Detrimento por Feria de Cali Virtual habría sido de $5.282 millones

El informe preliminar de fiscalización de los contratos suscritos durante la Feria de Cali virtual, que se celebró entre el 25 y 30 de diciembre del 2020, deja entrever un baile de presuntas irregularidades cometidas en el polémico evento que le costó a la ciudad cerca de $12.000 millones.

En su informe, la Contraloría de Cali da cuenta de 48 observaciones de carácter administrativo, de las cuales 42 tienen presunta incidencia disciplinaria, 14 presunta incidencia fiscal y 11 con presunta incidencia penal.

Una de las observaciones más llamativas que hizo el ente de control se centra en que para la Feria Virtual se habría destinado un presupuesto que no se ajustaría a la realidad social ni económica de la ciudad.

Esto, teniendo en cuenta que la Secretaría de Cultura realizó un análisis del sector para el convenio con Corfecali pero “no se logra extraer que el valor del convenio interadministrativo ($11.955.020.000), ni del aporte de la Secretaría de Cultura ($10.868.200.000) hayan sido producto de un análisis objetivo de precios(...) en los estudios previos tan sólo se hizo referencia a la información histórica de la demanda, bajo presupuestos que no son aplicables para realizar una feria virtual, ya que los componentes de los eventos artísticos de la ferias pasadas, tenían un factor predominante en el precio como era el que se realizaban de forma presencial”.

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En su informe, la Contraloría hace referencia reiterada a la “falta de planeación” del evento y de las decisiones contractuales que se tomaron para llevarlo a cabo.

Ante esto, el concejal Juan Martín Bravo llamó la atención por el alto costo de la Feria de Cali y afirmó que “el exgerente de Corfecali (Alexánder Zuluaga) se extralimitó”.

Para la concejala Diana Rojas el informe de la Contraloría da cuenta de que “no se hicieron convocatorias ni procesos de selección pública, se pagó por encima de los precios de mercado y se firmaron contratos de más de 900 millones sin la autorización de la junta directiva de Corfecali. Aquí debe haber explicaciones y que se asuman todas las responsabilidades políticas, fiscales, disciplinarias y penales que haya lugar”.

Los eventos bioseguros fueron la actividad en la que más se invirtieron recursos (39 % del presupuesto), seguidos del Salsódromo (20 %) y el Cali Viejo (13 %).

La Contraloría hizo un total de 14 observaciones con presunta incidencia fiscal y que implicarían un posible detrimento de $5.282 millones en la contratación de la Feria.

Contractualmente, la Secretaría de Cultura y Corfecali pactaron que, en caso de darse factores externos que obligaran a cancelar eventos de la Feria, Corfecali debería retornar el presupuesto de dichos eventos. Dado que los 81 encuentros comuneros bioseguros que se querían hacer con artistas en vivo no se pudieron realizar debido a la pandemia, el 18 de diciembre ambas entidades modificaron el convenio administrativo y cambiaron la estructura de puesta en escena presencial en cada comuna y corregimiento, por grabaciones que serían realizadas en diversos estudios de la ciudad, manteniendo las partidas presupuestales.

“Se encuentra un presunto incumplimiento a los deberes establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 34 de la misma norma (Ley 734), al no cancelar el evento por su imposibilidad de ejecutarlo en la forma programada a raíz de las medidas de contingencia sobre la pandemia Covid 19, y no retornar los recursos asignados para el mismo, conllevando a una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica..., lo cual ocasiona un detrimento al patrimonio público por valor de $4.713.840.000”, reseñó la Contraloría, que agregó que esta actuación también podría incidir en la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Para la grabación de las presentaciones que se realizaron durante la Feria de Cali virtual se utilizaron diez estudios de la ciudad y aunque todas las órdenes de compra contemplaron las mismas exigencias técnicas por cada día de grabación, estas fueron contratadas por valores diferentes “sin justificación alguna”, lo que generó un presunto detrimento de $84 millones.

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De igual forma, se encontraron pagos mayores a los concertados con los contratistas. Tal es el caso de un estudio al que se le debían cancelar $57 millones y terminaron pagándole $73 millones por un día de grabación, lo que representa un detrimento de $16 millones.

Así mismo, para transmitir los eventos de la Feria Virtual, Corfecali contrató un servicio de ‘streaming’ a través de una plataforma privada, sus redes sociales y las de sus aliados. Aunque el proveedor presentó una propuesta de costo de este proyecto por $138 millones, Corfecali le pagó $164 millones; esto, según la Contraloría, generó un detrimento de $26 millones.

El ente de control también advirtió que Corfecali suscribió un contrato, sin realizar análisis de clases y cantidades de productos e implementos de aseo a utilizar, ni un estudio económico para determinar precios, con la empresa Klaxen S.A.S. para proveer la desinfección por aspersión y dispensadores de gel en las grabaciones de los ‘Encuentros Bioseguros’. Dicho contrato tuvo un costo de $41 millones, pero la Contraloría encontró que no se soportó la prestación del servicio en tres locaciones durante cinco días. “Aún así, al contratista se le pagó por parte de Corfecali, el valor total de la orden de compra, sin esmero a la verificación del cumplimiento del objeto contractual... lo cual ocasiona un detrimento al patrimonio público por valor de $41.701.334”, esgrimió en su reporte la Contraloría, añadiendo que dicha actuación puede incidir en la presunta comisión del delito de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La Feria se vio en 96 países. Pero, según el análisis de Google Analytics, en 13 países que visitaron las páginas la duración de su visita fue menos de un segundo.

La primera observación con incidencia disciplinaria hecha por la Contraloría es que, aunque se había autorizado al gerente de Corfecali a entablar un convenio con la Secretaría de Cultura para la Feria Virtual por un valor de hasta $11.000 millones, el convenio interadministrativo que se firmó fue de $11.955 millones, por lo que se extralimitó el permiso concedido al gerente de la Corporación.

El informe del ente de control deja entrever que en la Feria Virtual se habría destinado un presupuesto que no se ajustaría a la realidad social ni económica. Esto, teniendo en cuenta que la Secretaría de Cultura realizó un análisis del sector para el convenio interadministrativo pero “tan sólo se hizo referencia a la información histórica de la demanda, bajo presupuestos que no son aplicables para realizar una feria virtual, ya que los componentes de los eventos artísticos de la ferias pasadas, tenían un factor predominante en el precio como era el que se realizaban de forma presencial”.

En su informe preliminar, la Contraloría encontró que Corfecali suscribió 56 órdenes de compra sin designación de supervisión, plazo de ejecución ni forma de pago. También se determinó que en 28 contratos de prestación de servicios, no existe designación por escrito de supervisión y apoyo a la misma. De otro lado, se estableció que las pólizas de diez contratos suscritos por Corfecali fueron expedidas con posterioridad al acta de inicio.

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El ente de control también halló que se contrató, mediante selección simplificada, el alquiler de vallas de contención para los encuentros bioseguros en los estudios de grabación, las cuales se cotizaron por un valor unitario de $6.624, por día. No obstante, para los conciertos y eventos centrales fueron cotizadas a $5.500 cada una, por jornada. Corfecali argumentó que la diferencia en los precios obedeció a que “en época decembrina la demanda es mucho mayor que la oferta en el servicio de vallas”. Dicha premisa fue desestimada por la Contraloría y calificada como “factor inexistente, debido a la situación de pandemia”.

Aunque Corfecali generó una escala para definir la remuneración de las orquestas que participarían en la Feria Virtual, no se encontró un documento que evidencie que se efectuó la evaluación de las agrupaciones contratadas con el fin de categorizarlas.

La Contraloría halló que para la contratación del cantante Alexánder Abreu, que costó $174 millones, se recurrió a una persona que supuestamente es representante del artista, pero no se comprobó la existencia de un documento que probara esto. “Al verificar la idoneidad del contratista, se observa que la empresa contratista contaba con un capital de $10 millones y reportó unos ingresos por actividad ordinaria de $0 para el año 2019.... lo que implica que no contaba con capacidad económica para contratar”, remarcó el ente de control.

De igual forma, para la contratación de los artistas Bobby Valentín, Eddie Palmieri y Yuri Buenaventura se encontró que Corfecali “realizó la planeación contractual sin contar con la disponibilidad presupuestal” y que se recurrió al bar La Topa Tolondra como contratista para adquirir los servicios de los artistas (cotizados en $470 millones), sin que dicho establecimiento contara con la capacidad económica para celebrar dicho contrato.

Otra de las observaciones de la Contraloría se centra en que hubo una presunta falta en la planeación, control y seguimiento en la inversión de recursos asignados a la pauta digital, pues pese a que se había suscrito un contrato por $145 millones para un plan de medios que promocionara la Feria, se debió hacer un otrosí por $37 millones para intentar ampliar el alcance de los eventos, que Corfecali tasó en 10 millones de usuarios en las redes sociales y la página web de la Corporación. No obstante esta situación, “se pudo evidenciar que sumadas las dos proyecciones daría como resultado final un alcance de 7.360.000, personas como máximo, no logrando así el 100% de lo proyectado, en tanto solo se llegaría al 75,6%, de las 10.000.000 personas proyectadas”.

Las observaciones serán entregadas a la Alcaldía, que tendrá unos días para referirse. El 7 de mayo, la Contraloría presentará su informe final.

En el informe de la Contraloría se encontró que Corfecali suscribió un contrato con la empresa Cacumen Post S.A.S. por $948 millones para la realización del ‘mapping’ del Salsódromo y Cali Viejo, sin haber realizado un estudio económico que permitiera establecer un precio real y justo sobre los insumos, sino que se hizo el cálculo teniendo en cuenta valores históricos pagados para eventos similares. Según el ente de control, el contrato no contaba con las razones técnicas y económicas que exige la norma, “quedando la ejecución del contrato expuesto a la materialización de riesgos por no comprender un propósito o finalidad adecuadamente definida, y proceder a la selección del contratista sin el debido proceso”.

La Contraloría añadió que “es claro que el propósito del contrato en cuanto a lograr un mensaje impactante durante el evento a través de un show tecnológico... no fue posible alcanzar, resultando una inversión antieconómica por $271.667.060”.

El ente de control también realizó una observación sobre los contratos de publicidad realizados por Corfecali, en los cuales advirtió que se habría seleccionado un oferente para imprimir, instalar y desinstalar publicidad en los buses del MÍO, sin siquiera haber presentado su propuesta económica oficialmente.

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Durante la Feria del 2020 Corfecali suscribió procesos mediante contratación directa para los ‘Encuentros Comuneros Bioseguros’, sin que fuera necesaria dicha figura, dado que se trataba de cuatro asociaciones y una persona natural actuando en representación de artistas y no directamente con éstos.

En ese sentido, el ente de control alertó que las 78 escuelas de baile que participaron del evento fueron contratadas a través de una organización de la cual no se encontró evidencias de experiencia, vigencia, trayectoria y cumplimiento. Esto, según la Contraloría, apunta a un posible interés indebido en la celebración de contratos.

Otra de las presuntas irregularidades fue la contratación de una interventoría por $79 millones para el convenio entre la Secretaría de Cultura y Corfecali, labor que para el ente de control no estaba soportada y habría sido injustificada, lo que daría cuenta de un detrimento patrimonial, además de una presunta comisión de delitos como peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.