Alarma por niveles extremos de mercurio y plomo en uno de los ríos que bañan a Cali

Por: Hugo Mario Cárdenas López / Editor de la Unidad investigativa

En la madrugada del 8 de marzo del 2022 inició el ascenso hacia los Farallones, donde a ocho horas de camino están las minas del Socorro, justo donde nace el río Cali. El propósito de la visita con medios de comunicación, programada por la Secretaría de Seguridad y Justicia, era anunciar el sellamiento mediante implosión de las bocaminas de ‘Óscar Martínez’, ‘Patequeso’ y ‘Juan Getial’.

Sin embargo, un año y medio después son más de 600 mineros ilegales, según fuentes en el sector de Peñas Blancas, los que siguen con total libertad rompiendo el corazón de la montaña, utilizando mercurio y cianuro para el proceso de extracción y lavado del oro obtenido ilegalmente.

Aunque a comienzos de este año la Procuraduría General de la Nación alertó el daño ambiental en el bajo Cauca antioqueño y en el Parque Farallones, fue solo hasta el pasado 6 de julio, un año y medio después de que anunciaron el cierre, que la Alcaldía de Cali publicó un boletín de prensa en el que asegura que: “Secretaría de Seguridad y Justicia destina recursos por $ 480 millones para combatir la minería ilegal en los Farallones de Cali”.

Pero el simple anuncio tampoco frenaba la minería ilegal y solo el pasado 6 de septiembre, según documentos del Secop aportados por la misma Secretaría de Seguridad y Justicia, se firmó el contrato por $ 1160 millones de pesos para hacer la “implosión controlada con explosivos de la mina Martínez y equipos complementarios, ubicados en el PNN Farallones del Distrito de Santiago de Cali”.

Pero ya la minería sin control había pasado factura y el daño estaba hecho. Según la consulta realizada por El País a la Procuraduría, “en un reciente estudio realizado por el Ministerio Público con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, de la Embajada de Estados Unidos, se detectó la presencia de los elementos tóxicos en el río Felidia, tributario crucial del río Cali, donde se evidenciaron niveles de 23 partes por millón (ppm), excediendo la referencia de la Normativa Canadiense y OMS (CCME, 1999) que establecen límite máximo en 0,1 a 0,17 mg/kg”.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, explicó que durante los años 2021 y 2022 se llevó a cabo el cerramiento de bocaminas en el sector de Farallones, en las minas del Socorro, “pero la autorización para el sellamiento brindada por Parques Nacionales era en la modalidad de tabique o tapón de concreto y el derrumbamiento de las galerías que conducen al yacimiento; eso se realizó”.

No obstante, explica Dranguet, “viendo la poca efectividad de la modalidad de tabiques que recomendó Parques Nacionales, este año se cambiaron las especificaciones técnicas y Parques dio una nueva estrategia para el cerramiento de las bocaminas que es implosión interna de la bocamina, utilizar explosivos para el sellamiento; la implosión de los caminos y la galería o recorrido que lleva al yacimiento (...) eso ya se contrató por parte de la Alcaldía y se sumaron Parques Nacionales y la Gobernación, y estamos haciendo al sincronización para hacer el cerramiento de las bocaminas con esta modalidad que es más efectiva y da mayores garantías a futuro”.

Para la Procuraduría, sin embargo, la paciencia que ha tenido el gobierno de Jorge Iván Ospina para hacerle frente al problema de la minería ilegal en los Farallones es inexplicable.

El estudio se hizo a comienzos de semana y termina por confirmar nuestros peores temores, dice el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gustavo Adolfo Guerrero. “Lo veníamos advirtiendo desde hace seis meses y las autoridades se hicieron las de la vista gorda. Nosotros intuíamos que por las actividades mineras ilegales en el parque Farallones había una grave afectación al río Cali”.

“Se encontraron niveles de 23 partes por millón de mercurio y plomo, excediendo la norma de referencia canadiense y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establecen un límite máximo de 0,1 a 0,17 miligramos por kilogramo. Es decir, una carga altísima de estas dos sustancias tóxicas; lo que evidencia que efectivamente hay una actividad minera ilegal de explotación de oro importante al interior del parque y que está utilizando mercurio”, explica el procurador delegado.

“Este monitoreo que se realizó, se adelanta en el marco de los compromisos que se asumieron por parte de la señora procuradora general de la Nación, la doctora Margarita Cabello, en la Meza Nacional de Mercurio, que se realizó a inicios de este año. Ahí se empiezan evidenciar las situaciones por el uso indiscriminado de mercurio en actividades mineras ilegales en muchos sitios del país, entre ellos en los Farallones de Cali, y con el apoyo de la Embajada de EE.UU., se adelantó efectivamente estas actividades de muestreo en el río Cali con los resultados que acabo de referir”, agregó Guerrero.

Ante esta situación, el propio Ministerio Público ha activado un Plan de Acción con el objetivo de enfrentar esta crisis ambiental, involucrando la colaboración de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Defensa, Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y las Empresas Municipales.

“Justamente, acabamos de terminar una reunión con todas las autoridades, verificando el curso de la acción que hemos ideado desde hace varios meses para la protección de los Farallones y para contrarrestar las actividades de minería ilegal y la afectación al medio ambiente que esta actividad genera”, aseguró en la tarde del viernes el secretario Jimmy Dranguet.

“En el marco de la mesa de seguimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, que dirige una acción de tutela para la protección de los Farallones, presentamos un plan de acción que establece el sellamiento técnico de las bocaminas bajo la modalidad de implosión; y en ese sentido, la Alcaldía contrató el sellamiento de una de las bocaminas que más afectación genera; por su parte, Parque Nacionales hizo la misma contratación y la Gobernación está en el mismo propósito. La idea es sincronizar lo más pronto posible ese sellamiento de las bocaminas para hacer el cierre técnico”, dijo Dranguet. El mismo anuncio de un año y medio atrás.

El Ministerio Público también afirmó que la contaminación por mercurio de fuentes hídricas, producto de la minería ilegal, se viene replicando y aumentando en diferentes regiones del país, no solo como la registrada en Valle del Cauca, también en Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, y Santander, territorios más afectados.

Las actividades ilícitas en el interior de los Farallones “representan una amenaza directa para el ecosistema del parque y para la calidad del agua de seis de los siete ríos que abastecen a la ciudad, situación que ha sido reiteradamente denunciada y alertada por la Procuraduría”, dice el ente, aunque aclara que la afectación del afluente no compromete aún la calidad del agua que consumen los caleños.

Parte de tranquilidad

No obstante los resultados de la medición y la preocupación que han manifestado desde diversos sectores por los niveles de contaminación del río Cali por mercurio y plomo, desde las Empresas Municipales de Cali aseguran que esta situación no reviste riesgo alguno para los consumidores.

El ingeniero Juan Felipe Moreno, profesional operativo de la planta Río Cali, explicó que entre martes y miércoles estuvieron con la Procuraduría acompañando las mediciones, “y es importante aclarar que en la bocatoma del río Cali no dio medidas de mercurio ni de arsénico, y medidas muy bajas de plomo; o sea que hasta el momento esos metales pesados no han llegado a la parte baja. Esto valida los datos obtenidos por Emcali en los monitoreos que hacemos de sustancias de interés sanitario para el control de calidad del agua que captamos”.

“Por ese lado, no tenemos todavía ninguna preocupación; y el agua tratada no presenta niveles de mercurio, ni de arsénico ni de plomo, por lo que la ciudadanía puede estar completamente tranquila. En la cuenca alta sí encontramos unas mediciones con niveles altos de mercurio y es necesarios que las autoridades garanticen el orden público en esa zona alta porque se reactivó la minería fuertemente; necesitamos que la Fuerza Pública haga presencia para evitar que ese mercurio siga subiendo los niveles y por arrastre llegue hasta la bocatoma”, señaló el ingeniero Moreno.

Agrega el funcionario que tiene que haber presencia de la Fuerza Pública para restablecer el orden. “Los profesionales de Parques Nacionales nos contaban que hay cinco o seis socavones activos nuevamente, y que están subiendo mercurio, gasolina, porque el plomo viene de la gasolina con la que trabajan en la minería, entonces es necesario activar mecanismos preventivos para evitar que esos elementos lleguen a su destino”.

Ese parte de tranquilidad lo complementa el procurador delegado de Asuntos Ambientales, Gustavo Guerrero, al asegurar que “la empresa hace un tratamiento adecuado de las aguas que capta y garantiza un suministro del agua en condiciones adecuadas para la población”.

No obstante, un exdirectivo de Emcali que prefiere mantener su nombre en reserva explica que “es aún más preocupante que todo se reduzca simplemente a quienes pagan los recibos del agua”.

“Es inhumano dar un parte de tranquilidad cuando el agua del río Cali abastece a miles de personas mucho antes de llegar a la bocatoma. En sectores rurales donde hay mujeres embarazadas y niños a quienes estamos borrando por completo cuando el mensaje que enviamos es que pueden estar tranquilos los caleños del oeste y del norte de la ciudad que pagan el recibo de servicios públicos”, asegura.

Frente a la consulta de si estos hallazgos pueden dar origen a procesos disciplinarios contra los responsables, el delgado para Asuntos Ambientales explicó que uno de los compromisos de la Procuradora General de la Nación, como resultado de la Mesa Nacional de Mercurio, fue emprender las acciones disciplinarias a que haya lugar contra los funcionarios que por acción o por omisión hayan permitido o hayan dado lugar a la contaminación de las fuentes hídricas con mercurio y que hayan admitido, de alguna manera, el desarrollo de actividades mineras ilegales”.