El millonario fraude detrás de la 'guerra' de ambulancias que se libra en Cali

Cali es una ciudad de paramédicos que son incentivados a salir a buscar pacientes Soat en sus ambulancias, y no al contrario, y aquella ‘guerra del centavo’, que en realidad mueve fortunas, ya ha dejado una decena de peatones muertos, además de ciudadanos heridos y cientos de siniestros.

Según los datos del Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la ciudad, en los últimos dos años y cuatro meses (2020, 2021 y 2022) en 186 siniestros de tránsito estuvo involucrada al menos una ambulancia. En lo que va del año, ya son 25 los choques de estos vehículos; dos de ellos dejaron seis heridos.

Precisamente, este martes 10 de mayo, en horas de la mañana, se presentó un choque entre dos de estos vehículos, situación que ya dejó al menos una persona fallecida. 

Antes de esto, la víctima fatal más reciente fue Brandon Iván Cortés Chávez, un jovencito arrollado en la estación 7 de agosto del Sistema Masivo de Transporte por una ambulancia que iba a alta velocidad por el carril exclusivo de los buses del MÍO, lo que está prohibido, pues no atendía ninguna emergencia. La ambulancia registra nueve multas por infracciones de tránsito.

No realizar la revisión técnico-mecánica es por cierto una de las infracciones más reiteradas de estos vehículos de emergencia en Cali, además de transitar por sitios prohibidos, o en contravía, o sin los seguros que exige la ley. También se ha registrado un caso de una ambulancia con placas falsas y tres más que ni siquiera tenían placas.

77 ambulancias fueron inmovilizadas
en 2020 por no cumplir las normas de tránsito, 20 en 2021 y dos en lo que va
de este año.

Los peatones adultos mayores están entre las principales víctimas de sus conductores, que tal vez consideren tener licencia para infringir cualquier norma. En agosto de 2018, Campo Elías Carmona Marín, de 81 años, murió después de ser atropellado por una ambulancia en la Carrera 26 con 72 U-16, en el barrio Decepaz. Un año antes, en la Calle 70 con Carrera 26 de la Avenida Simón Bolívar, dos ambulancias competían por recoger a un paciente y una de ellas embistió a Hugo Escobar, de 75 años, un peatón que se disponía a cruzar la calle. El pasado mes de abril un conductor de ambulancia decidió atravesar en contravía la Avenida de Los Cerros, hasta que se estrelló contra dos motos.

Detrás de esta ‘guerra’ cotidiana de las ambulancias se oculta un millonario fraude al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, que ni siquiera las capturas que las autoridades han realizado en Cali ha logrado detener: los patrulleros de la Policía Anderson Bejarano Botina y Bryan Esteban Castillo Zapata; el agente de tránsito Gilberto Castro, mientras que al tripulante de ambulancia Jader Guerrero, los conductores de ambulancia Andrés Tijaro y Stiven Alderete y el paramédico Yaír Cortés, se les otorgó la libertad con condiciones.

En 2019, y después de una investigación que tardó dos años, la Fiscalía los acusó de presuntamente “buscar por todos los medios falsos lesionados, a quienes simulaban atender como si se tratara de accidentes de tránsito”, e integrar un grupo delictivo dedicado a defraudar el Soat. Desde entonces nada ha cambiado.

— Hoy la situación está peor, terrible. Es como si no hubiera servido de nada lo que se ha hecho para prevenir la defraudación del Soat. He recibido denuncias sobre clínicas que continúan pagándoles a los paramédicos de las ambulancias por llevarles pacientes de siniestros de tránsito; incluso, han aumentado el valor de esos incentivos. Es una práctica espantosa que está haciendo todo el mundo, no solo las IPS, también las empresas de osteosíntesis. Los incentivos los pagan en efectivo, sin papeles. Vamos a iniciar operativos — dice Miyerlandy Torres, la secretaria de Salud de Cali.

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— Un paciente Soat es muy rentable para las clínicas — explica un investigador que desde hace varios años ha seguido el hilo de cómo se defrauda el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en la ciudad, lo que ha permitido las capturas.

— Para explicarlo de manera sencilla, si un sobrino suyo se fractura jugando fútbol, la atención en una clínica puede costar $3 millones. Sin embargo, la misma fractura causada en un choque de moto o de carro, que lo cubre el Soat, se cotiza tres y cuatro veces más. Te sacan más radiografías, te dejan más días en observación, te valoran nutricionistas y psicólogos, con el objetivo de sacar el máximo provecho al cupo que otorga el Soat para la atención de un paciente de un siniestro: 800 salarios mínimos legales vigentes, casi $27 millones. De ese cupo salen los $300 o $400 mil que les ofrecen a los paramédicos de las ambulancias como incentivo para que les lleven los pacientes. Por eso es tan común que un ciudadano accidentado cerca de una clínica lo lleven a otra que está más lejos. Los llevan donde pagan las comisiones — dice el investigador.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, de la Contraloría, encontró ambulancias que han facturado $8 mil millones por traslados a IPS ubicadas hasta a 6 kilómetros del hospital más cercano al accidente.

Un paramédico que pidió no ser citado explica que los incentivos que ofrecen las clínicas de trauma a las ambulancias se pagan de acuerdo a la gravedad de la lesión del paciente. Una herida leve, “un raspado”, lo pagan en $250 mil promedio. Por alguien con una fractura pueden pagar entre $500 y $600 mil. En lo que va de 2022, ya son 1331 las personas que han resultado lesionadas en siniestros de tránsito en Cali...

— El problema es estructural del país. La legislación colombiana, bajo argumentos como la protección del trabajo, del empleo, del generar empresas, les permite a privados comercializar algo como una atención de urgencias. Y esa comercialización y la protección legal que tienen hace que ocurra lo que está pasando, la violación a los derechos fundamentales a la salud y a la vida. Los privados que hacen estas prácticas, recibir incentivos para llevar pacientes Soat, se amparan en que están prestando un servicio, pero el tema no es ese.

El tema es cómo lo prestan. Lo hacen por ánimo de lucro, debido a que el sistema ofrece unos incentivos no en el papel, sino por debajo de la mesa. ¿Cuáles? El servicio de ambulancia por un paciente de un siniestro de tránsito, el Soat lo paga hoy en $333 mil. Y además las clínicas pagan los incentivos. Así que por algo que vale $333 mil, en realidad los de las ambulancias reciben el doble. Ahí está el estímulo financiero — dice el investigador.

En diciembre pasado, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, de la Contraloría, anunció los hallazgos de una investigación en la que detectó extraños casos de ambulancias que supuestamente en un mismo día trasladaron víctimas con 5 minutos o menos de diferencia entre cada traslado, desde ubicaciones alejadas, lo que evidencia un acto de corrupción. “Es decir, el tiempo en que dejaron una víctima en una IPS y fueron a recoger a otra y llevarla a la IPS fue de 5 minutos o menos”, dice la Diari.

Cali fue la ciudad donde más se presentó esta irregularidad, con 29 traslados de ese tipo. En Montería fueron 11 y en Santa Marta 1, para un total de 41 traslados realizados en 5 minutos o menos de diferencia.

La Diari también encontró 30 casos de ambulancias que recogieron accidentados en distintos sitios, el mismo día y a la misma hora. 18 fueron en Cali, 6 en Montería, 4 Valledupar y 2 en Cartagena.

“Estos traslados atípicos representaron cobros que se hicieron a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres”, dijo la Diari, que también identificó 63 vehículos de 19 empresas de ambulancias que cobraron dos y tres veces el traslado de la misma persona herida. “Se encontraron 914 facturas por cobros de dos y hasta tres veces el mismo herido, de las cuales 878 (96%) son cobradas en Cali. Dos empresas en la capital del Valle concentran más de 90% de estos cobros”.

La Contraloría, igualmente, denunció que dos médicos autorizaron cobros por $25 mil millones. Uno de ellos supuestamente atendió a 76 pacientes en un solo día. También denunció el caso de un motociclista que se accidentó 20 veces en un año, y 15 personas por las que se cobró atención médica, pero que habían muerto antes de los supuestos accidentes. “Es algo inconcebible y por eso vamos a seguir vigilando los recursos de la salud de los colombianos”, dijo la directora de la Diari, María Fernanda Rangel.

En Cali es común que algunos paramédicos simulen accidentes con amigos, con primos, para, a cambio de una ‘liga’, cobrar la comisión que dan las clínicas. También es frecuente que le sugieran a quien tiene una caída en la casa o jugando fútbol, decir que es un paciente Soat. Sucedió hace unos años con Evangelina Macca, de 73 años, quien se cayó mientras se encontraba en la galería Santa Helena y se fracturó la nariz.

Su hijo la llevó a la IPS de Siloé y en la sala de espera un auxiliar de enfermería le propuso a uno de sus familiares que la hiciera pasar por un paciente de accidente de tránsito “porque así la atienden más rápido”.

En total, la Contraloría ha generado 13 alertas por irregularidades relacionadas con los recursos invertidos por el Estado para cubrir los accidentes del Soat, por un valor de $283 mil millones.

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— Este es un problema crónico, que viene desde hace muchos años en Cali. Entre 2016 y 2017 salieron decretos para tener una cierta reglamentación alrededor del despacho de las ambulancias y que las mismas se adhirieran al Sistema Regulador de Emergencias a través de un código de despacho de traslado de pacientes. Sin embargo, no todas las empresas de ambulancias, a pesar de este decreto, se han adherido al sistema. De alrededor de 400 ambulancias que hay en Cali, un 73% están adheridas, tienen GPS y la reglamentación para ser despachadas desde el Centro Regulador de Emergencias.

Pero llegan tres y cuatro ambulancias a un siniestro debido a los múltiples canales de información que hay y si la que recoge al paciente no está adherida al sistema, no la puedo sancionar. El código de despacho desde el Centro Regulador de Emergencias no es obligatorio, porque prima la vida sobre un trámite administrativo, según lo ha dicho el Ministerio de Salud. En conclusión, hay vacíos en la legislación para el control de las ambulancias — dice la Secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.

La funcionaria denunció además que existe una práctica muy común de algunos empresarios dueños de vehículos de emergencia: les exigen a sus paramédicos un número de traslados de pacientes Soat por día, como si debieran cumplir una meta. Por eso salen a la calle a buscar pacientes y no al contrario, lo que se refleja en las estadísticas de accidentalidad y en las denuncias sobre falsos pacientes.

Un paramédico que pidió no ser citado explicó que es un asunto de supervivencia. Los paramédicos de estas ambulancias se ganan un sueldo mínimo, a veces $1.200.000, por lo que el resto del ‘salario’ lo deben conseguir a través de las comisiones que pagan las clínicas de trauma.

Para estar enterados de los lugares de los accidentes, agrega el paramédico, cuentan con informantes dentro de la Línea 123, que a cambio de dinero suministran la información de los siniestros reportados por los ciudadanos. Lo mismo ocurre con agentes de tránsito, policías, taxistas: los paramédicos les pagan ‘ligas’ por información de los choques.

— Igualmente, cuentan con sistemas de comunicación para interceptar los radios. Por eso, si alguien llama a solicitar una ambulancia, llegan tres o cuatro, cuando en teoría solo debería llegar una, la más cercana al siniestro — dice el paramédico, quien además denuncia que hay empresas que no contratan personal idóneo ni para conducir las ambulancias, ni para atender las emergencias.

— Contratan taxistas o gente del común que hace algún curso de primeros auxilios para manejar las ambulancias, cuando el conductor también debe ser un paramédico para apoyar la atención de cualquier emergencia. Además, en la ciudad circulan ambulancias que apenas tienen una camilla y un botiquín.

La Secretaria de Salud de Cali aseguró que han identificado ambulancias ‘huecas’; es decir, sin equipos para toma de signos vitales y demás implementos. Para ‘cumplir’ con la norma cuando se hacen visitas de control, lo que hacen algunos paramédicos y conductores es pasar los equipos de una ambulancia a otra.

— Vamos a implementar un sistema de información de cada ambulancia para eliminar esta práctica — dice la Secretaria.

El investigador que ha seguido el hilo de la defraudación del Soat está seguro de que detrás de todo el negocio hay gente de la política regional y funcionarios con influencia suficiente para sostener y cuidar este cartel que ha infiltrado distintas autoridades. Solo eso explica por qué tantos años después de diagnosticado el ilícito siguen las mismas prácticas.

El concejal de Cali Richard Rivera añade que se requiere un ‘doliente’ para hacerle frente a la problemática de las ambulancias, “como lo hizo el Secretario de Salud de la anterior alcaldía, Alexánder Durán”.

— El gobierno central también tiene una responsabilidad, porque no ha querido legislar para regular el servicio de las ambulancias. Se debe legislar y radicalizar las normas hacia este sector, antes de que siga muriendo gente en las calles por el cartel del Soat.

El ingeniero civil con maestría en transporte, Luis Lota, es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según Lota, aunque la accidentalidad de las ambulancias a nivel nacional no registra cifras tan elevadas como las de Cali, sí es una problemática que preocupa a la entidad y por ello se están haciendo acercamientos en el Congreso para legislar al respecto.

“Uno de los temas fundamentales para prevenir la accidentalidad de las ambulancias tiene que ver con el Código Nacional de Tránsito, que autorizó a estos vehículos a transitar a velocidades mayores a las reglamentadas. Sin embargo, no determinó qué tanto pueden las ambulancias sobrepasar los límites de velocidad. No hay una definición de esos límites y por eso, tanto en Cali como en algunas regiones, estamos registrando en la Agencia fatalidades no solo del paciente que llevan las ambulancias, sino también del paramédico que va suelto. Hemos venido trabajando con el Congreso para determinar un límite de velocidad para las ambulancias”.

En Colombia, por cierto, aunque se han reducido las cifras de siniestros viales en los últimos dos años, ha aumentado el número de fallecidos, lo que se explica, en gran parte, por el exceso de velocidad.

Lota explicó, además, que en ciudades como Bucaramanga, la Agencia Nacional de Seguridad Vial articuló un número único de emergencias, para organizar a las ambulancias y evitar la filtración de la información de los lugares de los accidentes.

“Y se debe tener claro que una emergencia no faculta a ninguna ambulancia para violar las normas de tránsito. De hecho, la ambulancia debe conducirse de manera segura no solo por la vida del paciente, sino del personal médico. De lo contrario, termina siendo más grave el remedio que la enfermedad”.

Miyerlandy Torres, secretaria de Salud de Cali, propone que los propietarios de ambulancias que no cumplan con las normas de tránsito, como la revisión técnico-mecánica, reciban sanciones más drásticas que las convencionales, algo que también, explica Luis Lota, debe ser tramitado en el Congreso.