrementando su valor con los IPC, sin tener en cuenta que la versión del 2020 sería móvil y esto modificaría los costos.

“Lo anterior, se presenta por presunta falta de control y seguimiento al proceso de planeación contractual, lo que genera riesgo en la inversión de los recursos públicos”, remarcó el ente de control.

Asimismo, se encontró que el supervisor del contrato suscribió informes para sustentar el pago total del valor contractual sin haberse cumplido con la totalidad de los recorridos y sin que los elementos del alumbrado cumplieran especificaciones técnicas.

De otra parte, la Contraloría indicó que debido a que no se realizó la totalidad de los recorridos programados, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Uaespm, y Emcali se encuentran actualmente en proceso de conciliación de los valores y “suscribieron un acta de liquidación en la que se dejó plasmado que se realizará una devolución de dinero, en razón a saldo a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali por valor de $1.438.150.748”.