Dranguet avala en un fallo la ‘propiedad’ de una de sus funcionarias sobre un lote del Municipio

Por Hugo Mario Cárdenas López - Editor de la Unidad Investigativa de El País

El problema no es que la corregidora de La Buitrera, Martha Lucía Zorrilla, avalara en primera instancia una servidumbre a las presuntas propietarias de un bien inmueble ubicado en el sector de San Antonio. El problema es que hay documentos que ponen en duda la legalidad de ese acto y la propiedad del mismo como bien privado.

Pese a que sectores de la comunidad vieron el hecho como un absurdo y que el proceso no tenía ni pies ni cabeza, la segunda instancia le correspondería al secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, quien ratificó las consideraciones de la corregidora y se ordenó para el pasado 11 de diciembre la diligencia de ejecución y materialización de la medida correctiva de amparo a la perturbación a la servidumbre.

Es decir, la Secretaría de Seguridad y Justicia les ratificó de un plumazo a unos particulares el derecho sobre un terreno que, según un concepto entregado el 5 de julio del 2023 a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, hace parte de los bienes inmuebles del Municipio.

“Una vez realizada la consulta cartográfica y teniendo en cuenta la información de la base de datos de los predios ejidales, fiscales y bienes inmuebles baldíos que fueron adjudicados mediante Ley 54 de 1941 y Ley 1875 de 1948, y reglamentado mediante Resolución 806 del 3 de septiembre de 1960, se evidenció que el predio en mención hace parte del patrimonio inmobiliario administrado por este organismo de la Administración Distrital”, señala el documento firmado por un funcionario de la Subsecretaría de Mejoramiento Integral y Legalización.

El País consultó con el secretario Dranguet sobre la decisión, pero dijo no tener muy presente el caso porque son muchas las decisiones que se toman a diario en su despacho, y es difícil tratar de solicitar esos documentos un sábado a las 10:00 de la mañana.

No obstante, aclaró que: “La Secretaría de Seguridad y Justicia o los inspectores de Policía no otorgan servidumbres; la servidumbre es un derecho real que solo puede ser otorgado por los propietarios del inmueble o a través de un proceso judicial; lo que hacen los inspectores es proteger el derecho de servidumbre que fue otorgado en otra medida”.

Pero también es llamativo que una de las personas que resultaron beneficiadas con las decisiones de la corregidora Zorrilla y el secretario Dranguet, sea un funcionaria de la misma Secretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali.

De acuerdo con la consulta de procesos de contratación que hizo El País, la funcionaria favorecida hace parte de la Secretaría de Seguridad desde el 2021, año en el que recibió dos contratos; obtuvo luego tres contratos en el 2022 y tiene dos contratos en el 2023. El último de ellos vigente hasta este sábado 30 de diciembre.

Al respecto, el secretario Dranguet aseguró que este lunes revisará el caso y que responderá teniendo los argumentos claros sobre los cuales se basó su decisión.

De acuerdo con uno de los residentes de La Buitrera, “no tiene ninguna lógica que los mismos invasores promuevan una querella para el tema de la servidumbre y que tengan que algunos privados habilitar una vía de acceso para que esos invasores puedan entrar a ocupar un bien que es de propiedad del Municipio”.