Eliminación de multas: el caso de corrupción que enloda a la Secretaría de Movilidad de Cali

El escándalo de presunta corrupción al interior de la Secretaría de Movilidad de Cali por la indebida eliminación de 516 multas de tránsito entre 2019 y 2022 y por otros 50.000 casos en 2024 que están bajo investigación, es catalogado por algunos como uno de los hechos más graves que se han presentado en la ciudad. El País conoció que la dependencia de la anterior Alcaldía ya tenía conocimiento de lo que ocurría.

La entidad que tiene a su cargo el Registro Distrital de Infractores en Cali, con la información estadística de la imposición y exoneración de comparendos, es el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV).

Jaime Cárdenas dirigió ese organismo desde julio de 2020 hasta este año. El exgerente se abstuvo de comentar si desde su llegada notó movimientos extraños en las exoneraciones que se realizaban de las multas, solo indicó que semanalmente presentó informes a la Secretaría de Movilidad con todo el reporte estadístico al respecto, “ya ellos al interior toman las decisiones de revisar qué puede estar pasando”, dijo.

Sin embargo, una fuente le reveló a este medio que el CDAV no solo se encargó de hacerle notar en su momento a la Secretaría de Movilidad sobre el incremento de las exoneraciones, sino que también generó advertencias al respecto.

En 2018, la entidad realizó 390.070 multas, 126.358 fueron exoneradas y 120.030 de estas ya contaban con resolución sancionatoria, es decir que ya habían sido confirmadas para su cobro. Un aumento del 409 % frente a 2017, cuando se exoneraron 24.788 multas de un total de 354.366 interpuestas.

Por su cantidad, también destacan las exoneraciones de 2019 (70.914), del 2022 (56.450) y del 2023 (112.357), de las cuales ya tenían resolución sancionatoria el 85 %, el 78 % y el 79 %, respectivamente (ver tablas).

Entre el 2019 y 2022, años en que la Fiscalía cuenta que se presentaron las primeras irregularidades, el organismo de Movilidad estuvo liderado por el exministro William Camargo (2019) y por William Vallejo (2020, 2021, 2022).

Este último exfuncionario no solo reconoció que sí había recibido denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en la exoneración de multas, sino que también sabía que la Fiscalía ya había iniciado una investigación al respecto, cuando el ente investigador se acercó a la dependencia a requerir información.

“Todos los requerimientos que hizo el ente frente al caso fueron atendidos y las informaciones que solicitaron al despacho se entregaron. La Fiscalía nunca compartió nombres de los investigados, nunca puntualizó las razones. El despacho de la Secretaría elevó las correspondientes denuncias con relación a todo lo que llegaba por este tipo de temas de cohecho o de trámites corruptos”, aseguró Vallejo.

El exsecretario enfatizó que cuando las denuncias eran recibidas y se comprobaba su procedencia y que había una presunta acción por fuera del marco legal, los casos fueron elevados a los diferentes entes de control y estamentos internos de la Alcaldía.

No obstante, se pudo establecer que ninguna entidad de vigilancia y control, salvo la Fiscalía, tenía conocimiento del caso. Manifestaron haberse enterado por las recientes informaciones entregadas por la actual Alcaldía y la Fiscalía en junio pasado.

Harold Cortés, personero de Cali entre 2020 y 2023, contó que nunca recibió una denuncia específica frente al tema que permitiera presumir comportamientos irregulares de algún funcionario ni anomalías en la gestión de los comparendos.

“Tampoco recibimos un traslado o un informe por parte de la Contraloría, que es la entidad que año tras año ejerce auditorías de control fiscal frente al tema de recursos”, sostuvo.

Por ello, este ente de control nunca inició una investigación, pues “no tuvo elementos” para hacerlo. “Lo que escucha uno y lo que hemos sabido toda la vida los caleños es que en los alrededores de Salomia hay tramitadores, eso se ha escuchado toda la vida, pero este es un tema más de investigación profunda”, indicó Cortés Laverde.

Al interior de la misma Alcaldía 2020-2023, a nivel general, tampoco hubo sospecha. El Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno es el encargado de investigar y sancionar en primera persona a los funcionarios. La entidad informó que recibió, entre el 2019 y 2022, un total de 2732 quejas disciplinarias contra servidores públicos. Ninguna de estas fue sobre el tema.

Gustavo Arboleda ha sido director de esta dependencia desde 2017, y afirmó que solo se enteró del caso en junio pasado, con las comunicaciones de Alcaldía y Fiscalía. Nunca le fue remitido un informe por parte de un servidor público o una queja disciplinaria puntual.

“No soy quién para catalogar o lanzar una falsa acusación, pero si en algún momento ellos tuvieron conocimiento siendo servidores públicos, su deber era poner en conocimiento de las autoridades tanto penales, fiscales y disciplinarias”, manifestó.

Esta situación llevó a que, pese a que la Fiscalía y la Secretaría de Movilidad conocían sobre el tema desde los años 2020-2021, las presuntas irregularidades continuaron presentándose hasta 2022, según la Fiscalía, y hasta el primer semestre de este año, tal como lo reveló la Administración. Por estos hechos, Cali perdió solo en mayo pasado más de $ 12.000 millones; la cifra total aún no es cuantificada.

Gerardo Mendoza, actual personero de la ciudad, cuestionó a todas las instancias encargadas de la vigilancia y el control de estos hechos durante los últimos años, así como las débiles auditorías y la pasividad que, aseguró, hubo.

“Ha habido mucha omisión y permisividad por parte de quienes tuvieron que ejercer la disciplina y no lo hicieron, cuando el hecho solamente de que un Alcalde diga, en su lenguaje, que eso es un nido de ratas, ya llama la atención. Me parece que debió tenerse mayor compromiso, sobre todo frente a la alerta que generó el alcalde (Maurice) Armitage en su momento”, aseveró Mendoza.

De todos modos, el exsecretario William Vallejo indicó que tiene su conciencia tranquila porque actuó como la norma lo pide. “Si en algún momento la Fiscalía me va a requerir en el caso, no tengo ningún problema en atender los requerimientos porque realmente desde el despacho y desde los funcionarios que atendimos todos estos casos, siempre se trabajó con la honestidad y transparencia que exige el deber público”, sostuvo.

El caso continúa: hay tres prófugos

La Seccional Cali de la Fiscalía General de la Nación no entregó declaraciones para este informe, debido a que está en curso la investigación para llevar a juicio a las seis personas que ya fueron capturadas, más otras tres que cuentan con orden de captura y aún no han sido aprehendidas ni se han presentado a la justicia.

De las investigaciones del ente acusador, se pudo conocer que iniciaron alrededor del 2021 requiriendo información a la Secretaría de Movilidad frente a las exoneraciones de multas.

Luego, en 2022, se habría realizado un allanamiento en las oficinas de los llamados ‘tramitadores’ de las exoneraciones en Salomia, externos a la Secretaría de Movilidad. Allí, los investigadores habrían encontrado un disco duro con toda la información de cada caso de exoneración, con pagos y un registro financiero de lo que se realizaba, entre otras cosas más.

Esta organización habría generado un detrimento patrimonial para el Distrito y recibió por estos actos coimas que, a 2022, ascendían a los $ 103 millones. Asimismo, la Fiscalía no descarta que haya más personas involucradas en estos hechos.

A la par de la instancia penal, los organismos desde el punto de vista disciplinario también abrieron indagaciones tras conocer los hechos, tanto el Departamento de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía como la Personería de Cali.

“Se abrió de oficio. Con la Fiscalía se han hecho acercamientos, pero ellos aún no hacen ese descubrimiento probatorio. Ya fueron notificados los presuntos infractores y creemos que prontamente estas personas podrán colaborar diciéndonos quiénes más estaban inmersos dentro de ese caso y otras cosas”, señaló Eduardo Andrés Rodríguez, personero delegado en el caso.

Investigados

En el marco de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación son nueve las personas a las que se les profirió orden de captura. Solo seis han sido capturadas y se encuentran con medida de aseguramiento.

Capturados:

Andrés Quimbayo: fue el jefe de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad entre 2021 y 2023. Al parecer, habría participado en 183 eventos ilícitos.

Juan Carlos Peña: funcionario de la Secretaría de Movilidad. Habría participado de 11 eventos ilícitos.

Rubén Darío Martínez: funcionario. Habría participado de 89 eventos irregulares.

Jesús Antonio Chica: funcionario. Habría participado en 60 eventos ilegales diferentes.

Larry Tovar Ortega: funcionario. Habría participado en 1 acto ilícito.

Sandra Liliana Castañeda: propietaria de un establecimiento comercial. Habría sido la ‘ficha’ externa a la Secretaría que interactuaba con los ciudadanos que querían borrar sus multas. Habría participado en 336 eventos.

Según sus posibles responsabilidades individuales, se les imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio.

Por otro lado, hay tres investigados que se mantienen, a esta fecha, prófugos de la justicia:

Fabian Steven’s Silva: nacido en Cali. Habría participado en 103 eventos ilícitos.

David Yair Becerra: nacido en Cali. Habría participado en 175 eventos irregulares.

Alfredo Solarte: fue el personero delegado para la Secretaría de Movilidad durante los años en que se ejecutaron los presuntos hechos de corrupción. Habría participado en seis eventos ilícitos. Pidió una licencia de trabajo no remunerada antes de conocerse la orden de captura de la Fiscalía. Habría salido del país y se presume que se encuentra en New York, Estados Unidos.

*Información suministrada por el auto de orden de captura del Juzgado 31 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.